Castilla-La Mancha amenaza con multar el cierre de farmacias

A falta de acuerdo, amenaza. El director general de Calidad, Planificación, Ordenación e Inspección de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, Javier Hernández Pascual, advirtió ayer de que el cierre que pretenden hacer hoy unos 1.200 farmacéuticos no está autorizado. "Incumple la reglamentación" y puede ser considerado como "una falta grave", señaló, lo que implica multas que pueden rondar los 3.000 euros.

Es la última respuesta del Ejecutivo que preside María Dolores de Cospedal al cierre patronal -el primero en la historia- acordado estos días por los propietarios de las oficinas de farmacia, a quienes la Junta adeuda el importe de las facturas desde mediados de mayo (unos 125 millones de euros). Los boticarios han acordado el cierre con el mantenimiento de un servicio similar a los de las guardias de festivos (aproximadamente, un tercio de los establecimientos).

Hernández Pascual recordó: "La oficina de farmacia es un establecimiento sanitario privado de interés público", según se recoge en la legislación, que "promueve el interés público mediante una reglamentación orientada a garantizar el derecho de la población a la asistencia farmacéutica continuada", según informó en una nota de prensa la Junta de Comunidades.

Asimismo, indicó: "El reglamento farmacéutico atribuye a la interrupción unilateral del servicio farmacéutico por parte de la oficina de farmacia la consideración de infracción grave".

Según Hernández Pascual, la legislación vigente "no contempla el cierre del establecimiento por motivos económicos".No hubo fraude en los aceites de oliva virgen extra analizados por la Consejería de Salud y Consumo de Andalucía después de que una inspección constatara que el producto no se correspondía con lo que anunciaba su etiqueta. La consejera, María Jesús Montero, admitió ayer que "la mayoría" de las aceiteras a las que se les abrió expediente sancionador han podido demostrar que contaban con análisis del momento del envasado que garantizaban la calidad del producto por lo que "el problema" radica en las condiciones de conservación. Montero explicó que el aceite de oliva virgen extra puede perder cualidades organolépticas si no se cumplen determinadas condiciones de conservación, por lo que los responsables de las anomalías detectadas no serían las aceiteras sino que algo habría fallado en la distribución y comercialización.