¿Hablando se entiende la gente?

"1. La facultad de sentir, propia de los seres animados. 2. Propensión natural del hombre a dejarse llevar de los afectos de compasión, humanidad y ternura". Esto es la sensibilidad, según la Real Academia. Y el debate lingüístico sobre la convivencia del castellano, el catalán, el euskera y el gallego parece imposible de separar del ámbito de las sensibilidades, de unas heridas históricas, de una dictadura franquista que impuso el castellano, de una pelea entre el nacionalismo español y los autonómicos en la que defender una u otra idea es ser identificado irremediablemente con uno u otro bando.

Tampoco se puede separar de ese contexto el manifiesto Por una lengua común, presentado hace unas semanas. Redactado por el filósofo Fernando Savater y firmado por importantes figuras de la cultura (Mario Vargas Llosa, Álvaro Pombo o Albert Boadella) y del deporte (Iker Casillas), ha soliviantado la vida política española, ofendiendo a unos y animando a otros, que han azuzado el debate aireado por El Mundo y la Cope, Telemadrid y Tele 5. El PP se les ha unido y el principal impulso ha llegado desde Unión Progreso y Democracia, el partido de Rosa Díez, del que también forma parte Savater.

Gallegos y vascos están en el Informe Pisa por encima de la media en lectura

"Es un acto de violencia intelectual del nacionalismo central" (Del Toro)

El manifiesto dice que los derechos son de los ciudadanos, no de los territorios

Sólo los padres del 5% de los niños vascos eligen el castellano en infantil

La tesis es que el castellano está marginado en algunas comunidades con lengua cooficial, cuando debiera ser la lengua "común y oficial a todo el territorio nacional, siendo la única cuya comprensión puede serle supuesta a cualquier efecto a todos los ciudadanos españoles". Según el texto, hay una parte de la población presuntamente agredida por las políticas lingüísticas, sobre todo porque no pueden educarse sin trabas, si lo desean, con el castellano como lengua principal (es decir, vehicular, el idioma en el que se dan la gran mayoría de las clases, matemáticas, historia, física...).

Aunque Savater asegura que "no hay ni una sola frase en el texto que quite derechos a los hablantes de lenguas autóctonas" sí ha producido un sentimiento de agresión: "El tal manifiesto es una provocación, un acto de violencia intelectual del nacionalismo casticista centralista. Personalmente, me he sentido atacado. El manifiesto va contra las personas que somos bilingües", asegura el escritor gallego Suso de Toro. El profesor de Análisis del Discurso de la Universidad Pompeu Fabra Daniel Cassany lo encuentra argumentalmente "débil e irrespetuoso".

Habría que comenzar explicando que las realidades, como las lenguas, son muy distintas si se trata del catalán y del gallego (románicas como el castellano), o del euskera, mucho más difícil de aprender y manejar. Sin embargo, la polémica lingüística, que se abre y se cierra intermitentemente desde hace años, se centra sobre todo en Cataluña. De hecho, los movimientos (pequeños en número) en contra de las políticas lingüísticas en el País Vasco y Galicia son recientes, y en este último caso, a través de Galicia Bilingüe, de lo que se quejan es de ir hacia la catalanización. Además, en medio de la tormenta por el manifiesto ha llegado un auto que obliga a la Generalitat a cumplir con el horario mínimo que marca el Gobierno central en primaria para la clase de lengua y literatura española o de alguna otra materia en castellano: tres horas semanales. ERC, uno de los socios del PSC en el Gobierno, ha dicho que si se dan las tres horas rompe la coalición.

En Cataluña la lengua vehicular para todas las clases es el catalán. En Euskadi, la opción del castellano como lengua principal está en vías de extinción (por falta de demanda, según unos, por presión política y falta de apoyo, según otros). En Galicia, no hay opción de estudiar sólo en castellano, pero tampoco sólo en gallego (están al 50%). Partiendo de la base de que todas estas políticas son legales, que la catalana fue avalada en 1994 por el Constitucional. ¿Es injusto que alguien no pueda estudiar con el castellano como lengua principal en algún punto de España? Para Fernando Savater, la respuesta es sí, y por eso pide en el manifiesto que se cambien las leyes y, si es necesario, la Constitución, para arreglarlo.

Para los responsables de la política lingüística en Cataluña y Galicia, Bernat Joan y Marisol López, no hay injusticia. "Para lo que no hay justificación es para segregar por lenguas", asegura López. Para ellos tiene todo el sentido impulsar al máximo desde la escuela (sobre todo, pero también desde las instituciones en general) la lengua más débil que estaría condenada a desaparecer (el castellano es ampliamente mayoritario en cultura, prensa, televisión, incluso en el uso diario), garantizando, eso sí, el dominio de ambos idiomas cooficiales al final de la enseñanza obligatoria.

En el País Vasco, los padres de la Plataforma por la Libre Elección Lingüística se quejan de que el modelo en castellano, que ya sólo elige un 5% en infantil, se ha convertido en gueto por culpa de la política lingüística del Gobierno vasco, y que con los nuevos objetivos de euskera que se han marcado, esta opción ya está condenada. Las otras opciones son la bilingüe y la euskera. En Cataluña, cuando un alumno (más bien sus padres) se empeña en recibir la educación en castellano, la respuesta es que los profesores sigan dando la clase en catalán y se dirijan al estudiante en castellano. ¿No pone eso en una situación difícil al alumno? "Sí", admite Joan, "pero no sé si es peor separar por cuestiones de lengua".

