Castilla-La Mancha acepta que el médico de familia objete al aborto

El primer registro oficial de médicos objetores de conciencia ante la ley del aborto, el que ha puesto en marcha Castilla-La Mancha, irá más allá de lo previsto. El Gobierno autonómico ha acordado con sus colegios profesionales que se permita declararse objetor a los médicos de familia, los encargados de dar la primera información y derivar a las embarazadas al especialista.

La ley del aborto -en vigor desde el 5 de julio- determina que son los profesionales sanitarios "directamente implicados" en la interrupción voluntaria del embarazo quienes pueden objetar a la prestación. Un concepto vago para algunos, que para el ministerio de Sanidad -aunque no sobre un papel- se traduce en ginecólogos, enfermeros o anestesistas. "Los que llevan a cabo directamente la prestación, los que la practican", aclaró el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, hace algo más de un mes. Una definición que contradice ahora la Junta de Castilla-La Mancha (gobernada por el PSOE).

La Junta dice que la objeción en atención primaria no es una barrera

La decisión de esta región -que concierta sus intervenciones con centros privadas- coincide con un auto del Tribunal Superior de Justicia autonómico. En él se dictamina de manera cautelar, tras la reclamación del Colegio de Médicos de Toledo, que los profesionales de atención primaria también puedan inscribirse en el registro que la Junta reservaba a ginecólogos, enfermeros, anestesistas o matronas; únicos profesionales que, hasta ahora, consideraba "directamente implicados". Hasta el 14 de septiembre se habían inscrito ya en el listado 338 personas.

Lo ocurrido en Castilla-La Mancha vuelve a subrayar las diferencias en la implantación de la nueva ley en las distintas comunidades. Algunas, como Navarra -que deriva todas sus interrupciones a otras autonomías- o Madrid aseguran que permitirían también que estos profesionales objeten. Ambas aclaran, sin embargo, que aún no se ha dado ningún caso, según los portavoces de Sanidad. Otras, como Asturias o Andalucía, sostienen que, con la ley en la mano, solo pueden objetar los profesionales que tengan relación directa en la prestación. En ese grupo, afirman, no entrarían los de atención primaria.

Estas incertidumbres y divergencias se habrían evitado si el proyecto de regulación de la objeción de conciencia que preparaban Justicia y Sanidad -y que, de hecho, estaba previsto en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva- no hubiera quedado aparcado en un cajón. La normativa, sin embargo, no verá por ahora la luz. El riesgo de que no pase el corte en el Tribunal Constitucional -que tiene pendiente pronunciarse sobre un recurso del PP y del Gobierno de Navarra sobre la ley del aborto- era demasiado grande.

Pero la carencia de una regulación específica para un tema tan polémico crea enormes problemas, según ERC, IU e ICV. El grupo formado por estos tres partidos presentó hace dos meses una proposición no de ley en el Congreso, en la que solicitaban que se desarrollase una normativa para reglamentar la objeción de conciencia médica. Necesidad que comparte el presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín. "La ley no deja claro quienes son los profesionales directamente implicados en la prestación del aborto. Debería regularlo porque la objeción de conciencia no puede suponer un límite a los derechos que la ley da al ciudadano", cree.

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, asegura, sin embargo, que su decisión, tomada tras reunirse con los representantes de los colegios de médicos y previa al dictamen del TSJ de esa comunidad, no supone ningún problema para la mujer, y que la prestación seguirá desarrollándose con normalidad. "Que un médico de atención primaria pueda objetar no crea barreras a la mujer, este la derivará a otro colega que no tenga problema de conciencia para darle la información", dice Lamata.

El Ministerio de Sanidad, que dirige Trinidad Jiménez, no se pronunció ayer sobre la decisión castellanomanchega. La directora general de Igualdad, Isabel Martínez, declaró que ambos ministerios vigilan el cumplimiento de la nueva ley. "El espíritu de la ley definía que la objeción era para los profesionales directamente implicados para que los que no lo estuvieran no pudieran intervenir para mermar los derechos de la mujer", afirmó.