Fronteras de quita y pon

"¿Acaso quiere usted una cola de 1,2 millones de vehículos este verano esperando a pasar un control de fronteras en Holanda?". Una eurodiputada europeísta saltó como una furia con esa pregunta a la intervención euroescéptica y antischengen del eurodiputado holandés Daniel van der Stoep. El interpelado no respondió directamente, pero reiteró su opinión: "Antes éramos dueños de nuestro destino. Ahora tenemos a 25.000 tunecinos circulando por Europa. No había ni que haberles permitido entrar". Ese intercambio en el debate en la Eurocámara sobre Schengen y la política migratoria de la UE -puestos en cuestión por la primavera árabe en el Norte de África y los intentos de Nicolas Sarkozy y Silvio Berlusconi de restringir la libertad de movimientos en la UE- resumió en un fogonazo el estado de la cuestión, encarnado en la resurrección de los pasaportes para cruzar fronteras europeas que se creían desaparecidas y que ahora se revelan como fronteras de quita y pon.

"Bruselas debe intervenir ante esta degeneración", dice de un 'think tank'

La UE detectó 570.000 residentes ilegales en 2009 y repatrió a 250.000

Bonino: "Cerrar las puertas es señal de que Europa no está sana"

Shultz: "No hay que ceder al populismo de dos gobernantes contra las cuerdas"

También el jefe de los eurosocialistas, el alemán Martin Shultz, empadronado en una localidad vecina a la confluencia de las fronteras de Alemania con Bélgica y Holanda, se preguntó en el debate: "¿Acaso voy a tener que usar el pasaporte para cruzar de Aquisgrán a Maastricht?". "No, ni usted ni yo debemos esperar controles de pasaportes", le respondió con ironía el verde Daniel Cohn-Bendit. "El control será facial. Los de piel oscura o los diferentes no pasarán. Será una Europa a la carta", dijo, recordando la vieja Europa a la carta en la que no había lugar para los judíos. "Esa era la Europa que teníamos".

Que teníamos, de la que habíamos creído salir con el sueño de la construcción europea y que ahora asoma amenazadoramente por un horizonte en el que populistas, nacionalistas y xenófobos sacan réditos mayúsculos de una sociedad desencantada, en crisis económica, que asocia emigrantes con delincuencia, se siente molida a impuestos y burlada por una clase política cortoplacista e incompetente. El eurodiputado Van der Stoep es uno de los beneficiarios de la situación. Su Partido por la Libertad, liderado por el efectista Geert Wilders, es la tercera fuerza política de los Países Bajos y en las euroelecciones de 2009 fue el segundo más votado por los holandeses.

Pero ninguno ha conseguido tanto como el Partido Popular Danés, tercera fuerza política del país con un programa xenófobo, que ayer forzó al Gobierno centroderechista de Copenhague a imponer este mismo mes controles en sus fronteras con Alemania y Suecia, con la excusa de combatir la inmigración ilegal y la delincuencia organizada, según su líder, Pia Kjaersgaard.

"No hay que ceder ante las medidas populistas de dos jefes de Gobierno con la espalda contra la pared", reclama Shultz en referencia a a Sarkozy y Berlusconi, acuciados ambos por las urnas y presiones por su flanco derecho, que han conseguido que la Comisión Europea estime digna de consideración su propuesta de retocar Schengen para facilitar la reintroducción de controles fronterizos.

"Cerrar otra vez las fronteras y modificar Schengen por 20.000 tunecinos o menos es un claro ejemplo de que Europa no está sana", comentaba la excomisaria europea Emma Bonino antes de la decisión del Gobierno danés. Las cifras muestran la verdadera dimensión del problema, un problema menor que puede degenerar en uno de grandes proporciones si se cede al populismo. Según datos de la UE, el número de ciudadanos no comunitarios que residían irregularmente en la UE en 2009 y fueron descubiertos rondaba los 570.000, año en que fueron repatriados alrededor de 250.000. Con el 7,3% de su población, España es el país comunitario (excepción hecha de dos bálticos por la fuerte impronta rusa) con mayor presencia de naturales de países no pertenecientes a la Unión.

Al cuarto de siglo de su concepción en la pequeña localidad luxemburguesa de Schengen, fronteriza con Francia y Alemania, y a los 16 de vida real, está contra las cuerdas el acuerdo para la libertad de circulación en Europa, uno de los grandes logros de la construcción europea perceptibles por los ciudadanos.

Pertenecen a Schengen 22 países de la UE (son la excepción Irlanda, Reino Unido, Chipre, Bulgaria y Rumanía) y los extracomunitarios Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein. No hay en ellos controles en el movimiento de personas, siempre y cuando se hayan adoptado "las medidas adecuadas con respecto a los controles en la fronteras externas", como estipula el acuerdo. Todos los países tienen fronteras externas (un viajero que llegue a Viena por avión desde un país que no pertenezca a Schengen pasará un control de pasaportes, aunque luego ya se podrá mover por el área Schengen sin cortapisas), pero la geografía hace que algunos Estados, en especial los mediterráneos y el sureste de Europa, se hayan convertido en fronteras terrestres de la Unión.

Schengen es un descomunal ejercicio masivo de confianza mutua porque automáticamente los socios del club reconocen las decisiones sobre acceso de personas a la zona que toma uno de ellos. De ahí que los controles trasciendan el interés nacional para convertirse en materia de interés y preocupación de todos los países del área Schengen. Esa confianza es la que ha saltado por los aires en el pulso entre Roma y París por la llegada a Italia de más de 20.000 tunecinos y el deseo italiano de quitárselos de encima exportándolos a Francia y otros países de la Unión. En el pulso se ha visto metida de mala manera la Comisión, a la que el presidente francés y el primer ministro italiano han pedido que examine "la posibilidad de restablecer temporalmente los controles en las fronteras interiores en caso de dificultades excepcionales en la gestión de las fronteras exteriores comunes".

