Lamela declarará ante la juez por denuncia falsa en el 'caso Leganés'

Manuel Lamela, ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el hombre que instigó una denuncia que se reveló hueca contra Luis Montes y los médicos de Leganés, tendrá que dar explicaciones ante la justicia sobre cómo y por qué los acusó de sedaciones masivas de enfermos terminales sin consentimiento. La titular del juzgado de instrucción número 43 de Madrid, María del Coro Cillán, ha admitido a trámite la querella de Montes contra Lamela por denuncia falsa y falsedad y ha citado al ex consejero.

También será interrogados seis médicos de Madrid que Lamela designó a dedo y que elaboraron un informe plagado de errores que apuntaló su tesis. Se trata del conocido Hernán Cortés, oncólogo del 12 de Octubre; Manuel Gómez Barón, de La Paz; Dolores Crespo, del Ramón y Cajal; Francisco López Timoneda, del Clínico San Carlos; Isidoro Álvarez, de la consejería, y Bartolomé Bonet, del Hospital de Alcorcón.

"Tras cuatro años es justo que él pase por el juzgado", dice emocionado Montes

El ex responsable de Sanidad de Madrid comparecerá el próximo 9 de junio

El 9 de junio, Lamela se verá obligado por primera vez a dar cuentas de su actuación después de que en enero de 2008 la justicia tumbase el bulo de las sedaciones. Montes explicó ayer a este diario: "Al recibir la noticia de que Lamela irá al juzgado me he emocionado. Después de cuatro años de resistencia es justo y equitativo que él pase por el juzgado". Aunque el anestesista no confía en escuchar de Lamela disculpas: "Supongo que se escudará en sus sabios, que sí que deben tener miedo por su prestigio".

La juez cita a Lamela como "querellado" -previsiblemente está imputado y acudirá con abogado aunque el auto notificado ayer no lo aclara-. Pese a que Esperanza Aguirre destituyó a Lamela tras apoyar éste a Rajoy, la Comunidad defendió ayer la actuación del ex consejero.

La base del escrito con el que Montes y su segundo, Miguel Ángel López Varas, acusan a Lamela es que las sedaciones en urgencias "habían sido conocidas, investigadas e inspeccionadas por la Consejería de Sanidad" en 2003. La Comunidad recibió entonces una denuncia anónima similar a la que le llegó a Lamela dos años después y no halló irregularidades. Ya gobernaba el PP.

La querella reconstruye con precisión la sucesión de actos de Lamela para llevar a Montes al juzgado pese a que sus propios técnicos negaban que hubiera irregularidades. A partir de una denuncia anónima, el 8 de marzo de 2005, Lamela le pide a su segundo, Arturo Canalda, que lo investigue. Éste le replica por carta que las investigaciones previas de la consejería y del Comité de Ética de Getafe no habían encontrado "indicios de mala práxis".

Esa carta de Canalda a Lamela es clave. Sólo dos días después "y obviando la información que le había remitido su propio viceconsejero", Lamela denuncia el caso a la fiscalía. El consejero, según los médicos, actuó con "intencionalidad maliciosa", ya que sabía que todo había sido archivado con anterioridad.

La decisión de Lamela arrancó un torbellino de acusaciones y confusión que acabó incluso por poner en duda la sedación, la aplicación de fármacos a enfermos terminales y el sufrimiento incluso si acelera la muerte. Las sociedades médicas y hasta el Vaticano aceptan esta práctica. Pero Lamela, que es abogado del Estado, no médico, dio pábulo a la acusación de que las dosis eran excesivas. Cuando los científicos explicaron que no podía haber dosis excesivas porque el único límite es evitar el dolor, Lamela no se arredró. "Políticamente, ya no puedo dar marcha atrás", le dijo a uno de los médicos de Leganés, Javier Martínez Salmeán, en una discreta comida para intentar reconducir el asunto, según recordó éste.

Los inspectores que la consejería envió de urgencia al hospital concluyeron que no podían decir que los enfermos, todos terminales, murieran por la sedación. Dio igual. Lamela ordenó investigar todas las muertes en urgencias entre octubre de 2003 y marzo de 2005, incluido "historias que nunca habían sido cuestionadas ni denunciadas por los familiares de los fallecidos ni por la inspección". La fiscalía se disponía a archivar el caso ya que sus médicos forenses no veían delito, pero entonces el consejero creó una comisión de expertos con seis médicos que nombró a dedo. Los expertos de Lamela hallaron 73 casos de muerte en los que "la sedación fue realizada fuera de la lex artis". Este informe contenía errores de bulto que reveló la Sociedad Española de Epidemiología.

El rosario de decisiones de Lamela en busca de un "informe incrimintario" demuestra, según la querella, que su verdadera intención no era "esclarecer los hechos" sino presentar una denuncia falsa contra Montes.

La querella va también contra los expertos de Lamela por sostener "un informe con unas conclusiones predeterminadas, equivocadas e incriminatorias" para lo que "no tuvieron ningún inconveniente en tergiversar conceptos médicos acuñados por la comunidad científica y emitir unas conclusiones carentes de método y de criterio".

El abogado de Montes reclama un euro como indemnización, ya que "su quehacer profesional y si buen nombre no tiene reparación económica posible".