Presiones contra los genéricos

La Organización Mundial del Comercio (OMC) permitió, en 2003, que un país con una crisis sanitaria no respete la protección intelectual para un fármaco, y fabrique o importe un genérico. Algunas ONG vieron en esos acuerdos (ADPIC en español) la puerta abierta para una de sus grandes reivindicaciones. Pero no contaron con el contrapeso de la presión estadounidense, siempre velando por sus laboratorios.

El caso más claro es el de Guatemala. El 11 de marzo de 2005, el embajador cuenta el éxito de su trabajo para que el país reintroduzca la propiedad intelectual sobre medicamentos. "Ha sido el final de un drama que se ha desarrollado durante años, plagados de desinformación, conflictos de intereses, políticos parciales y una gran falta de capacidad de decisión de los líderes políticos. Nos ha llevado más tiempo que ningún otro tema en los últimos meses", presume.

Se investiga un posible conflicto de intereses de Rigoberta Menchú

ONG como Médicos sin Fronteras están en el punto de mira de la embajada

Tailandia vence las presiones para fabricar sus propios antivirales

La diplomacia coordina sus actuaciones con las multinacionales

El momento más crítico fue en 2004, con la llegada a la presidencia de Guatemala de Óscar Berger, que se encuentra con "escándalos en la Seguridad Social por millones de dólares". El Gobierno "asumió que las compañías farmacéuticas trasnacionales estaban conspirando con los dirigentes del instituto". El ministro de Sanidad, Marco Tulio Sosa, quiere abolir una ley anterior con "la excusa de que restringe el acceso a los genéricos". Con un agravante para el presidente: "la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú le apoya". Al movimiento se une Médicos sin Fronteras, que "organiza seminarios" y trae de Argentina al "experto" (las comillas son del cable, indicando sus dudas) Carlos Correa, ferviente partidario de abolir las patentes de los fármacos para ciertos países.

Tras un intenso tira y afloja, la crisis estalla en noviembre. "Sin aviso, Sosa y Menchú aparecen en el Congreso con un nuevo proyecto para eliminar la protección de datos que se aprobó de manera unánime". "Nadie se atrevió a oponerse por miedo a ser identificado como una herramienta de las multinacionales", narra el cable.

El representante estadounidense se pone en acción, e interpela al presidente. "El embajador les urgió insistentemente a que vetaran la ley". Al final, Berger le comenta "que se había visto obligado a firmar la ley, y lo hizo el 22 a pesar de que el embajador le había llamado el día antes". Esa no fue la última presión. El nuevo embajador, Allgeier, esgrime la posibilidad de que Guatemala quede fuera del acuerdo CAFTA (Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana) de una manera "quizá permanente".

El diplomático describe que al presidente le habían dicho que "las compañías multinacionales habían trabajado con los funcionarios corruptos y estaban manipulando las condiciones de la protección de datos del tratado ADPIC para impedir el acceso a genéricos baratos". Barger estaba enfadado, pero tenía enfrente a Rigoberta Menchú, "a quien no podía permitirse ignorar", relata.

A la vez, hay una intensa campaña mediática ("public diplomacy Blitzkrieg", la llama el cable). Para reforzarla, se buscan los trapos sucios de los protagonistas. Menchú "posee la franquicia de la compañía mexicana Farmacias Similares, y vende la posibilidad de abrir oficinas por 25.000 dólares en efectivo".

Al final, el presidente revocó la ley, y Guatemala volvió al redil.

Pero, a veces, EE UU no se sale con la suya. Es el caso de Tailandia. "El 29 de noviembre [de 2006], el Ministerio de Salud Pública anunció que se iba a decretar una licencia obligatoria [pérdida de patente] para el efavirenz, una medicina de Merck usada para tratar el VIH". "El ministerio alega el alto precio del fármaco como una barrera para el acceso". Tailandia "probablemente ha respetado su propia legislación y la de la OMC", admite el cable. Pero eso no basta. De nuevo, se buscan culpables. "La falta de una consulta con Merck debilita los argumentos del Ministerio de Sanidad y sugiere que está siendo muy influido por ONG". "No creemos que los ministros económicos sean conscientes de las implicaciones de la decisión, algo que esperamos remediar". Para ello, "Merck planea contraatacar con una reducción de precio y, con la ayuda del Gobierno de EE UU, espera salvar su patente", relata un cable. Y esto se propone, aunque "el uso de efavirenz ha aumentado rápidamente debido al incremento de pacientes con VIH y al compromiso de 2005 del Gobierno de proporcionar antivirales a los pacientes que los necesiten".

El proceso se complicó aún más (para los intereses de las farmacéuticas) con el golpe de Estado del 19 de septiembre de ese año. Entre otras causas, por "la involucración personal del nuevo ministro de Sanidad, Mongkol Na Songkhla". Además, su asesor, Suwit Wibulpolprasert, es "un aliado de las ONG". Después de debatir la legalidad de la medida, se concluye con la razón final de la decisión: "El Ministerio de Sanidad afirma que la patente del efavirenz ha mantenido su precio el doble que el de los genéricos, y ha dificultado el acceso por los pacientes".

En este relato hay un asunto importante: por qué no se ha negociado con Merck. El otro aspecto que destaca es la visión que tiene el embajador del sentido de las licencias obligatorias: "usada con habilidad, la carta de las licencias obligatorias puede jugarse para conseguir precios menores evitando los problemas de fabricar o importar" los fármacos. Por eso se sugiere que los "altos cargos de la Embajada se dirijan a los ministros", y se les sugiera "que entren en conversaciones con Merck". Eso sí, para no ofender a nadie, "insistiendo en que no se está poniendo en duda la capacidad de Tailandia respecto a la posibilidad de decretar licencias obligatorias". "Aunque las negociaciones pueden salvar la patente de Merck esta vez, es muy probable que el Gobierno establezca licencias obligatorias en el futuro".

La situación empeora. En enero de 2007, "el Ministerio de Sanidad anunció su intención de promulgar nuevas licencias obligatorias". Son del Kaletra, un antirretroviral de Abbott, y el anticoagulante Plavix. "Nos tememos que el Gobierno de Tailandia va a romper las patentes de los medicamentos solo porque son caros, y no porque afecten a los pobres".

En una sorprendente súplica, "la Embajada solicita cualquier instrucción sobre si las licencias obligatorias que no son para tratar enfermedades pandémicas deben ser abordadas de forma distinta bajo las directrices de la OMC". Esta vez, David venció a Goliat.

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