Sombras del Vaticano

La decisión del Gobierno italiano de impedir con un decreto-ley que se ejecute la sentencia que autoriza a Eluana Englaroa no ser alimentada artificialmente no parece buscar el aplauso de sus votantes, sino el beneplácito del Vaticano. La influencia de la Santa Sede en la política italiana es enorme por razones de historia y de identidad territorial.

La fórmula elegida tiene también una larga tradición en los Ejecutivos presididos por Silvio Berlusconi. Desde que entró en política, en 1994, el magnate de los medios audiovisuales, se las ha ingeniado para redactar leyes ad hoc para resolver problemas bastante similares a los que le afectaban a él o a algunos de sus colaboradores. En julio de 1994, tras ganar las elecciones al frente de Forza Italia, firmó también un decreto-ley para suavizar la situación judicial de los encarcelados por corrupción, a raíz del escándalo de pagos de comisiones a políticos, el Tangentopoli. El decreto libraba de la prisión preventiva a los sospechosos y fue interpretado como un intento de salvar de la cárcel al ex líder del Partido Socialista Italiano (PSI), Bettino Craxi, valedor y amigo personal de Berlusconi. Las reacciones fueron brutales y el Gobierno se vio obligado a dar marcha atrás.

Tras las elecciones de mayo de 2001, Il Cavaliere volvió a la carga. Disconforme con el poder alcanzado por la magistratura en materias molestas para él se propuso dar la vuelta a la legislación. Esta vez, sin necesidad de recurrir a decreto-ley, al disponer de mayoría parlamentaria.

En unos meses se aprobaron una tras otra, leyes polémicas. Por ejemplo, la de legítima sospecha, que daba la posibilidad a un procesado de reclamar el traslado de sede de un proceso, por falta de independencia de un juez. ¿Quizás pensaba en su amigo, el ex ministro de Defensa Cesare Previti, procesado por presunto soborno a unos jueces? Berlusconi quedó a salvo también de la supuesta insidia judicial gracias a otra ley que congelaba sus procesos mientras ejercía el cargo.

A las novedades legislativas sumó otra, la que modificaba el derecho societario, y despenalizaba casi completamente la falsificación contable, una figura penal que, en manos de los jueces de Milán, tantos quebraderos de cabeza le ha dado. Y les puso las cosas difíciles a los fiscales que investigan temas de mafia y corrupción al endurecer la normativa exigida en las comisiones rogatorias, mediante otra ley retroactiva, que provocó un escándalo. El entonces presidente de la República, Carlo Azeglio Ciampi, un hombre prudente, se negó a firmarla por inconstitucional. Fue un desacuerdo breve. Con unos pequeños cambios, el texto obtuvo la luz verde del Quirinale. Quizás ocurra lo mismo ahora con su sucesor, el presidente Giorgio Napolitano.