Ante la primavera árabe y, en particular, la guerra civil en Libia, Italia ha venido pronosticando un éxodo de proporciones bíblicas hacia Europa, y ha pedido infructuosamente ayuda a los otros socios europeos para hacer frente a la vanguardia de ese éxodo. Como los europeos no se han conmovido con la jeremiada romana ni creen que el país esté al borde de la invasión, Berlusconi y su ministro de Interior, Roberto Maroni, pilar de la xenófoba Liga Norte, decidieron el mes pasado cortar por lo sano y conceder "un permiso temporal de residencia a los emigrantes que han manifestado su intención de ir a otro Estado" de la Unión, en confesión parlamentaria del propio Maroni, reveladora del juego sucio político con los socios comunitarios.

La Francia de Sarkozy solo necesitó 24 horas para contraatacar. Su ministro de Interior, Claude Guéant, cuestionó la legalidad de los permisos concedidos por Maroni, ordenó a sus policías que controlaran a los emigrantes sospechosos y que les aplicaran estrictamente una serie de criterios para estar en Francia, entre ellos el de contar con un documento válido de viaje (por ejemplo, un pasaporte con visado) y tener suficientes recursos financieros (31 euros por día de pretendida estancia en el país, unos 900 euros mensuales). Los otros ministros de Interior de la UE, que también habían cuestionado la legalidad de la iniciativa italiana, se hicieron solidarios de las medidas francesas y aplaudieron. "Les vamos a pedir papeles que no tienen, así que los tunecinos no se van a mover de Italia", celebró irónicamente en Luxemburgo Alfredo Pérez Rubalcaba.

Pero se han movido, y a Francia han llegado unos 3.500, catalizadores de la propuesta de Sarkozy y Berlusconi de poner orden en su carrera de medidas unilaterales mediante el arbitraje de la Comisión para sus planes de restablecer nuevos controles fronterizos. La improvisada nueva política francesa quedó en evidencia el domingo de Ramos en Ventimiglia, cuando se impidió la entrada desde Italia del Tren de la Dignidad en que viajaban unos centenares de activistas italianos y franceses junto a unas decenas de tunecinos. El inesperado cierre unilateral francés del área Schengen sacudió los cimientos de la UE.

La comisaria de Interior, Cecilia Malmström, niega que la llegada a Italia de los tunecinos ponga al país en situación límite y son muchas las voces en la UE que subrayan cómo la auténtica crisis migratoria es la que afrontan Túnez y Egipto con la llegada de unos 600.000 refugiados que huyen de Libia.

A la hora en que Estados Unidos abre la mano a la regularización de millones de indocumentados, Malmström va a discutir hoy por primera vez con los ministros de Interior de la UE su estrategia sobre la migración, con múltiples vertientes por desarrollar, en la que introduce las ideas de Sarkozy y Berlusconi para retocar Schengen. A ella, liberal, no le terminan de convencer las pretensiones de ambos dirigentes e insiste en que lo que hasta ahora ha sido una gestión intergubernamental de Schengen pase a la esfera comunitaria, una vieja idea ya rechazada por los Gobiernos.

En su estrategia, Malmström reconoce, sin detallar todavía cómo y a la espera de escuchar a los ministros, que "puede ser necesario introducir un mecanismo que permita decidir a nivel europeo cuáles serán los Estados que volverán a introducir con carácter excepcional el control en la frontera interior y por cuánto tiempo". La comisaria insiste en que "este mecanismo se utilizaría como último recurso en situaciones verdaderamente críticas".

Los acuerdos de Schengen "fueron muy difíciles de negociar", recuerda Javier Solana, ministro en el Gobierno con el que España se sumó en 1991 al pacto. "No debemos cambiar nada. No hay que ir hacia atrás", mantiene quien fuera coordinador de la política exterior de la Unión. La marcha atrás sería tanto en la imagen exterior de una UE que se encierra en sí misma como entre los propios socios. "La fuerza tras la propuesta de Sarkozy y Berlusconi no es la confianza mutua y la solidaridad, sino la desconfianza", señala Yves Pascouau, del European Policy Center, un centro de estudios de Bruselas. "Supondría un giro de 180 grados en la filosofía sobre la que descansa Schengen".

Más dramática es la conclusión a que llega Massimo Merlini, del Centre for European Policy Studies, otro think tank bruselense y coautor de un estudio sobre Schengen y el affair franco-italiano. "Está en juego la libertad de circulación, un pilar fundamental de la UE. La propuesta de Sarkozy y Berlusconi es un paso atrás en el proceso de integración europea", dice Merlini. "Lo que estamos viendo es un escenario preocupante. La UE debe intervenir para atajar esta degeneración".

Los ministros de Interior de los Veintisiete, divididos sobre los planes de Sarkozy y Berlusconi -"eso es matar moscas a cañonazos; Schengen tiene sus mecanismos para responder a situaciones nuevas", dice Rubalcaba-, comienzan hoy a preparar el trabajo para que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE diriman la cuestión en el Consejo Europeo de finales de junio. José Manuel Durao Barroso aseguró en la Eurocámara que resistirá las presiones de populistas y extremistas. Los hechos demuestran que Sarkozy pastorea a placer los bueyes de la Unión. Y Berlín apoya sus planes para Schengen. Lo mismo que Dinamarca, que predica con el ejemplo, Holanda y Austria.