Multas para los clientes, pero no para las prostitutas

"¿Qué hay de sexual si el placer no es mutuo?" Esta pregunta es uno de los lemas que ilustran un vídeo que ayer se exhibió en el Ayuntamiento de Sevilla. La proyección, una dura radiografía de la prostitución con datos nacionales y locales, sirvió para abrir el acto en el que el alcalde, el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, presentó un plan de acción integral para promover la erradicación de la trata, la prostitución y otras formas de explotación sexual. El documento incluye la elaboración de una ordenanza de la que el Gobierno local (PSOE e IU) avanzó ayer algunos detalles: entre ellos, que multará a los clientes de prostitución en espacios públicos, pero no a las prostitutas.

Esta es la principal novedad de la norma de Sevilla frente a otras que ya funcionan en municipios como Barcelona, Lleida y Granada, que multan tanto la solicitud como el ofrecimiento de servicios sexuales retribuidos. "En ningún caso pretendemos criminalizar a las prostituidas", afirmó el alcalde, quien se refirió a las personas obligadas a prostituirse como "las esclavas del siglo XXI".

El documento que ayer aprobó el Gobierno local parte de la perspectiva de que la prostitución de mujeres y niñas es "una manifestación de la estructura social existente que mantiene a la mujer subordinada respecto al hombre y provoca que las más vulnerables estén en situación de explotación sexual". Por eso ha decidido no sancionar a las meretrices, a las que considera "víctimas". Para ellas ha previsto un programa de recursos para facilitarles otra forma de ganarse la vida "con seguridad, libertad y dignidad".

Hasta 3.000 euros

La ordenanza tampoco sancionará a las transexuales que ejerzan la prostitución por considerarlas "víctimas de la discriminación social", ni a los hombres en la misma situación por entender que actúan "movidos por la vulnerabilidad". En el lado opuesto, los clientes son, según el Ayuntamiento, "explotadores" cuya conducta "no tiene justificación alguna". La ordenanza contemplará sanciones de entre 750 y 3.000 euros para los consumidores de prostitución en espacios públicos.

El plan recoge la posibilidad de establecer ayudas económicas a las víctimas de trata "que colaboren judicial o policialmente o a las que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad". Además, incluirá a las mujeres en situación o riesgo de explotación sexual entre los colectivos prioritarios de acceso a viviendas de protección oficial y prevé retirar la licencia a locales en los que se acredite el lucro ajeno mediante la prostitución.