Legalizar las drogas: feliz idea imposible

Hoy por hoy, hay quien piensa que peor que el consumo de sustancias ilegales es el crimen organizado que se nutre de ellas. Por ejemplo, el ex presidente español Felipe González, que ha sido el último de una serie de dirigentes internacionales que creen que la situación de la violencia organizada ha llegado a tales niveles que hay que replantearse la lucha contra el tráfico y consumo de estupefacientes.

La solución, según González, sería una conferencia internacional que debata la legalización de las drogas, porque "ningún país puede unilateralmente decidir eso sin un coste extraordinariamente grave para sus dirigentes", admitió.

La imagen recurrente cuando se plantea este debate es la de la ley seca estadounidense, la prohibición de vender alcohol que estuvo en vigor entre 1920 y 1933, y que tuvo como consecuencia un auge del crimen organizado. González también aludió a este fenómeno, e invitó a "volver la vista atrás y pensar en la criminalidad organizada en Estados Unidos, con miles de muertos, y que dependía de la ilegalización del alcohol". Aquello acabó cuando se puso fin a "la prohibición, y el negocio, con los impuestos que fuera, se hizo legal".

La ONU y la UE no creen eficaz regular el tráfico para frenar el crimen

En el mundo hay unos 200 millones de consumidores de estupefacientes

La opinión pública no apoya en ningún país una política más permisiva

Para los jóvenes, lo prohibido es atractivo; lo accesible, peligroso

Como indica González, la respuesta debía ser mundial. Naciones Unidas calcula que en el mundo hay más de 200 millones de consumidores de drogas, lo que implica un negocio de más de 270.000 millones de euros. Y la lucha no da frutos. Como mucho, la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) reconoce en sus informes que hay una estabilización. También el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) admite estos problemas, y en su último informe destaca que "en la mayoría de los países, rara vez se dictan condenas de prisión por consumo o posesión de droga".

Porque este sería el primer paso: despenalizar la posesión y el consumo. Por ahí empezó la propuesta más llamativa hecha al respecto, y a la que Felipe González se estaba adhiriendo: la de los ex presidentes de Brasil, Fernando Henrique Cardoso; México, Ernesto Zedillo, y Colombia, César Gaviria, que pidieron en febrero del año pasado en Río de Janeiro la despenalización de la posesión de marihuana para uso personal. Y, aún más allá, abogaron por un "cambio de estrategia" en la lucha contra las drogas. Todo lo que se ha hecho hasta ahora para combatir la droga ha sido "ineficaz y negativo", dijeron, con gran número de muertos y de dinero gastado sin que nada haya cambiado.

Aparte de la facilidad con que se hacen afirmaciones cuando se es un ex -ninguno de los mencionados se atrevió a nada parecido cuando estaba en el poder-, hay algo en lo que coinciden con los máximos organismos internacionales: que hace falta un cambio.

En el último informe de Naciones Unidas, el director ejecutivo de UNODC, Antonio Maria Costa, lo resume así: "En primer lugar, los encargados de hacer cumplir la ley deberían centrarse en los traficantes, y no en los consumidores de drogas". En cambio, la ONU es firme en mantener la ilegalización del comercio de las sustancias. "El argumento a favor de legalizar y gravar no es ético ni económico. Propone un impuesto perverso, generación tras generación, a los grupos marginados (perdidos a causa de la adicción) para estimular la recuperación económica", señala Costa.

La delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Carmen Moya, apunta en la misma dirección. "En todas estas declaraciones subyace un movimiento para un cambio en la lucha contra las drogas. Hace 12 años se planteó que el objetivo era una sociedad libre de droga, se invirtió un montón de dinero, y el tema no se ha resuelto". Y, en concreto, enmarca las propuestas de los ex presidentes latinoamericanos en que son países que han pasado de ser productores de droga a ser también consumidores.

Y es ahí donde Moya ve el papel de la descriminalización del consumo y la posesión, como tienen España, Portugal e Italia. "Al no perseguir al usuario se pueden hacer políticas de prevención y de salud pública entendidas de una manera integral". En cambio, liberalizar el comercio sería "utópico". "Haría falta que lo adoptara todo el mundo y con medidas de control muy poderosas", opina. Y no cree que vaya a llegar. "¡Si a nosotros nos critican por nuestras medidas!", comenta.

Moya afirma que el sistema español, por ejemplo con las políticas de reducción de daños, están dando resultado. "Lo que pasa es que el efecto se nota a medio y largo plazo. Las políticas exclusivamente represivas no han dado resultado, aunque eso no quiere decir que no hagan falta acciones policiales".

