Bruselas lleva a los tribunales la financiación de RTVE

Las amenazas de la comisaria de la Agenda Digital, Neelie Kroes, se han cumplido. La Comisión Europea ha denunciado a España -también a Francia- ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo por imponer una tasa a las compañías de telecomunicaciones para financiar la televisión pública. Esta medida estaba condenada a terminar en los tribunales: si no recurría Bruselas, lo hubieran hecho las telecos.

La ley obliga a estos operadores a destinar el 0,9% de sus ingresos brutos anuales a las arcas de RTVE, canon por el que la Administración española espera recaudar unos 230 millones de euros al año. Pero Bruselas considera que este gravamen no es compatible con las normas de la UE en materia de telecomunicaciones, ya que la tasa va destinada a un sector distinto (el audiovisual). De hecho, el discutido 0,9% se aplica desde hace un año para compensar el fin de los ingresos publicitarios en TVE.

El Gobierno invoca su autonomía fiscal para defender la reforma

Por eso, Bruselas asegura que la tasa que se recauda entre las compañías de telecomunicaciones puede limitar las inversiones de las operadoras en la mejora de las redes y en la prestación de servicios, lo que al final repercutiría en sus clientes. Las tasas, dice la Comisión Europea, han de ser objetivas, transparentes y proporcionales y siempre han de ir destinadas a sufragar costes relacionados con el sector.

El Gobierno de Zapatero está decidido a defender hasta el final la legalidad del actual sistema financiero de RTVE, que también grava a las televisiones privadas en abierto (con el 3% de sus ingresos cada año) y de pago (el 1,5%). Aunque no todo han sido varapalos. Bruselas aceptó el año pasado la tasa impuesta a estas cadenas, que a la postre han sido las grandes beneficiadas de la desaparición de los anuncios en TVE. Y tampoco se opuso a que la radio y la televisión pública recibiera la mayor parte de la tasa que el Estado recauda por el uso del espacio radioléctrico. Además, la corporación completa su presupuesto con una importante subvención estatal.

Pero la comisaria Kroes se ha mostrado intransigente en cuanto a las aportaciones de las telecos. La denuncia que ahora se presenta ante el Tribunal de la UE no paralizará los compromisos de pago. Los grandes operadores de telecomunicaciones -Telefónica, Vodafone, Orange y Ono, agrupadas en Redtel- aseguran que van a seguir abonando las cuotas que les corresponden (hasta ahora han desembolsado unos 200 millones de euros). Aunque las últimas autoliquidaciones no han satisfecho a RTVE, que cerrará 2010 con un agujero próximo a los 50 millones de euros, según las cuentas presentadas por el presidente de RTVE. Alberto Oliart, al Consejo de Administración.

Mientras tanto, el Gobierno espera que el Tribunal de Luxemburgo dé luz verde al nuevo sistema (importado casi milimétricamente de Francia) y reconozca la autonomía fiscal de España. El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, admitió ayer que ha intentado convencer a la comisaria Kroes de la legalidad del regimen financiero de RTVE. El Gobierno insiste en que la tasa de las telecos no puede considerarse como una doble imposición porque no se aplica a todas las operadoras indiscriminadamente, sino solo a las que ofrecen servicios audiovisuales.

Al hilo de la decisión de Bruselas, el PP asegura que Zapatero ha generado "un colosal caos en RTVE" al diseñar un modelo de financiación que "se ha ido a pique".