Solidaridad a beneficio de la SGAE

Cada vez que una canción suena en cualquier sitio público, ya sea un aeropuerto, una discoteca o un concierto, la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) pasa el platillo y recauda los llamados derechos de autor. Se dice de la SGAE que, como en el refrán, quiere ser la novia en la boda, el niño en el bautizo y el finado en el funeral. Y es que gracias a su red de delegaciones e inspectores, ningún acto público ni celebración escapa a su afán recaudatorio, incluyendo los conciertos benéficos o solidarios.

La revelación de que la sociedad había cobrado 5.629 euros por un espectáculo benéfico del cantante David Bisbal para tratar a un niño de Roquetas de Mar (Almería) que padecía una grave enfermedad ha resucitado una polémica tan antigua como la propia SGAE y levantado una vez más las iras de gran parte de la opinión pública que, como la comunidad internauta, tiene a la primera entidad de gestión de derechos de España como el Gran Satán de la industria cultural.

La gestora cobra el 10% de la taquilla de los conciertos solidarios

El 'Gran Wyoming', Diego Manrique y Carlos Herrera han salido en su defensa

Pero la polémica no puede esconder que lo que hace la SGAE, como todas las partes reconocen de forma unánime, es completamente legal. En efecto, la ley de Protección de Propiedad Intelectual de julio de 2006, aprobada con los votos de PP y PSOE, autoriza esos cobros para resarcir a los autores de las obras.

Lo único que hace la SGAE es gestionar de manera conjunta esos derechos mediante un contrato que firma con sus asociados. Por el mismo, la entidad se obliga a recaudar un 10% de los ingresos de la taquilla en los conciertos benéficos (o el 10% del presupuesto para los actos solidarios en los que la entrada es gratuita) para retribuir a los autores de las canciones aunque los intérpretes del concierto actúen gratis. La única excepción que prevé la ley son las ceremonias religiosas o actos oficiales gratuitos, y siempre que los artistas no cobren.

Conocedores de esa realidad, los críticos de la SGAE y del entramado que representa piden el cambio de la ley. El PP encabeza la iniciativa y quiere promover la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual para eximir del pago de derechos de autor actos como las fiestas populares o los conciertos benéficos. "Es un atropello total y absoluto cobrar por un acto para una causa justa. Y no son hechos aislados. La voracidad recaudatoria de la SGAE parece no tener límites. No le basta el canon digital, quiere cobrar por todo", señala el senador popular José María Chiquillo.

La SGAE tiene también sus defensores. A raíz de la polémica del concierto de Bisbal, un grupo de artistas y periodistas de medios ideológicamente dispares ha encabezado esa defensa recordando que lo único que hace la entidad es velar por sus derechos y cumplir la ley. Uno de los valedores más destacados es José Miguel Monzón, el Gran Wyoming, que ha recogido el testigo del cantante Ramoncín como fustigador de los adversarios de la SGAE.

"Lo que se pretende con esta demonización de las sociedades de gestión no es que el derecho de la propiedad intelectual desaparezca, que no lo hará, sino que, en lugar de ir al bolsillo del autor, los dividendos que generan el cine, la música, etcétera, se los quede otro, en el caso que nos ocupa, las empresas multimedia, que califican de pirata a la SGAE mientras fundan sus propias editoriales desde las que obligan a los artistas a cederles los derechos de sus obras cada vez que los contratan, y eso sí es piratería. No están en contra de los derechos de autor, los quieren para ellos. Venden la imagen de la SGAE como si fuera un ente perverso maquinando cómo robar al ciudadano parte de sus ingresos, cuando se trata de una sociedad formada por decenas de miles de socios cuya cúpula apenas tiene margen de maniobra", señalaba el Gran Wyoming, en una entrada en su blog Asuntos & Cuestiones el 9 de mayo.

