El Gobierno, dispuesto a estudiar que se alargue la vida útil de las centrales nucleares
Se trataría de una propuesta de los sindicatos en el marco del pacto social y de las pensiones
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, ha mostrado hoy la disposición del Gobierno a estudiar la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares, tal y como habrían planteado los sindicatos en la negociación del pacto social y de las pensiones.
"Se trata de que haya un acuerdo global no solamente en un área, y si los sindicatos piden que se alargue la vida útil de las centrales nucleares -que expira a partir del año 2021-, es algo que se tendrá que analizar", ha señalado Sebastián en una entrevista en la Cadena SER. El ministro, no obstante, ha asegurado que un eventual acuerdo en este sentido "no afectaría a la central de Garoña (Burgos) ", cuyo cierre -en 2013- es "una decisión firme". "Entiendo que la extensión de la vida útil de las centrales que pedirían los sindicatos se referiría al resto de las nucleares", ha apuntado.
El periódico La Vanguardia publica hoy que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero acepta revisar su política nuclear en el marco del pacto social y, en todo caso, "condicionado a que salga adelante el retraso de la edad de jubilación".
Con respecto al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta radiactividad, cuya ubicación aún está por decidir, el ministro ha manifestado que "merece la pena esperar un poco para ver si se consigue el acuerdo y, llegado el momento, el Gobierno tendrá que imponerlo si no se logra". Sebastián ha defendido que "la alternativa de construir almacenes individuales en cada central es mucho más cara y más insegura que el almacén centralizado".
Tras afirmar que el ATC no conlleva ningún riesgo, Sebastián ha concluido con su deseo de decidir "lo antes posible" la ubicación del silo y, de este modo, no tener que seguir pagando a Francia alrededor de 60.000 euros diarios por el almacenaje de residuos nucleares de Vandellós I (Tarragona). España debería haberse hecho cargo de estos desechos a partir del pasado 31 de diciembre, tal y como establecía el contrato firmado con el Gobierno galo, pero como no ha sido así tiene esta penalización económica.
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