Curiosamente, tanto Joan como Savater utilizan un mismo argumento para defender cosas diametralmente opuestas. Joan asegura que el modelo catalán intenta asegurar la igualdad de oportunidades, ya que los que sólo supieran castellano tendrían menos posibilidades y los más desfavorecidos serían los más perjudicados. Pero Savater asegura que los más débiles son los más dañados, ya que "el castellano supone una gran riqueza para esa gente".

Entonces, la pregunta es si las políticas lingüísticas están afectando negativamente a los alumnos. Hay percepciones, como las del director de cine Manuel Gutiérrez Aragón - "no hay más que ver cómo escriben castellano, cuando tienen necesidad, algunos alumnos, licenciados o profesionales en Cataluña, para comprobar el desaguisado"-, o las del propio consejero catalán de Educación, Ernest Maragall, que explicó cómo en una escuela del interior de Girona a los alumnos les costaba expresarse en castellano.

Pero yendo a las pruebas, hay pocos estudios sobre este tema. Los alumnos gallegos y vascos quedan en el Informe Pisa por encima de la media española en lectura, haciendo la prueba en español. En Cataluña (que hacen Pisa en catalán), un informe de 2003 del Instituto de Evaluación Educactiva dice que la lectura en castellano está al nivel del resto de España. Además, en la última selectividad han sacado más nota media en el examen de castellano que en el de catalán.

Jaume Carbonell, director de la revista especializada Cuadernos de Pedagogía, admite un problema de expresión oral, pero tanto en catalán, como castellano o inglés: "Es un problema del sistema educativo, no del modelo lingüístico: Es un déficit y simplemente hay que trabajar más la expresión oral". En el manifiesto se dice que una lengua no se puede imponer desde los poderes públicos, que hay que estimular. Jaume Carbonell responde que la enseñanza obligatoria es, como la palabra indica, imposición -"pero también en el currículo de matemáticas o el física"-, y que el modelo catalán ha funcionado durante muchos años en su objetivo de dar cohesión social.

Llegados a este punto, con la ley avalando las políticas lingüísticas, sin pruebas científicas de que los resultados de los alumnos sean peores por esta cuestión, el conflicto estriba en los derechos individuales. Sea por los motivos que sea, sea uno sólo o 200, ¿tienen derecho los padres a exigir esa enseñanza exclusivamente en castellano? "Los derechos idiomáticos son derechos del usuario, sea catalán, vasco, gallego o castellanohablante. Los nacionalistas han forzado el uso de sus lenguas nacionales, han creado unas necesidades aparentes y las han uncido a sus reivindicaciones de partido. Transformar el valor de uso de una lengua, sea el castellano o el catalán, en valor de cambio es una perversión. Aunque no he firmado ningún manifiesto, ni lo pienso hacer, porque me parece que no se puede utilizar la defensa del castellano para machacar a nadie", señala Gutiérrez Aragón.

"Cuando se quiere acabar con las políticas de discriminación positiva de nuestras lenguas", dice Suso de Toro, "se quiere acabar con nosotros, sus hablantes. Hágase cuenta de a qué España conduce la exclusión. Más bien, piénsese, ¿esta España protege, difunde, hace suya la cultura y la vida ciudadana que se expresa en esas lenguas? Búsquese en la prensa estatal, en las televisiones... ¿Dónde están?"

"Efectivamente [lo dice el manifiesto], son los ciudadanos los que tienen derechos, no los territorios. Pero los ciudadanos no viven solos, así que existen los derechos de las comunidades lingüísticas", asegura el lingüista Daniel Cassany. "No se trata de que todos se expresen en alguna de las dos, sino que se puedan expresar en la que quieran", añade.

Si se trata de derechos, vayamos a la Filosofía del Derecho. El catedrático de esta área en la Autónoma de Madrid Francisco Laporta comienza aclarando que "en el sistema público es ilegal no enseñar las dos lenguas" y que "tan estúpido es el españolismo como su contrario".

También es catedrático de Filosofía del Derecho uno de los padres de la Constitución, Gregorio Peces-Barba, que explica que las cosas son inseparables de su contexto. "Si la pregunta es si es injusto que alguien no pueda estudiar en castellano como lengua principal la respuesta es sí. Pero si pregunta por el manifiesto, está impulsado por un grupo muy minoritario que quiere crecer [el partido de Rosa Díez] y eso quita legitimidad a las verdades".

Mucho se ha hablado estas semanas del uso de la lengua como arma arrojadiza cuando el bilingüismo es una riqueza de España, de la utilización partidista de la lengua, de la apropiación de unos y otros idiomas por parte de unas y otras ideologías. Savater no niega que su manifiesto es político, ya lo dice la segunda frase, pero se trata de que "nadie tiene por qué sentirse extranjero en su país" y que "la política es una obligación de los ciudadanos". A la identificación con la derecha, responde: "las normas discriminatorias de Baleares y Galicia las hizo el PP; y también nos han llegado quejas de padres de Valencia".

Peces-Barba también culpa a todos los partidos: "El concepto de lengua propia es inventado. Por negligencia de todos, se ha forzado la Constitución. Sólo hay una lengua general y no puede ser secundaria". Peces-Barba recuerda que la segunda ley del catalán, que nadie recurrió al Constitucional, llegó con la primera legislatura del PP en el Gobierno.

Haciendo un esfuerzo por separar la polémica de bandos preconcebidos, podría resumirse el conflicto en la pregunta: ¿Hasta dónde es lícito llegar para proteger el catalán, el gallego o el euskera?