Otro de los aspectos que destaca Moya es la conveniencia de que haya una política europea de drogas. Por eso no es extraño que coincida con Brendan Hughes, analista legal del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT), con sede en Lisboa. "Lo que dice la ONU es, básicamente, que debe haber un control de las drogas para proteger la salud, pero últimamente se ha actuado más en reforzar las leyes". En este sentido, se pueden encuadrar las políticas de "descriminalización -que no de legalización- del consumo de drogas". Para este experto la diferencia es clave: "Al descriminalizarlo, el consumo no es un delito penal, y no se va a la cárcel", pero eso no quiere decir que sea legal. Por ejemplo, en España se ponen multas, aunque "por lo que hemos visto, hay poca evidencia de que cambiando su importe se cambie la tasa de consumo".

Pero Hughes va más allá, y se presta a elucubrar sobre cuál sería la consecuencia de una liberalización mayor. "Los efectos de una legalización no se saben". "Todo lo que se dice es teórico, porque no hay casos", afirma. "Quizá la excepción sea la de Holanda, donde hay una legalización de facto del cannabis para su venta en establecimientos autorizados. Es el único caso conocido, y lo que se vio fue que, desde que empezó en 1976, hubo un aumento del consumo, pero también lo hubo en los países de alrededor. Bélgica, Alemania y Francia, por poner tres países vecinos que castigan la venta de cannabis, tienen tasas de consumo entre adultos más altas". Claro que Hughes no se atreve a considerar que este dato cierre el debate: "Esa es una primera observación, pero no es una prueba científica", matiza.

Y si en el asunto del consumo hay dudas y discrepancias entre los países, otra cosa es legalizar el comercio. "De hecho la regulación de la ONU al respecto -que lo prohíbe- es de las que más adhesiones tiene. Y es muy difícil que 200 países cambien de opinión, suponiendo que hubiera la voluntad política de intentarlo". Algo que Hughes duda que ocurra, por el peso de la opinión pública. "Nunca hemos visto una encuesta nacional en la que una mayoría de la población apoye la legalización. Siempre son una minoría. Ni siquiera está claro si la población distinguiría entre legalizar y descriminalizar porque la gente lo ve como una cuestión de todo o nada: o todo prohibido, o todo legal".

En este debate, quizá el problema sea que, como señala Hughes, no hay evidencias sobre las que trabajar. Y así todas las opiniones valen y se pueden defender. Tan así es que la misma idea y la contraria pueden ser defendidas por la misma persona. Porque no es lo mismo hablar desde una posición en que solo se teoriza -como la de los ex presidentes- que hacerlo cuando hay posibilidad de cambiar la legislación. Las hemerotecas ofrecen ejemplos de esto, como el del portavoz parlamentario socialista, José Antonio Alonso. Ayer, rechazó que sea una buena idea legalizar el consumo de droga para acabar con la violencia que conlleva el mercado ilegal de estupefacientes, puesto que la experiencia ha demostrado que ni se mejora la salud ni se acaba con las mafias. "Las propuestas para la legalización no tienen eficacia", ha sentenciado.

Pero el archivo de este periódico le juega una mala pasada. Si los ex presidentes han hecho un camino hacia la liberalización según se alejan del poder, Alonso ha hecho el inverso. En 1998 no era tan tajante. Un artículo titulado Así se legaliza la droga explicaba un trabajo titulado Una alternativa a la actual política sobre droga que establecía incluso los requerimientos de los puntos de venta y las sanciones para quienes los incumplieran. Hay que admitir que parte de aquella visión, como una actitud más comprensiva con los consumidores, son ahora algo habitual.

En este entorno lleno de incertidumbres destaca el mensaje claro de Domingo Comas, presidente del Grupo Interdisciplinar sobre Drogas de la Fundación Atenea. Comas ve "inevitable" que se acabe despenalizando el comercio con estupefacientes. "Estamos en ese proceso ya", dice. Ni siquiera cree que se vaya a tardar demasiado. "El consumo terapéutico de la heroína es otro paso en ese sentido. Luego vendrá el recreativo de la cocaína", dice. "Cuando la sociedad lo acepte, alguien tendrá que decir que hay que regularizar la prohibición y distribución", opina. Entonces entrarán grandes empresas en el negocio. Y lo que Comas admite es que no sabe si sería "un momento mejor o peor que el actual".

Porque, entre los flecos de esta historia, falta uno: el efecto de una hipotética liberalización, sobre todo en los más jóvenes. El psicólogo educativo Jesús Ramírez también matiza: "Está claro que lo prohibido es más llamativo, pero si el consumo es libre la droga estará más a mano de los menores. Muchos lo probarán Otra cosa es los que se enganchen". Que es de lo que, en el fondo, trata este debate.