No es el único que defiende a la SGAE. El crítico musical Diego Manrique, desde las páginas de El País, criticaba que en los conciertos benéficos en realidad "todo el mundo quiere pasar luego por caja", desde técnicos a organizadores, resultando la mayor parte de las veces deficitarios, por lo que consideraba injusto que sólo se resaltara la "mordida de la SGAE". También el periodista Carlos Herrera ha señalado que siente una "moderada comprensión" hacia la entidad porque cumple con la función asignada.

La defensa de la SGAE va en esa línea. Dice que aunque sea por causas justas, no puede renunciar a esos ingresos porque al hacerlo se expondría a las demandas de sus asociados, los legítimos propietarios de los derechos.

"Como se ha hecho en múltiples ocasiones, la solidaridad de los creadores hubiera sido posible si, con el tiempo suficiente para gestionarlo (un mes), los autores del repertorio interpretado durante el concierto hubieran podido optar por la cesión gratuita de sus legítimos derechos. Y esta polémica se habría evitado", explica un portavoz de la SGAE.

Tras revelarse el escándalo del concierto de Bisbal del pasado 25 de abril, la SGAE devolvió a la familia de Juanma, el niño afectado por una rara enfermedad, el dinero recaudado. No es la primera vez que lo hace. En 2006, también reintegró 518 euros a la Asociación Taller Cultural de Fuentepelayo que organizó un certamen de teatro para jóvenes con discapacidad psíquica, utilizando obras registradas.

Sus críticos señalan que la SGAE sólo devuelve el dinero cuando tiene que tapar un escándalo. La noticia sería que lo hiciera siempre, porque la ley le ampara para que cobre por todos los actos. Así, el 15 de marzo, la SGAE cobró otros 3.324 euros por un espectáculo para recaudar fondos para investigar tres enfermedades raras, en un concierto en Madrid, en el que participaron, entre otros, Miguel Bosé, Andy y Lucas o Revólver. Y resultó deficitario puesto que apenas fueron 1.512 personas.

Los ejemplos son incontables. Uno de los más sonados por la cuantía recaudada -45.000 euros- fue La Marató que TV3 celebró en 2008 en ayuda a los enfermos mentales. También en 2008, recaudó 2.249 euros para dotar de un hospital a la ciudad de Binde (Ghana) ofrecido por el barítono Joan Pons y su hija Joana en Ciutadella, Menorca. O el festival Entresures celebrado para ayudar a los refugiados saharauis en Tinduf (Argelia), del que se quedó 3.268 euros. También los conciertos en beneficio a las víctimas del terrorismo pasaron por caja...

"Parece que sólo la SGAE cobra. Pero nadie se pregunta por qué les cobran también la luz, o los técnicos o el alquiler del recinto, que recaudan mucho más", se defiende el organismo presidido por Teddy Bautista, que señala que la entidad también organiza actos benéficos como el festival África Vive que realiza este mes, algunos deficitarios, "y nunca saca pecho por ello".

Para Enrique Dans, profesor y experto en temas de Internet, la SGAE tiene un problema de imagen. "Entidades como la SGAE son necesarias y lo van a ser más en el futuro porque la gestión de derechos de autor se hace cada vez más complicada. Pero si concitas el odio de todo el pueblo es difícil que puedas aparecer como un negociador para concertar acuerdos sobre esos derechos, porque vas a tener enfrente a la opinión pública, que es una de las partes", indica.

La SGAE no facilita la recaudación por esos actos benéficos, pero es una parte ínfima de los ingresos derivados de los conciertos en directo que ascendieron a 29 millones de euros en 2008, un 8,5% más que en 2007 y, más aún, de los ingresos totales de la entidad que se elevaron a 334 millones el pasado año.

La entidad cobra por casi todo sonido que tenga al menos dos acordes y se escuche en un lugar público. Da igual que la canción suene en un salón de bodas, una discoteca, una gasolinera, la piscina municipal o un aparcamiento. Ningún recinto escapa a la lista de tarifas por comunicación pública que actualiza cada año la SGAE. Ni siquiera los peep-show, o locales de streeptease, que pagan entre 50 y más de 500 euros al año.

