El PP intenta que la ley del aborto no entre en vigor

El Partido Popular presentará hoy un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la nueva ley del aborto . La norma, que entrará en vigor el 5 de julio, vulnera, sostienen, el equilibrio entre los derechos del no nacido y los de la madre. El PP solicitará la tramitación urgente de su recurso y la suspensión de la entrada en vigor de la ley. "Si se empezase a aplicar y después se declarase inconstitucional se producirían daños irreparables: todos los abortos que se hayan realizado ya no tendrán remedio", aclara la diputada Sandra Moneo, una de las personas que ha trabajado en el recurso y lo presentará hoy. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ya declaró el sábado que el Constitucional sólo suspende una ley cuando se da un conflicto entre la ley de la comunidad autónoma y la ley del Estado.

"Se producirían daños gravísimos, irreparables", dice Sandra Moneo

Jiménez vería "muy extraño" que el tribunal ordene la suspensión

El PP basa su recurso de inconstitucionalidad en ocho puntos que inciden en el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales, y en el derecho de los padres de acompañar a sus hijas en una decisión "tan importante" como es interrumpir su embarazo. El Partido Popular basa su recurso en la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985 que hablaba del nasciturus (el no nacido) como un "bien jurídicamente protegido". En ella, el alto tribunal decía que los derechos de la mujer no pueden tener "primacía absoluta" sobre los del no nacido, salvo en los tres supuestos marcados por la ley actual -violación, salud de la madre o malformación del feto-. Por eso, según el PP, la nueva norma, que crea un plazo de aborto libre y sin ninguna explicación hasta la semana 14, vulnera la doctrina del Constitucional. "La nueva ley viola el equilibrio entre los derechos de la madre y los del no nacido. Con ella el niño queda totalmente desprotegido", explica Moneo, portavoz de Igualdad del PP. La diputada destaca la importancia de que la nueva ley no entre en vigor. "Se producirían daños gravísimos. Irreparables. No hay forma de reparar un aborto", asegura.

El recurso del PP, que tiene como argumento principal la vulneración de los derechos del no nacido, impugnará (de forma total o parcial) ocho artículos y la disposición final segunda de la nueva norma, la parte que modifica la ley de autonomía del paciente y por la cual las mujeres de 16 y 17 años podrán abortar sin consentimiento paterno, aunque sí informando a sus padres o tutores.

Según el PP, el artículo 5 de la nueva ley de plazos, que garantiza una educación sanitaria y sobre salud sexual y reproductiva "vulnera el principio que tienen los padres de que sus hijos reciban la información conforme a sus propias convicciones", explica Moneo. El recurso también incide, según explica la portavoz de Igualdad, en que la nueva ley en su artículo 8 -que incluye la formación de la práctica clínica del aborto en las carreras relacionadas con la salud-, va contra el principio de autonomía universitaria y la libertad de cátedra.

"Además, la ley vulnera el derecho a la objeción de conciencia", asegura Moneo. El recurso que se presentará mañana determina que el artículo 19 -que impone medidas para garantizar la prestación del aborto por los servicios de salud- que acuerda que los profesionales sanitarios que objeten deben manifestarlo "anticipadamente y por escrito", vulnera su libertad y es una medida "coercitiva".

La ley de Salud Sexual y Reproductiva, aprobada en marzo con el voto en contra del PP, "viola el derecho de la mujer a recibir información sobre las alternativas al aborto y sobre ayudas a la maternidad", dicen. Prevé que las mujeres que acudan a las clínicas reciban en un sobre cerrado una información, que el PP considera "estandarizada". "No se garantiza que la mujer vaya a leer los documentos y tampoco que la información que va a recibir la mujer sea la necesaria para que sepa que el aborto atenta contra la vida".

La certeza de que se iba a presentar el recurso hizo que los consejeros de Sanidad de comunidades gobernadas por el PP tuvieran ayer poco interés en el Consejo Interterritorial de Salud por debatir los decretos que desarrollan la norma, como el que fija quién debe deteminar si hay malformaciones fetales graves o el que asegura que todas las comunidades deben indicar en 10 días a la mujer dónde se la va a intervenir.

La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, afirmó que sería muy extraño que el recurso paralizara la aplicación de la ley, informa Emilio de Benito. Jiménez indicó que respetaba la postura del PP, pero que no la compartía "en absoluto". "No tiene nada que ver con la realidad. El debate sobre el aborto se hizo ya hace 20 años", y lo que se busca ahora es darle más garantías, dijo.

El recién nombrado consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, resumió la postura del PP cuando dijo que no tenía alternativa a que las menores puedan no informar a sus padres si van a abortar porque él, simplemente, "no lo regularía".