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Prohibida la procesión atea por coincidir con las católicas

Los convocantes pueden recurrir la decisión ante el TSJM.- Gallardón celebra la medida porque piensa que los organizadores buscaban "la confrontación"

Inés Santaeulalia

No habrá procesión atea el Jueves Santo en Lavapiés. La Delegación del Gobierno en Madrid ha prohibido la "manifestación para promover el ideario ateo", convocada por la Asamblea Vecinal La Playa de Lavapiés, y que contaba con un informe desfavorable del Ayuntamiento de Madrid por considerarla una "provocación". Los convocantes tienen ahora derecho a recurrir la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que debe dar una respuesta lo antes posible -en un plazo de 48 a 72 horas- por tratarse de un hecho que afecta al derecho fundamental de manifestación y reunión.

La recién estrenada en el cargo de delegada, Dolores Carrión, ha considerado que existen 11 razones para no autorizar la marcha. En primer lugar, alude a la convocatoria, a los carteles anunciadores y a las declaraciones de los organizadores en los medios de comunicación, a pesar de que los convocantes -los vecinos y varias asociaciones ateas- en todo momento se habían desmarcado de la autoría de un cartel que, bajo su nombre, anunciaba la participación en el acto de la "hermandad de la santa pedofilia" o la "cofradía de la virgen del mismísimo coño". Nombres que también ha tenido en cuenta la Delegación para prohibir la marcha.

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La delegada cuestiona además que el día elegido sea el Jueves Santos y que el lugar por el que se pretendía desarrollar la manifestación, las calles del barrio de Lavapiés, "curiosamente presenta nombres relacionados con la simbología católica". La resolución también responde a la hora del acto que, según un comunicado, "coincide con el comienzo de procesiones católicas", y a los recorridos propuestos por los convocantes por pasar por calles en las que hay "múltiples parroquias".

El revuelo montado alrededor de la convocatoria hizo incluso temer a los organizadores, en concreto al presidente de la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores, Luis Vega, que se produjesen represalias de algunos grupos en caso de que se autorizase la manifestación. Y precisamente en ese punto ha coincidido con la Delegación, que asegura en su comunicado que "grupos antagónicos y radicales" estaban "citándose" para acudir al acto. La Delegación apoya su decisión en que todas las Administraciones que han tenido conocimiento de esta convocatoria -Jefatura Superior de Policía, Ayuntamiento de Madrid y la Abogacía del Estado- coinciden en que no debería llevarse a cabo.

El presidente de AMAL, al poco de enterarse de la prohibición, ha asegurado que la decisión es "preocupante y que supone un retroceso del país hasta el principio de la Transición". Aunque acata la decisión que impide celebrar la marcha, ha advertido que están planteándose la convocatoria de otra manifestación, si puede ser antes de las elecciones autonómicas y municipales del 22-M, por "el retroceso de las libertades y el poco recorrido que tiene el principio constitucional que dice que España es un estado aconfesional". A la espera de que todos los convocantes decidan en conjunto si llevan el caso ante el TSJM, Vega cree que el recurso es "obligado" porque asegura que todos los argumentos de la Delegación son "inexactos". "Lo único que hemos hecho es pedir legalmente una manifestación", afirma.

Reacciones a la prohibición

En sus primeras declaraciones sobre la polémica, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha celebrado la "buena noticia", informa Víctor López. "Celebro y apoyo la decisión de la Delegación del Gobierno", ha subrayado el regidor en la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno. A su juicio, la manifestación "planteaba dos coincidencias" con las procesiones católicas en horarios y recorridos, lo que le lleva a pensar que "lo que se estaba buscando era la confrontación". A la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, le parece también "muy acertada" la medida pues considera que no debe resultar "gratis" ofender a los católicos, informa F. J. Barroso. "Creo que es un delito penado por la ley el ofender a cualquier manifestación religiosa", ha subrayado, para añadir que "lo que no se habrían atrevido a hacer con otras confesiones, como la musulmana por ejemplo, lo han querido hacer con la católica".

Coincidiendo con el anuncio de la Delegación del Gobierno, una juez del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid ha abierto diligencias previas por la denuncia interpuesta por 10 personas a título individual el pasado viernes contra tres de las asociaciones convocantes. Los denunciantes consideran que la convocatoria podría constituir "una voluntaria afrenta a las ideas" de quienes profesan "legítimamente" una religión. La asociación Ateos en Lucha, la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores (AMAL) y la Asamblea Vecinal La Playa de Lavapiés tendrán que comparecer ante la juez el próximo lunes.

La Asociación de Abogados Cristianos y el colectivo Hazteoir.org también han interpuesto dos querellas criminales contra ellos. Hazteoir.org, que ha considerado una "victoria" la prohibición de la marcha, acusa a los convocantes de un delito de "genocidio" y ha entregado hoy en la Delegación 100.423 firmas de ciudadanos "por la libertad religiosa".

Los ateos reclaman su derecho a manifestarse y aseguran que la convocatoria no va contra los católicos.Vídeo: AGENCIA ATLAS

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Sobre la firma

Inés Santaeulalia
Es la jefa de la oficina de EL PAÍS US, antes fue responsable en Colombia, Venezuela y la región andina. Comenzó su carrera en el periódico en el año 2011 en México, desde donde formó parte del equipo que fundó EL PAÍS América. En Madrid ha trabajado para las secciones de Nacional, Internacional y como portadista de la web.

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