Bruselas busca la fuente de energía perfecta

La Unión Europea prometió en 2009 reducir las emisiones de CO2 hasta el 95% de aquí a 2050. Los planes de la Comisión Europea para alcanzar esa meta prevén un mayor peso de la electricidad, lo que acarreará grandes inversiones e importantes subidas en el recibo de la luz. Para 2030 se prevé un aumento del coste de la electricidad del 50%, respecto a 2005. A largo plazo, sin embargo, prometen precios estables, ahorro energético y una reducción de las emisiones de cerca del 95% respecto de 1990. En concreto, la Comisión propone cinco escenarios distintos, todos ellos con una importante reducción de las emisiones, pero con fórmulas diferentes para alcanzarla. La cuestión es qué fuentes de energía se priorizan.

Una apuesta es el ahorro energético, con duros requisitos a los nuevos edificios

La electricidad será la energía clave. Se doblará la demanda, sobre todo por su uso en el transporte y en las calefacciones de los hogares. ¿De dónde procederá? Todos los escenarios pronostican un fuerte crecimiento de las fuentes de energía renovables. El más conservador de ellos, con todas las fuentes en igualdad de condiciones, da a las renovables una cuota de más del 50% en la generación de electricidad ya a partir de 2030, cuando hoy solo es del 18%. En 2050 llegaría al 60% como mínimo. Un segundo escenario, en que se priorizara este tipo de energía supondría que en 2050 hasta un 86% de la producción eléctrica sería de fuentes renovables. Pero precisaría una gran interconexión entre todas las redes europeas y de regiones como el norte de África. Y sería necesario avanzar en el almacenaje de la energía, todo ello para asegurar el suministro en caso de que las condiciones climáticas no permitan producir suficiente en un lugar concreto. Estas medidas significan inversiones y por lo tanto, precios más altos. De hecho, este es el escenario que supone una mayor subida del precio de la electricidad, que podría llegar a duplicarse para 2050.

Otro escenario (el tercero) especula con una apuesta decidida por el ahorro energético. Imponiendo duros requisitos mínimos a los nuevos edificios y potenciando la renovación de los ya construidos se lograría reducir el consumo más de un 40%. Sumado a las medidas ya planeadas a día de hoy, permitiría reducir las emisiones hasta el objetivo marcado. Este sería el escenario que supondría mayores inversiones, sobre todo a nivel de particulares, y el que resultaría en un recibo más barato.

Aunque se potencien las renovables, el informe de la Comisión avisa de que no se pueden descartar (cuarto escenario) otras fuentes cuya producción de electricidad se pueda adaptar mejor a la demanda. Las centrales térmicas de gas son la mejor opción por las reservas todavía abundantes de ese combustible pero son necesarias nuevas tecnologías para hacerlas compatibles con la reducción de las emisiones. La Comisión confía mucho en el desarrollo de sistemas de captura y almacenaje de carbono. Estos sistemas, que se deben instalar en las centrales térmicas, son una especie de filtro que podría retener más del 90% del CO2 que se genera por el funcionamiento de la central. Esta tecnología, sin embargo, está en fase de desarrollo y su uso consume mucha de la energía que genera la misma central, encareciendo la electricidad. Todo ello sin contar con la cuestión de almacenar el CO2 capturado, problema al que todavía no se ha encontrado una solución definitiva. Un retraso en el desarrollo de esta tecnología, que la Comisión espera tener disponible en 2020, haría necesaria una mayor dependencia de la energía nuclear.

El último escenario planteado por la Comisión consiste en reducir al mínimo el uso de energía nuclear y compensarlo con un mayor uso de centrales térmicas con sistemas de captura y almacenamiento de carbono.

El documento de la Comisión quiere dirigir los esfuerzos a reducir las emisiones, pero con medidas coherentes y estables. La incertidumbre generada por las diferentes políticas energéticas que han adoptado los miembros de la Unión Europea hasta ahora han supuesto una gran pérdida de competitividad respecto a las empresas asiáticas y norteamericanas. En concreto, los cambios legislativos han costado a los inversores más de 200.000 millones de euros según un informe de Citigroup. El mismo informe señala a España como el país europeo con más riesgo para las empresas energéticas, en especial por el déficit tarifario, que cifra en 4.000 millones de euros para 2011.