Operarle es caro y se lo hacemos gratis

"Hoy tiene su alta después de haber sido atendido de su problema de salud en este centro y esperamos que haya recibido un servicio sanitario de calidad y se haya sentido cómodo/a durante el tiempo que ha durado su ingreso". Este es, con alguna variación según el centro, el encabezamiento de la carta que reciben desde hace un año los pacientes de la mayoría de los hospitales andaluces tras someterse a una operación de cataratas, hernia o vesícula.

Más allá de despedir amablemente al usuario, el objetivo de la misiva se concreta en el segundo párrafo: "Creemos importante que usted conozca, exclusivamente a título informativo, que los procedimientos y tratamientos que ha recibido en este centro hospitalario, así como el periodo de hospitalización que ha requerido para su recuperación, suponen un coste que en ningún caso tendrá que abonar ya que, como sabe, la sanidad en Andalucía se financia a través de los impuestos que todos aportamos". A continuación, se concreta el importe de la atención dispensada.

Andalucía es la comunidad que más aplica este sistema

Los expertos dicen que no disuade del mal uso de las prestaciones

No existe ningún estudio que acredite los efectos de esta medida

La Junta cree que "la mejor defensa de los servicios es que el usuario los valore"

La Junta da en mano el documento para ver la reacción del paciente

La Administración asegura que el coste de la medida es "mínimo"

Es la llamada factura informativa o factura en la sombra, una práctica que, animada por la crisis, en los últimos meses se ha extendido entre los servicios públicos de salud de diferentes comunidades autónomas.

No existe ningún estudio que acredite que estas facturas sirvan para algo. ¿Por qué entonces tanto interés en aplicarlas? La clave, según sus responsables, es que el coste es "casi cero" y, como mínimo, ayuda a reforzar la imagen de los servicios públicos.

Sobre esta base, el Gobierno andaluz, que desde octubre de 2010 entrega facturas informativas en diversas intervenciones sanitarias, acaba de aprobar extenderlas a 16 servicios públicos de distintas Consejerías, desde la orientación jurídica, al transporte escolar o la ayuda a domicilio. El objetivo, según la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, que ha coordinado el proyecto, es "informar y sensibilizar al ciudadano".

"La mejor defensa de las políticas públicas es que el ciudadano las valore. Y para eso es fundamental que conozcan el coste, que tomen conciencia del destino de sus impuestos", afirma Moreno.

La percepción de que los ciudadanos no son del todo conscientes del valor de los servicios no es compartida por todas las voces consultadas para este reportaje, pero lo cierto es que, el pasado 29 de noviembre, el mismo día en que el Gobierno andaluz aprobó su programa de facturas informativas, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) daba a conocer su última encuesta sobre Opinión pública y política fiscal. Los resultados respaldan la tesis de los que creen que los servicios públicos necesitan una campaña de imagen. Según el estudio, el 54,5% de los ciudadanos piensa que en España se pagan muchos impuestos y el 59,1% considera que recibe de las Administraciones menos de lo que da.

Los 16 servicios con los que se pone en marcha el programa andaluz, al que se ha llamado Fijate (acrónimo de Factura Informativa de la Junta de Andalucía. Transparencia efectiva), son la primera fase del proyecto. El Gobierno autónomo calcula que, en ella, entregará alrededor de 4.000 facturas al año por un importe total -de los servicios prestados, no de la gestión del papeleo- de 5.000 millones de euros.

Moreno insiste en que entre los objetivos de la medida no está conseguir un ahorro económico disuadiendo a los ciudadanos de ir al médico o de solicitar ayuda a domicilio, por más que siempre que se hable de las facturas informativas se aluda a un interés por concienciar al ciudadano de que los servicios son caros y, como tal, debe hacerse un uso responsable de ellos.

La propia consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, cuando presentó la medida para los hospitales públicos, habló de la necesidad de promover un uso racional de los servicios. "Por ser gratis no se pueden usar indiscriminadamente sin percatarse de que se trata de un bien preciado", advirtió. Pero un año después de ponerse en marcha, no hay ningún estudio que revele que, si existen visitas innecesarias al médico, estas bajan cuando se informa del coste.

Esta es una de las críticas que lanzan los escépticos de las facturas informativas. "El problema es que no hay nada evaluado. Como ciudadano me parece bien saber adónde van a parar mis impuestos. Pero supongo que también se pretende conseguir un mejor uso de los recursos y eso nunca se ha analizado", lamenta Juan Oliva, presidente de la Asociación de Economía de la Salud (AES) y miembro de la asamblea de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas).

Oliva es de los que ven en estos programas un cierto tufo propagandístico. "Es una medida lanzada al viento de la que luego no se espera recoger frutos". No es el único: "Es de esas cosas que se ponen de moda y son imparables. Aunque intuyamos que no valen para nada", afirma Marciano Sánchez Bayle, médico y portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Para él, las facturas ni siquiera compensan por lo que puedan aportar de información al ciudadano. "La inmensa mayoría de la población sabe que la sanidad se paga con sus impuestos y sabe los impuestos que paga. Si se quiere informar del coste se podría colgar en Internet o en un tablón del centro de salud", afirma Sánchez Bayle, que considera un error que se inviertan recursos en este tipo de medidas y apunta un dato para la reflexión: en Estados Unidos, donde se dan facturas de todo, aproximadamente el 30% del gasto sanitario es de administración y gestión. En España, esta partida acapara solo el 7% del presupuesto. "Si gastas dinero en una cosa no lo tienes para otra, hay que tener cuidado de que la medida no tenga más costes que beneficios", señala el portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.

