Jiménez reconoce retrasos en la Ley de Dependencia

"Ministra, si hay tantas personas recibiendo ayudas de la Ley de Dependencia, ¿Dónde está la de mi marido? Llevamos más un año esperando. Ya ha sido evaluado, pero en ningún sitio saben decirnos cuándo vamos a saber algo más y cuándo vamos a cobrar. Mientras tanto, tenemos que pagar 1.800 euros por su residencia con dos pensiones de jubilación". Rosa Rojas, vecina de Leganés (Madrid), interpeló ayer a la recién nombrada ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, cuando ésta hablaba ante los periodistas en un centro de discapacitados del municipio. La mujer blandía unos papeles y pedía ayuda. Había decidido ir directamente a hablar con la ministra cansada de ir de ventanilla en ventanilla. "Soy consciente de que hay retrasos, sí", reconoció Trinidad Jiménez. "Hay que acelerar la puesta en marcha de la ley. Y es lo que vamos a hacer". Dijo que propondrá en breve a las comunidades autónomas un compromiso que garantice la aplicación y el desarrollo de la norma en todo el territorio.

Más de 800.000 discapacitados han solicitado la prestación

No hay datos de cuántas personas reciben el apoyo que marca ley

Era la primera aparición pública de la ministra desde que tomó posesión del cargo, el miércoles pasado, y la visita tenía una fuerte carga simbólica. La remodelación del Gobierno llevada a cabo esta semana por el presidente Zapatero ha trasladado el área de Política Social del Ministerio de Educación al de Sanidad. La ex ministra de Educación Mercedes Cabrera no prestó una especial atención al desarrollo de la Ley de Dependencia, pero ésta parece ser una prioridad para la nueva encargada de Sanidad, que tiene a su cargo, por otro lado, un ministerio con escasas competencias propias -la mayoría están transferidas a las comunidades autónomas-.

A la ley, aprobada en 2006 con una amplia mayoría parlamentaria y que pretendía implantar un cuarto pilar del Estado del Bienestar junto a la educación, la sanidad y las pensiones, le está costando arrancar. Son las administraciones autonómicas las que deben gestionar su aplicación, con la colaboración de los ayuntamientos. Al Estado central le toca financiar (en parte) y coordinar. Y la coordinación no acaba de funcionar. El gran problema de la ley la aplicación desigual que está teniendo. Todo depende de dónde resida el dependiente.

La ministra dio ayer las siguientes cifras: 893.712 personas han solicitado hasta el momento ser beneficiarias de la ley y de ellas, el 70% (unas 600.000) tienen ya reconocido el derecho a recibir la prestación. Lo que nadie parece saber es cuántas están, efectivamente, recibiendo ya las ayudas. No existen datos fiables nacionales. Cada comunidad autónoma hace su propio recuento y toma en consideración distintos indicadores, de forma que casi más de dos años después de la entrada en vigor de la norma, no se sabe a ciencia cierta ni cuántas personas se están beneficiando de ella, ni cuántas están esperando las ayudas, ni por cuanto tiempo lo hacen.

En la visita de ayer hubo, al menos, gestos de buena voluntad por parte de todos los agentes implicados. Jiménez realizó la visita al centro de discapacitados físicos de Leganés acompañada en todo momento por Engracia Hidalgo, consejera de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, autonomía que ha tenido unas relaciones extremadamente tensas con el Gobierno en esta materia durante los últimos años. El Ejecutivo ha acusado reiteradamente a la Comunidad de boicotear la puesta en marcha de la ley mientras la Comunidad aseguraba que las ayudas y financiación estatales no llegaban.

Hidalgo ofreció ayer a Jiménez su "lealtad institucional" y su "total colaboración" para trabajar conjuntamente en la aplicación de la ley. "La presencia de la consejera Hidalgo y del alcalde de Leganés [Rafael Gómez Montoya], del PSOE, refleja la voluntad de que todas las administraciones trabajen preocupadas única y exclusivamente por atender a los ciudadanos", dijo la ministra. "Como Gobierno, sé que me corresponde dar el primer paso, tomar la iniciativa y hacer un esfuerzo para el consenso".

Durante la visita, los residentes del centro hacían llegar a Trinidad Jiménez sus peticiones. Ellos también tienen claro que las administraciones tienen que ponerse de acuerdo. "Se tiran la pelota de unos a otros y nada se arregla", decía Victoriano Quiñones, de 52 años. "Lo que hace falta es que entre todos pongan más medios, más recursos. Aquí, por ejemplo, llevamos años con la calefacción estropeada, pasando frío. Espero que la ministra entre con buen pie".