Con todo, pocos discuten que los autores no deban ser retribuidos, aunque muchos duden de que el sistema de recaudación, a través de sociedades de gestión como la SGAE, sea eficaz y transparente. "Los autores y el poder político han perdido el control de lo que hace la SGAE. Tendría que desaparecer la gestión colectiva de derechos y que los autores pudieran cobrar directamente. O al menos que en las entidades de gestión todos los socios tuvieran el mismo peso, no como ocurre con la SGAE en que pesa el voto de los que más recaudan. Y que desapareciera la obligación de contar con la autorización del Ministerio de Cultura. O liberalización total, y que haya todas las sociedades de gestión que se quiera, o que el Estado se haga cargo de estas funciones, pero esta situación semipública no responde a las necesidades actuales de la sociedad ni de los creadores", indica Carlos Sánchez Almeida, socio de un bufete especializado en derechos de propiedad.

Cambiar la ley tiene sus resistencias. La más importante es la del Gobierno y el partido que lo sustenta. Por ejemplo, el Senado tumbó en marzo una iniciativa del PP para eximir del pago de derechos de autor a las fiestas populares, algunas de las cuales pagan fuertes cantidades como las Fallas (40.000 euros), Sanfermines (43.000 euros) o Moros y Cristianos (35.000 euros). Se opuso el PSOE, que tachó la iniciativa de "demagógica y oportunista".

"La cuestión de los derechos de autor es de una gran complejidad. No se puede intentar manipular a la opinión pública como hace el PP convirtiendo a la SGAE en el chivo expiatorio de todas las injusticias. La noticia de que se cobra en un concierto benéfico parece fea a simple vista. Pero también cobran los de las sillas, los portes, la electricidad... El producto cultural no es un consumible. Genera unos derechos. Y se puede discutir si esos derechos tiene que ser del 10% o hay que bajar el porcentaje. Pero mientras unos llamen 'chorizos' a la SGAE como hace el PP y, al revés, se llame 'piratas' a los que realizan descargas, será imposible el diálogo", afirma el senador socialista Imanol Zubero.

Desde el PP se afirma que pronto llevarán la propuesta de reforma al Congreso, para su debate. En esa iniciativa, se pretende también incluir la derogación del polémico canon digital, que graba los soportes o aparatos susceptibles de realizar grabaciones o copias de obras audiovisuales y por el que las entidades de gestión recaudan 117 millones al año.

"Las soluciones son muy variadas. Nadie pretende eliminar los derechos de autor, pero se puede, por ejemplo, establecer un sistema de desgravaciones fiscales que los beneficie compensándoles por la copia privada sin necesidad de que tengan que pasar por la SGAE", afirma el senador popular Chiquillo.

Entre los artistas también hay división sobre la SGAE. Uno de los más críticos es Manolo García: "La imagen de peseteros que se está dando me parece lamentable. Soy el número 29.000 y tantos de los 130.000 socios de la SGAE y muchos no estamos conformes con su política. Estoy absolutamente en desacuerdo con que se cobre por actos benéficos, y, más aún, si las canciones son del mismo autor que actúa", señaló el artista al diario Última Hora.

Nadie parece dudar de que la SGAE tiene mala imagen. Pero los conflictos no se sustancian en la prensa sino en los tribunales. Ayer, se conoció que la Audiencia Nacional ha anulado la multa de 60.101 euros impuesta por la Agencia Española de Protección de Datos a la SGAE por grabar una boda sin permiso en Sevilla, pues los datos no fueron incorporados a ningún fichero, que es el aspecto protegido por ley.

La SGAE cobra en los conciertos benéficos porque hay una ley que ampara esos cobros. Si alguien quiere que deje de hacerlo debería plantearse cambiar la ley o acudir a los tribunales.