La Comisión Europea investiga la nueva financiación de RTVE

La Comisión Europea ha abierto una investigación sobre el nuevo sistema de financiación de la Corporación RTVE por tener dudas de que los nuevos gravámenes se atengan a las normas de la UE sobre redes y servicios de comunicaciones electrónicas y abran la vía a la competencia desleal. La medida anunciada ayer en Bruselas deja en evidencia a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que en septiembre se entrevistó con la comisaria de Competencia Neelie Kroes y aseguró que no había dudas de que la nueva RTVE no haría competencia desleal.

Kroes manifestó ayer en un comunicado que "la Comisión no pone ninguna objeción a la supresión de anuncios en la televisión pública", pero que al tiempo tiene que "evaluar la manera en que se financia la reforma".

De la Vega había afirmado que en Bruselas no había dudas

No se pone en cuestión el modelo, sino la forma de financiarlo

Con el cambio del modelo de financiación, el Gobierno puso fin este verano a un sistema mixto (recursos publicitarios y subvención) que se había demostrado inviable. La raquítica subvención que RTVE recibía de las arcas públicas le llevó a acumular una deuda cercana a los 8.000 millones de euros, que finalmente fueron enjugados por el Estado. El nuevo sistema garantiza para el próximo bienio unos ingresos de 1.200 millones de euros en cada ejercicio. A cambio de no emitir publicidad en TVE, las cadenas privadas aportarán un 3% de sus ingresos anuales (un 1,5% en el caso de las emisoras de pago) y las empresas de telecomunicaciones cederán el 0,9%. Además, la Corporación recibirá el 80% de la tasa que cobra el Estado por la utilización del espacio radioléctrico y un buen pellizco de los Presupuestos Generales del Estado (alrededor de 550 millones de euros). La televisión pública dejará de emitir anuncios el próximo 1 de enero.

Bruselas subraya que los Gobiernos de la Unión tienen concedido un amplio margen de autonomía sobre el modo de financiar los servicios de radiodifusión pública supeditado a que no haya discriminación entre operadores y a que tampoco exista compensación excesiva. Tales extremos son los que la Comisión sigue sin tener claros, pese a que las autoridades españolas han cooperado activamente a posteriori en las pesquisas, dado que no lo hicieron antes de que se aprobara la reforma.

Los inspectores comunitarios quieren determinar si el nuevo régimen excluye la posibilidad de una compensación excesiva, porque de no ser así sería a costa de los rivales y, por lo tanto, se incurriría en competencia desleal.

La apertura de la investigación no suspende el proceso. Sin embargo, no sólo permite a la Comisión examinar las medidas al detalle, sino que ofrece a terceros la posibilidad de presentar alegaciones. La Asociación Española de Operadores de Telecomunicaciones (Redtel), integrada por Telefónica, Vodafone, Orange y Ono, dijo ayer que se va a personar en el proceso, informa Europa Press.

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Elena Salgado, ayer en Bruselas para un consejo de ministros de Economía, quitó hierro a la intervención comunitaria, que equiparó a otras realizadas sobre otros países, y aseguró que no tendrá ningún efecto sobre los presupuestos de 2010.

De hecho, el procedimiento abierto contra España es similar al que Bruselas inició contra la reforma de la televisión pública francesa. La fórmula diseñada por Sarkozy fue parcialmente aplicada por el Gobierno de Zapatero para perfilar una RTVE sin anuncios y financiada con aportaciones de las televisiones privadas y de los operadores de telecomunicaciones. Pero "a diferencia de lo que hizo Francia, España sí comunicó a la Comisión que se trataba de ayudas del Estado", afirman fuentes próximas al Ejecutivo, porque "cualquier ayuda de Estado tiene que ser evaluada y admitida, sea en materia de televisión o de carreteras". Otras fuentes admiten, sin embargo, que España no detalló suficientemente esas ayudas de Estado, "y ahora Bruselas reivindica sus competencias".

Fuentes de la corporación insisten en que no se plantean dudas sobre el modelo: "La única duda se refiere a las aportaciones de las compañías de telecomunicaciones. La Comisión pide información, y eso no significa que considere que no son compatibles con el Tratado de la Unión. No prejuzga nada. Sólo dice que lo tiene que estudiar". La ley española establece, por un lado, que un 0,9% de los ingresos anuales deben destinarse a RTVE y, por otro, que la aportación global de las telecos no podrá superar un porcentaje del presupuesto total de la radiotelevisión pública, que para el próximo año es de 1.200 millones de euros. "Si las empresas de telecomunicaciones aumentaran su actividad, su aportación bajaría incluso del 0,9%", añaden las mismas fuentes.