"Soy cabeza de turco"

El pasado 14 de abril, la funcionaria del juzgado número 5 de Torrejón de Ardoz, Silvia Torres, salió del despacho de su jefa con la sensación de que le iban a echar la culpa de todos los errores cometidos en el llamado caso Alovera. "Fue una reunión de una hora y media con la juez. Pensé que me iban a hacer cargar con la desgracia que había ocurrido".

Cuatro días antes, un sargento del Ejército llamado José Javier Lacasa había abatido a tiros a su mujer, la argentina Sylvina Bassani, y al amante de ésta en la localidad castellano manchega. Los medios de comunicación recogieron el crimen denunciando la pasividad del juzgado de Torrejón, donde se había recibido la primera denuncia del maltrato y donde se seguía el caso; Bassani había denunciado en numerosas ocasiones que el militar estaba incumpliendo la orden de alejamiento impuesta en septiembre de 2006. Meses después del asesinato, una investigación del Consejo General del Poder Judicial relataba todo lo ocurrido en el juzgado de Torrejón para que se llegase al fatal desenlace. La única que salía mal parada era Silvia Torres, el último mono del juzgado.

La Comunidad de Madrid tendrá que decidir si sanciona a la trabajadora

El secretario judicial me dijo: "A alguien le tenía que tocar"

Silvia Torres habla hoy por primera vez ante un medio de comunicación para defenderse. En el informe del Poder Judicial se recogen las acusaciones que su jefa, la juez Gema Poveda, ha lanzado contra ella: que no entendía los escritos del abogado de la maltratada, que no tenía estudios jurídicos y que retuvo el expediente de Sylvina Bassani desde el 19 de noviembre de 2007 hasta el 7 de abril de 2008. Por todo ello, la juez ha pedido a la Comunidad de Madrid la destitución de la funcionaria que tendrá que decidir sobre el caso en los próximos meses.

Con la voz temblorosa, pero firme en su defensa, Silvia Torres, de 32 años y licenciada en derecho por la Universidad Complutense -la juez le acusó falsamente de no tener estudios jurídicos- rechaza estas acusaciones. "Si se cae un edificio el responsable es el arquitecto y no el albañil. Yo sólo quiero dejar claro que no puedo cargar con las culpas de un procedimiento que arranca mucho antes de que yo llegue al juzgado y donde ya se habían producido muchas irregularidades".

Esas irregularidades son las que llevan al desastre final y se producen mucho antes de que Torres se incorpore, en septiembre de 2007. Es decir, la funcionaria sólo tiene contacto con el caso seis de los 19 meses que transcurren desde la primera denuncia hasta la muerte de Sylvina. Durante todo ese tiempo, pasaron por el juzgado cuatro jueces, dos titulares y dos sustitutos. "Nadie quería ir allí. La primera juez, Gema Susana Fernández, había comunicado varias veces que el juzgado estaba sobrecargado de trabajo". Así lo determinó el Poder Judicial en una inspección en noviembre de 2007. Torres llega como refuerzo un poco antes. Estaba en una bolsa de trabajo del Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid. Ya había pasado por otros juzgados pero siempre en cortas estancias, como sustituta.

"Es cierto que no tenía mucha experiencia, unos nueve meses. La persona a la que yo sustituía tenía una baja por el estrés derivado de la saturación del juzgado. Cuando se reincorporó a su puesto, esa persona decidió dejar la plaza. Así que me quedé yo. Me dieron lo que nadie quiere, los casos de violencia de género. Podían haberme dado otros asuntos menos delicados porque el juzgado tramita también otros temas civiles y penales, pero no, me dieron lo más complicado".

La juez Fernández nunca contestó a la petición del abogado de la víctima para que se pidiese al Ministerio de Defensa un control de las armas que tenía el asesino de Sylvina. El sargento disponía de una Smith&Wesson que había adquirido de forma privada y que no constaba en las bases de datos de la Guardia Civil. En abril de 2007, la juez Fernández denegaba al abogado de Sylvina varias peticiones: prestar declaración de nuevo, que se celebrara una comparecencia para ingresar al sargento en prisión por romper la orden de alejamiento y un informe psiquiátrico del agresor.

Meses antes un informe psicosocial del sargento firmado por María Isabel Tagle -la psicóloga sobre la que se han recibido más quejas en la Comunidad de Madrid- establecía que "desde el punto de vista psicológico no se puede hablar de maltrato familiar" y recomendaba a Sylvina "afrontar su problemática relación de pareja". Poco después, en noviembre de 2007, el fiscal solicitó el archivo de la causa.

Todo esto, salvo la petición del fiscal, ocurre antes de que llegue la funcionaria a su puesto. "Y sin embargo, se me culpa a mí de toda esta desgracia. Soy cabeza de turco y me entero por la prensa de que me pueden abrir un expediente sancionador, pero nadie se mete a evaluar lo que han hecho los responsables del juzgado, la psicóloga, el ministerio fiscal..."

El error que imputa a Silvia Torres la última juez del caso, Gema Poveda, es el de no tramitar diligentemente los últimos intentos del abogado de Sylvina para decretar medidas contra el militar. "Cuando yo llegué el juzgado era un desbarajuste. Nadie me dijo que ese asunto fuera prioritario. No era un asunto urgente y el expediente estaba en el armario. Aun así traté de solucionarlo. Y pedí ayuda a la nueva juez".

Es viernes, 15 de marzo. Torres cuenta que pidió ayuda a Poveda pero que ésta se limitó a contestar: "Cuando sepa usted lo que tiene que hacer me viene a ver". Así que la funcionaria pide ayuda a una compañera. El 1 de abril, según su versión, el procedimiento está en la mesa de Poveda. Según la juez, eso no ocurrió hasta el 7 de abril. Poveda se va de vacaciones y se lleva la carpeta para examinarla. Dos días más tarde, el sargento mata a Sylvina.

El asunto salta a los medios. Un mes más tarde Silvia Torres ve su nombre en los periódicos. "Yo estaba contenta en ese juzgado. Fue una decepción terrible. El secretario judicial me llamó por teléfono y me dijo que lo sentía pero que 'a alguien le tenía que tocar".