Igualdad propone quitar la custodia a los maltratadores aunque no estén condenados
Leire Pajín trabajará con Justicia para proteger a los menores de la violencia de género.- La titular de Igualdad lleva mañana un informe al Congreso en el que insta a que se modifique la ley para retirar la guarda de los menores a acusados y condenados por violencia de género grave
La retirada de la custodia única a los maltratadores con sentencia firme llega mañana al Consejo de Ministros. La titular de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, llevará a esta reunión un informe en el que se insta a los ministerios concernidos -el de Justicia, el de Sanidad, Política Social e Igualdad y también Exteriores, a través, por ejemplo de sus consulados- a hacer las modificaciones legales pertinentes para evitar que los maltratadores se queden la custodia de los hijos. Esta reforma contempla, además, que cuando se abra un procedimiento por un delito de maltrato grave el juez pueda, antes de que haya fallo firme, dictaminar la retirada de la custodia de los hijos, ateniéndose a los informes del fiscal y siempre que se considere beneficioso para el menor.
Esta reforma evitará también que un hombre condenado por violencia de género pueda quedarse con el patrimonio de su pareja. "Ahora un maltratador puede quedarse con el patrimonio de la mujer a la que ha asesinado", ha asegurado Pajín en la Cadena Ser.
La modificación que planteará Pajín mañana en el Congreso tiene varios ángulos para proteger a los menores. Uno de los objetivos es que los maltratadores con sentencia firme no puedan quedarse en solitario la custodia de los hijos, en caso, por ejemplo, de fallecimiento de la pareja. Esta medida, ha dicho Pajín durante la celebración del día internacional para la eliminación de la Violencia de Género en el Instituto de la Mujer, se aplicará en los casos graves y se precisará además un informe del fiscal.
El problema es que ahora mismo, explica una portavoz de Sanidad, Política Social e Igualdad, los maltratadores con sentencia firme no pueden compartir la custodia de los hijos, pero la ley sí permite que se la queden en solitario en caso por ejemplo de fallecimiento de la mujer o que el juez se la otorgue a ellos Son pocos casos, pero muy dolorosos, que la nueva medida tratará de evitar.
El Partido Popular registró hace unas semanas en el Congreso una proposición no de ley en la que instaba al Gobierno a a establecer medidas para que se le retire la custodia de los hijos a los padres condenados por maltrato. En su propuesta señalaba que los hombres que ejercen violencia contra sus parejas "no están en condiciones de cuidar a sus hijos". Así, el PP cree fundamental que las condenas en firme por delitos de violencia de género conlleven la pérdida automática de la custodia de los hijos. También en algunos casos en los que se dicte una orden de protección de la pareja se debería suspender la patria potestad, argumentan.
Los jueces, sin embargo, consideran que esta retirada de la custodia no debe ser automática en todos los casos. Así lo reiteró ayer la presidenta del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, Inmaculada Montalbán. Esta magistrada explicó que es el juez quien debe determinar qué hacer en cada situación. Una decisión que dependerá de la gravedad del delito. en los últimos cinco años, los jueces han suspendido el régimen de visitas, la patria potestad o la guardia y custodia en casi 17.000 casos; más de 11.000, supusieron la medida más grave, la retirada de la guardia y custodia.
Ya hace unos meses, el ministerio de Igualdad -ahora anexionado a Sanidad y Política Social? estudiaba las fórmulas para que esa retirada de la custodia en los casos más graves de maltrato fuera automática cuando existiese una sentencia firme.
Si prospera, la reforma del Código civil podría aprobarse en enero, según anunció el portavoz del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, la pasada semana.
Detección precoz
Además de esta reforma legislativa, Pajín llevará al Consejo de Ministros un protocolo de detección precoz de la violencia machista a través de los médicos de Atención Primaria. Estos profesionales recibirán formación específica para aprender a localizar a las posibles víctimas cuando llegan a sus consultas. Se trata de que el entorno de la mujer que sufre la violencia y que no se atreve a dar el paso de denunciar o que ni siquiera es consciente de la situación en la que está viviendo, se involucre y lo haga por ella.
La propia Organización Médica Colegial (OMC), el organismo que agrupa a todos los médicos colegiados de España, instó ayer a los facultativos de Atención Primaria a "implicarse" en la prevención, detección precoz de la denuncia y les animó a denunciar los posibles casos de violencia contra las mujeres.
El problema que le protocolo que llevará mañana Pajín al Consejo de Ministros es clave. Y es que, según la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc) solo un 19% de los centros de salud disponen de un protocolo de actuación ante casos de violencia machista.
Cifras desgarradoras
Pajín se ha referido también al aumento, este año, del número de víctimas mortales de la violencia machista. Desde enero, 64 mujeres han fallecido a manos de su pareja o ex pareja, más que en todo 2009.
"64 mujeres muertas en nuestro país es una cifra desgarradora que nos debe golpear la conciencia", ha dicho la ministra. De las fallecidas en 2010, solo 16 -un 25%- había denunciado a su verdugo, según el Observatorio de Violencia Machista del Consejo General del Poder Judicial, que arroja otro dato desalentador: el número de mujeres que ha renunciado a seguir adelante con el proceso judicial ha crecido un 46,4%. "Sucede, porque las mujeres maltratadas que tienen secuelas físicas tienen ante todo secuelas psicológicas", ha apuntado Leire Pajín.
"Son mujeres atrapadas en una espiral de violencia, de maltrato y de dominación que es difícil de romper". Y ante esta realidad, ha dicho la ministra, el número de denuncias falsas no cabe como argumento contra la Ley de Violencia de Género. "Es un dato irrisorio", ha asegurado, que contrasta con el número de mujeres que no acaban el proceso o que retiran las denuncias.
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