Puerto de Granadilla: el gran dislate

Los trabajos del puerto de Granadilla, al sur de la isla de Tenerife, han comenzado, pero la comunidad científica canaria y los grupos ecologistas (Ben Magec/ Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF y SEO/BirdLife) no pierden la esperanza de paralizar lo que consideran un disparate medio ambiental y una obra meramente especulativa. El sábado tendrá lugar una manifestación de protesta en Santa Cruz: ruedas de prensa, charlas y debates, a los que han invitado también al PP,PSOE, Coalición Canaria y a los responsables de la autoridad portuaria. Pero todos han declinado la propuesta.

El 6 de mayo de 2002, el Gobierno de Canarias acordó declarar de interés públicoel proyecto denominado Nuevo Puerto de Granadilla de Abona. Las razones esgrimidas -sociales y económicas- fueron "el agotamiento de la capacidad de las actuales instalaciones [Puerto de Santa Cruz] de las que depende la economía insular" y " porque no existe otra localización viable en toda la isla".

El puerto, según los expertos, estará la mayor parte de los días cerrado por el fuerte viento de la zona

Desde entonces, el proyecto ha tenido muchas vicisitudes, entre otras sortear la protección de una especie protegida, los sebadales, "praderas marinas de plantas vasculares que en la evolución de la vida han salido del mar, en este caso han vuelto al mar y se han instalado en los fondos arenosos, donde han constituido ecosistemas que hoy en día son básicos para luchar contra el cambio climático". Así definió esta planta Wolfredo Wildpret de la Torre, botánico internacional, en un acto organizado a principios de semana por Asamblea por Tenerife.

Las obras de estainfraestructura estaban suspendidas cautelarmente por un auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), ya que consideraba a las sebas (Cymodocea nodosa) especie protegida. Para sortear esta paralización, la Consejería de Medio Ambiente aprobó un nuevo Catálogo Autonómico y cambió los sebadales de categoría.

Según el catedrático de biología marina Alberto Brito, "el nuevo Catálogo de las Especies Amenazadas de Canarias, cuyo autor se desconoce, es una aberración para la naturaleza y la desprotección de hecho de muchas de las especies, lo que permitirá el desarrollo de macroproyectos que el Gobierno canario quiere sacar adelante desde hace tiempo, como es el caso del puerto de Granadilla en Tenerife".

Las sebas, que en un principio estaban calificadas como "sensible a la alteración de su habitat" pasaron a ser "especies de interés para los ecosistemas canarios" y se quedaron sin protección ninguna en el entorno de Granadilla, según la nueva normativa. Aún sin autor reconocido, todos los opositores a este nuevo catálogo señalaban a Domingo Berriel, el anterior consejero de Medio Ambiente, como su artífice. Berriel, que en esta nueva legislatura autonómica ha sido trasladado a la cartera Transportes, Obras Públicas y Política Territorial, es ingeniero industrial e inició su carrera en una constructora.

Ayer la organización Ben Magec/Ecologistas en Acción anunciaba la presentación de una denuncia contra Berriel, como responsable de la irregular orden de descatalogación de los sebadales de Granadilla, promulgada en el año 2009.

Catedráticos como Wolfredo Wildpret de la Torre, que ha recibido este año el Premio de Canarias de investigación, se niegan a "tirar la toalla" y dejar que destruyan uno de los ecosistemas marinos más importantes del archipiélago. Wildpret califica la infraestructura de"disparate y dislate". Federico Aguilera Klink, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, también ha seguido el proyecto de Granadilla y no ve un solo argumento económico para llevar a cabo la obra. "La Administración lo ha disfrazado de interés público, pero no hace falta para nada, es una infraestructura, como otras muchas que se han hecho en España, un simple pelotazo, un fraude, y para ello han creado una articulación jurídica falsa".

Para el investigador Alberto Brito, que estos días se encuentra abordo del barco que estudia la erupción del volcán de El Hierro, las obras son un "atentado". Hoy las cámaras se fijan en un fenómeno natural, como es la erupción del Mar de las Calmas, en la isla de El Hierro, pero Wildpret asegura que no estaría de más que también se observará como la obra del puerto de Granadilla está generando una pluma de materiales en suspensión que se deslizan por las corrientes hacia el sur, hacia el Médano. "Ahora mismo podemos decir ya, si las palas continúan trabajando a este ritmo, cuál va ser el futuro de destrucción y devastación", añade el profesor, que recuerda que se trata área con una biodiversidad importantísima. "En los sebadales las especies viven interrelacionadas y en el momento que un eslabón de la cadena se rompa destruimos un ecosistema único. Todo desaparecerá", añade Wildpret, "por una artimaña llevada a cabo para descatalogar estas plantas en el listado de Especies protegidas".

Otro de los críticos es Pedro Anatael Meneses, expresidente de la Autoridad Portuaria y profesor de la Escuela Técnica Superior de Náutica de Santa Cruz de Tenerife, para quien las obras que se llevan a cabo en Granadilla "son una barbarie, una sin razón, una ilegalidad". "Los que defienden este proyecto argumentan que el puerto de Santa Cruz estaba agotado, cuando sobra espacio por todos lados y está infrautilizado", denuncia.

El profesor pide que se frene el gasto inútil, que en esta primera fase de construcción serán 160 millones de euros, que se multiplicarán por cuatro hasta terminar la obra. "El coste mínimo de millones que se tiren al mar será de 600".

Lo más absurdo, según Cándido Quintana, de Asamblea por Tenerife, es que solo se crearán 45 puestos de trabajo en las labores de construcción, porque luego los fuertes vientos dominantes harán que la mayor parte del tiempo este megapuerto esté "cerrado a cal y canto".

Por su parte, la Consejería de Obras Públicas recordó que los ecologistas han denunciado "aspectos relacionados con el puerto ante las más diversas instancias". "Aun así, la construcción sigue adelante con todas las autorizaciones correspondientes, incluidas las estatales y europeas". Y concluyen: "Por tanto, el consejero no se muestra preocupado por la acusación y dedica su tiempo a trabajar".