El Supremo reabre el debate del catalán

El Tribunal Supremo reabrió ayer el debate sobre el modelo lingüístico en la enseñanza en Cataluña. Tres sentencias casi idénticas declaran que el Gobierno autónomo "deberá adoptar cuantas medidas sean precisas" para que el castellano se considere también lengua vehicular en el sistema educativo obligatorio, juntamente con el catalán.

PP y Ciutadans consideran que las mismas acaban con el modelo de inmersión lingüistica aplicado durante más de 25 años, mientras que el socialista Ernest Maragall, consejero de Educación de la Generalitat en funciones, entiende que las sentencias se refieren a "situaciones individuales" en centros y momentos concretos. CiU, por su parte, asegura que puede haber habido un "funcionamiento deficiente" en algún caso. CiU y el Gobierno catalán rechazan que las sentencias obliguen a cambiar el modelo vigente, opinión que comparten algunos expertos, quienes sostienen que si el Supremo dudara de la legalidad del sistema educativo catalán y quisiera cambiarlo debería plantear una cuestión de constitucionalidad.

Toda la izquierda y CiU advierten de que no debe cambiarse el modelo vigente

PP y Ciutadans se felicitan y afirman que "la inmersión ha muerto"

Las sentencias han sido dictadas por la Sala Cuarta de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo tras los recursos de los padres de tres alumnos de Barcelona y Tarragona a los que la Generalitat denegó en 2006 su derecho escolarizarlos en castellano para cursar educación infantil, primaria y la ESO.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avaló parcialmente los planteamientos de la Generalitat, pero ahora el Tribunal Supremo reconoce a los padres su derecho a que "la lengua castellana sea reintroducida como lengua vehicular de forma proporcional y equitativa en relación al catalán en todos los cursos del ciclo de enseñanza obligatoria". Es decir, hasta los 16 años. Las sentencias también reconocen el derecho de los padres, cuando lo soliciten, a recibir en castellano todas las comunicaciones, circulares y cualquier otra documentación que remita el centro escolar tanto de forma oral como escrita.

La tres sentencias apelan a la que dictó el Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán en junio y que "también considera el castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña, junto con el catalán", según su interpretación. El Supremo considera que la política lingüística aplicada por la Generalitat para normalizar "la lengua propia de Cataluña en todos los ámbitos de la sociedad catalana sin duda ha dado sus frutos y conseguido sus objetivos legítimos".

Sin embargo, añade que esa política "no puede ir más allá hasta el punto de negar la realidad de la convivencia armónica de ambas lenguas cooficiales en Cataluña intentando ignorar el deber constitucional de todos los españoles de conocer el castellano y el correlativo derecho a usarlo".

Por ello, el Supremo advierte que "reducir el castellano a una materia docente más del currículo de las diferentes etapas educativas obligatorias y privarle de su condición de lengua vehicular (...) daría lugar a la inconstitucionalidad del Estatuto y de sus normas de desarrollo en materia de enseñanza".

Tras los razonamientos jurídicos, el Supremo reconoce que su pronunciamiento "abre un interrogante acerca de cuál debe ser la proporción en la se incorpore el castellano como lengua vehicular". Y además de preguntárselo, los jueces responden diciendo que corresponde a la Generalitat determinar cuál ha de ser esa proporción. "Si el Gobierno de la Generalitat creyese que el objetivo de normalización lingüística estuviera ya conseguido, ambas lenguas cooficiales deberían ser vehiculares en la misma proporción y, si por el contrario, se estimase la existencia aún de un déficit en el proceso de normalización en detrimento de la lengua propia de Cataluña, se debería otorgar al catalán un trato diferenciado sobre el castelllano en una proporción razonable", dice la sentencia. Todo ello, añade, sin que se "haga ilusoria o simplemente constituya un artificio de mera apariencia en la obligada utilización del castellano como lengua vehicular".

Para el Supremo, ese trato de favor hacia el catalán "debería ser transitorio hasta tanto se obtenga el objetivo de normalización que constituye el modelo de conjunción lingüística o de bilingüismo integral que constituye el modelo constitucional".

La reacción de la mayoría de partidos catalanes -CiU, PSC, ERC e ICV- a la sentencia fue considerar que el modelo educativo vigente no ha de tocarse y que, en consecuencia, la inmersión lingüística ha de seguir. A la cabeza se situó el consejero de Educación en funciones, el socialista Ernest Maragall. "La sentencia no anula ni obliga a modificar ningún precepto ni artículo de la normativa vigente catalana, que sigue siendo plenamente aplicable". En su opinión, el fallo solo alude a tres casos "individuales" y el modelo vigente ya recoge una "presencia adecuada de la lengua castellana".

Convergència i Unió, que en pocos días se hará cargo de esa consejeria, mantuvo la misma premisa: "Mantendremos y preservaremos el modelo de inmersión lingüística del catalán. El Supremo no pone en duda la normativa vigente", apuntó Oriol Pujol, presidente del grupo parlamentario de CiU.

Ambos grupos han pactado preservar la inmersión, en el acuerdo por el que el PSC facilitará hoy con su abstención la investidura de Artur Mas. Iniciativa pidió cohesión de los partidos para mantener el modelo y ERC conminó al nuevo Gobierno a dar una respuesta contundente.

En el otro lado parlamentario, PP y Ciutadans, que siempre se han enfrentado a la inmersión, saludaron con alegría la sentencia. "Obviamente nos provoca satisfacción", aseveró Enric Millo, portavoz parlamentario del PP. Albert Rivera, presidente de Ciutadans, proclamó: "La inmersión obligatoria ha muerto".

La misma opinión que expresó, desde las antípodas parlamentarias, el diputado de Solidaritat catalana per la Independència (el partido de Joan Laporta), Alfons López Tena, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial.

Asociaciones de padres y sindicatos de maestros reaccionaron con contundencia a la decisión del Supremo. "Un despropósito", la calificó Vicent Tirado, responsable de política educativa de CC OO. Se sumó Rosa Cañadell, portavoz del sindicato mayoritario de maestros USTEC: "Es una manera de buscar problemas donde no los hay". La presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Cataluña, Imma Fuyà, llamó a la "insumisión" del sector educativo frente a lo que consideró una "agresión.

Entidades que defienden la lengua catalana preparan acciones a favor de la inmersión lingüística. Ayer, unas 150 personas se concentraron en la Plaza Sant Jaume de Barcelona para protestar contra la sentencia, informa Claudia Lòpez. Para hoy están previstas movilizaciones en diversos municipios.