El Consejo de Europa defiende que el aborto es un derecho

El aborto es un derecho, la libertad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo debe ser respetada y los Gobiernos tienen que garantizar que la interrupción voluntaria del embarazo sea una práctica accesible y segura. Así de contundente, asumiendo las tradicionales revindicaciones de las asociaciones feministas, se ha pronunciado el Comité de Igualdad del Consejo de Europa -formado por 47 países europeos- en un informe aprobado por amplia mayoría y hecho público ayer.

Los 47 países deben garantizar que esta práctica sea accesible y segura

La norma española lo considera delito, sólo despenalizado en tres supuestos

El documento llega en un momento de auge de los movimientos antiabortistas. España ha vivido una intensa campaña en los últimos meses, con pintadas, manifestaciones e incluso agresiones al personal de las clínicas que interrumpen embarazos, y en Italia numerosos colectivos vinculados a la Iglesia católica quieren que se restrinja el aborto por malformaciones fetales: varias facultades de medicina han pedido incluso que se reanime a los fetos de mujeres que hayan abortado.

En el caso de España, uno de los pocos países europeos que no tiene una ley de plazos, los principios proclamados en el informe del Consejo de Europa no se cumplen. El aborto está despenalizado en tres supuestos, pero no es un derecho reconocido; está dentro del Código Penal. Las mujeres no tienen libertad para decidir, sino que son los médicos los que señalan si la mujer está dentro de alguna de las indicaciones legales. Y no en todas las regiones se puede interrumpir el embarazo fácilmente: en Navarra, por ejemplo, no hay ningún centro público ni privado que lo haga, así que las navarras tienen que trasladarse de comunidad autónoma cuando desean abortar.

"Esperemos que esta declaración no quede en papel mojado y que los Estados tomen nota", señala Justa Montero, de la Asamblea Feminista. "Que se afirme que el aborto es un derecho constituye un paso muy importante. El nuevo Gobierno que forme el PSOE debería reconocerlo como tal también. Es un compromiso que no pueden desatender, porque es la única manera de resolver los problemas que se están dando. Mantener el aborto en el código penal no hace más que acrecentar la vulnerabilidad de las mujeres y envalentonar a aquéllos que defienden posiciones ultracatólicas y antiabortistas", concluye Montero. La Federación de Asociaciones de Planificación Familiar ha denunciado en reiteradas ocasiones que en España la ley no defiende los derechos reproductivos de las mujeres.

El informe del Consejo de Europa, que será debatido en el pleno de la Asamblea Parlamentaria el mes próximo, invita a despenalizar el aborto en todos los países europeos y a mejorar las condiciones de acceso. La situación es muy distinta según los Estados. En Malta y en Andorra el aborto está prohibido. En Irlanda e Irlanda del Norte se permite pero sólo en los casos en que la vida de la madre corre un peligro grave. Otros países, como España, Reino Unido o Finlandia, lo han despenalizado sólo en algunos supuestos como violación, malformaciones fetales y riesgo para la salud física o psíquica de la madre -y en algunos países se permite también por problemas socioeconómicos de la mujer-. Pero la mayoría de los Estados europeos (al menos 32 de los 47 que integran el Consejo de Europa) ha adoptado una ley de plazos que autoriza el aborto libre y voluntario en las primeras semanas de embarazo. El plazo es de 12 semanas en la mayor parte de los países, como Francia o Alemania. En Holanda es de 24. Casi todos permiten, además, interrupciones de embarazos posteriores por causas muy específicas, como riesgo grave para la vida de la mujer o del feto. La ley de plazos es la única que supone, de hecho, el reconocimiento del aborto como derecho de la mujer.

Otra de las críticas del informe se centra en las dificultades para tener un aborto seguro en algunos países. "Incluso en los Estados en los que el aborto es legal, las condiciones no son siempre suficientes para garantizar el acceso efectivo de las mujeres", señala la diputada austriaca Gisela Wurm, autora del informe. "La escasez de médicos que aceptan practicar los abortos o los plazos obligatorios de reflexión o de espera son algunas de las condiciones que pueden dificultar el aborto".

El informe recuerda, finalmente, que el aborto no puede ser, en ningún caso, un "medio de planificación familiar", por lo que recomienda que se potencien "el acceso a una contracepción con un coste razonable y la educación sexual obligatoria de los jóvenes en las escuelas". Los países con menores índices de abortos, Alemania, Bélgica y Holanda, son también los que tienen una legislación más permisiva. Sus planes de estudio incluyen la asignatura de educación sexual.