Pero los responsables públicos insisten en que el gasto para hacer estas facturas es "mínimo". El programa andaluz Fijate no cuenta con ninguna partida presupuestaria y se absorbe con la estructura actual de las Consejerías. La experiencia en el ámbito sanitario avala, según la Junta, esta estimación. Desde octubre de 2010 y hasta el 31 de septiembre de este año se han emitido 19.189 facturas por un importe total de 19,5 millones de euros. El coste de la emisión de las facturas para el Servicio Andaluz de Salud es "casi cero", asegura Celia Gómez, directora general de Planificación e Innovación sanitaria de la Junta de Andalucía. "Papel, tinta y mucho entusiasmo por parte de los profesionales. Cuando se puso en marcha se valoró mucho que no costara dinero, porque de eso hay muy poco", admite.

Gómez insiste en que el primer objetivo de la factura es "informar al ciudadano del coste de los servicios y ponerlo en valor", aunque como meta secundaria sí que cita que ese conocimiento "ayude a hacer un mejor uso de los servicios". ¿Pero en qué puede ayudar el ciudadano? Porque lo cierto es que, en el caso de la salud, la única decisión que toma el usuario es si acude o no al médico. A partir de ahí, es el profesional el que decide si hay que operarle, hacerle una prueba o someterle a un tratamiento. "Quizás los médicos sí que deberíamos saber cuánto valen las pruebas que pedimos, pero no veo que tenga sentido que lo sepa el paciente. ¿En qué va a cambiar su actitud porque usted sepa que una ecografía vale x? En nada", asegura Sánchez Bayle.

La Junta de Andalucía ha hecho un acercamiento a los efectos de la medida en dos de los primeros hospitales en los que se entregó la factura, en Marbella (Málaga) y Pozoblanco (Córdoba). El estudio no está terminado, pero, según la directora general de Planificación e Innovación, los indicios son "buenos" y no hay atisbo de "rechazo" por parte de los pacientes.

El Gobierno andaluz ha puesto empeño en que las facturas no se envíen por carta ni correo electrónico, sino que se entreguen en mano para humanizar el proceso y poder captar las reacciones de los usuarios. "La mayoría se muestra satisfecho. Es muy importante que no se entienda como si se culpara al paciente, como si dijéramos 'mira lo que nos cuestas...", advierte Gómez.

José Martín, profesor titular de la Facultad de Económicas de la Universidad de Granada y profesor asociado de la Escuela Andaluza de Salud Pública, cree que es posible que si se hiciera una encuesta la reacción de parte de la población tras recibir la factura fuera: "¿Y a mí que me estás contando?". "Pero precisamente eso refleja que tenemos un problema", advierte. "El ciudadano tiene que saber cuánto cuestan las cosas". Martín es un firme defensor de la medida porque cree que sí cumple el objetivo de concienciar a la población del coste de los servicios. "La factura informativa no es un milagro que solucione los problemas de gestión de la salud, pero creo que va en la buena dirección".

También se muestra más a favor que en contra Luis Ángel Hierro, profesor de Economía Pública y presidente del Consejo Económico y Social de Sevilla. Él, asegura, suele recordarle a sus alumnos que apenas pagan el 15% del coste real de un curso universitario. "Los impuestos como el IVA o el IRPF son más visibles. Lo que no es visible es el coste de los servicios. Todo el mundo sabe lo que le cuesta el agua o la luz de su casa, pero no el alumbrado público, los colegios o la policía. Desde ese punto de vista, es útil". Pero Hierro se muestra incrédulo sobre la posibilidad de que las facturas propicien una racionalización de la demanda. "Simplemente no me lo creo. No va a tener este efecto", sostiene.

Los futuros receptores de las nuevas facturas que va a emitir el Gobierno andaluz en virtud del programa aprobado esta semana se muestran en general receptivos a la medida, aunque algunos con más cautelas que otros. Francisco Mora Sánchez, presidente de Codapa, la confederación andaluza de padres y madres por la educación pública, asegura que aceptará de buen grado cualquier información que le den como usuario de los servicios. En lo relativo a educación, la Junta prevé detallar el coste del transporte escolar y de los ordenadores portátiles que se dan en algunos cursos. "Creo que puede ayudar a que las familias valoren más los servicios que reciben", señala. A Manuel Gómez, representante del Cadus (el Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla) no le parece mal que le digan cuánto cuestan sus estudios, pero tiene cierto temor de que el ponerle precio al curso escolar sirva "para justificar la progresiva subida de tasas", sobre todo para las segundas y terceras matrículas universitarias. "Está instalado el discurso de que los estudiantes somos irresponsables y de que hay que subir las tasas. Espero que esto no se use para justificarlo".

El gerente de la Universidad de Córdoba, Antonio Cubero, también considera "interesante" que los ciudadanos conozcan el precio de los servicios. "Otra cosa es cómo se expresa ese gasto y en función de qué parámetros. Por ahora no sabemos cómo se va a cuantificar" señala. Esta falta de información es también la principal crítica de la federación de consumidores Facua. "Nos hubiera gustado que los usuarios pudiéramos opinar sobre cuándo se informa o el contenido del mensaje que se traslada al ciudadano. Por lo demás, lo valoramos positivamente", afirma Olga Ruiz, presidenta de Facua Andalucía.