Benvinguts al Senat espanyol
La Cámara alta se plantea generalizar el uso de las lenguas cooficiales - Ya se hacía, pero la idea es tachada ahora de ridícula y despilfarro
Dijo Esperanza Aguirre, el 5 de abril de 2000, en su discurso de toma de posesión como presidenta del Senado: "Espanya és una nació plural. La pluralitat és, precisament, un dels principals trets constitutius de la nostra realitat nacional, de la qual extraiem un intens enriquiment humà, cultural, social i econòmic per a tots els espanyols". Lo repitió en gallego, euskera y castellano. Los senadores aplaudieron sus palabras y el simbólico gesto.
Cinco años después, el 29 de junio de 2005, el Senado aprobó que se pudieran hablar todas las lenguas oficiales de España en la Cámara. El uso de gallego, euskera, catalán y valenciano es libre sólo dentro de la Comisión de Comunidades Autónomas, que cuenta con traducción simultánea al castellano. El acuerdo fue por unanimidad de los grupos, PP y PSOE incluidos.
Catalán, gallego y euskera se hablan desde 2005 sólo en una comisión
La propuesta se pone el límite de que no suponga un coste extraordinario
Sólo el PP está en contra y lo cree costoso, ineficiente y ridículo
El debate jurídico no está resuelto, pero nadie ha pedido un informe
Aguirre habló en cuatro lenguas hace diez años al ser elegida presidenta
"No es un tema de practicidad, sino de respeto", dice un senador del PSC
No hay muchas oportunidades de verlo, pues la comisión no se reúne a menudo y el Gobierno, entre el pavor y la pereza, hace todo lo que puede por no comparecer en ella. Pero en esta comisión se han tramitado todas las reformas de estatutos de autonomía y han comparecido varios miembros del Gobierno. Sus vídeos, con traducción, están disponibles en Internet.
Hoy, otros cinco años después, el debate es mayúsculo cuando 34 senadores han propuesto que eso mismo se pueda hacer en todos los órganos del Senado y en todas las sesiones. Se vería al presidente del Gobierno y a los ministros dos veces al mes con los auriculares puestos. El pasado 28 de abril, la propuesta de debatirlo se aceptó con los votos a favor de toda la Cámara alta menos el PP y una senadora de UPN, que votaron en contra.
De los 263 senadores, 87 proceden de comunidades con una lengua cooficial. Eso no significa que la tengan como materna, pero sí que están acostumbrados a la convivencia de dos lenguas.
Nadie duda de que el idioma de trabajo en el Senado seguiría siendo el castellano. Uno del PNV y otro de CiU no van a llamar a un traductor para negociar una enmienda. En realidad, se trata de hablarlo en el hemiciclo, donde lo que se hace es una representación de las posiciones de cada uno, no una negociación política. Es una cuestión simbólica y los símbolos superan cualquier crítica para aquellos que los sienten como tal.
Es interesante oír cómo explica la importancia de los símbolos un apasionado defensor de las lenguas cooficiales que no utiliza ninguna de ellas. José Ignacio Pérez Sáenz es del PSOE de La Rioja. "Puede parecer absurdo, lo lógico es entenderse con la lengua común", reconoce, "pero el Senado es una cámara donde merece la pena tener la simbología de que las otras también son lenguas españolas". "Si comprendiéramos las lenguas entenderíamos a España", proclama.
El senador riojano admite que hablar con traductores "es algo artificial". Pero es que la clave no es esa. La artificialidad "es bienvenida si algunos [nacionalistas] entienden que esas instituciones son suyas y si los ciudadanos [del resto de España] entienden que esas lenguas también son suyas". "Cuando se entienda esto, habremos resuelto buena parte de nuestro problema territorial".
De lo dicho en aquel debate, se desprenden multitud de aristas. El PP asumió en solitario la oposición. No habló ninguno de sus senadores bilingües sino el senador madrileño Juan Van-Halen, portavoz de Cultura. Los argumentos se podrían resumir en tres: es caro; el castellano es la lengua oficial en todo el Estado y las otras sólo lo son en sus comunidades; y entenderse todos en la misma lengua es de sentido común y lo otro es ridículo.
En cuanto a la parte económica, la única referencia que hay es la Comisión de Comunidades Autónomas. En 2007, el gasto en traductores para esa comisión fue de 30.526,87 euros. Ese año se reunió en nueve sesiones. Fuentes de la Cámara alta cifran el coste actual entre 5.000 y 6.000 euros por sesión.
La propuesta de los 34 senadores, liderados por Miquel Bofill (ERC), plantea que el coste de ampliar la traducción a todo el Senado sería de unos 120.000 euros al año. Fuentes cercanas a la administración de la Cámara alta descartan absolutamente esta cifra. Pero tampoco es creíble la alternativa que da el PP, que habla de un "dispendio" de 1,2 millones de euros al año.
Nadie sabe todavía cuánto costaría, porque se desconoce aún dónde y cuándo se hablarán las lenguas cooficiales en el Senado. Aparte de los costes fijos de reforma en las instalaciones, no es lo mismo que se hablen cuatro lenguas sólo en la Comisión de Entes Locales, o sólo en los debates de estatutos de autonomía, o sólo en los debates de Cultura. No es lo mismo contratar traductores por libre ex profeso, como ahora, que poner traducción fija por concurso público.
En cualquier caso, lo que se plantea es traducción de euskera, gallego y catalán, idiomas maternos de muchos senadores, al castellano. En ningún caso traducción inversa o cruzada entre estos idiomas. Dicho todo esto, la propuesta se marca un límite: que no aumente el presupuesto. Si no se puede hacer recortando de aquí y de allá, no se hará.
Los propios senadores nacionalistas admiten que la suya es una propuesta de máximos. El PSOE, que propició que este tema no muriera en primera instancia, ha dicho que no está dispuesto a aceptarlo todo. El grupo socialista no da detalles de cuáles son sus planes. Además, si las posturas de nacionalistas y PP son irreconciliables, el PSOE no descarta que el tema muera en la Comisión de Reglamento, donde ahora se discutirá.
Sobre el debate jurídico, la fórmula que se buscó en 2005 quizá también sirva ahora. Sólo el castellano es oficial en toda España. El derecho a usar y el deber de conocer las otras lenguas sólo es aplicable en sus comunidades autónomas. Sin embargo, como los Gobiernos autónomos pueden acudir a la citada Comisión de Comunidades (Montilla lo hará el próximo día 24, por ejemplo), se decidió que los presidentes podían mantener en el Senado el derecho a utilizar su idioma. Además, el Tribunal Constitucional acepta cierta extraterritorialidad de las lenguas en casos concretos.
Para el vicedecano de Ciencias Políticas de la Complutense y profesor Jaime Ferri, la iniciativa es "excelente por razones políticas y culturales". "Si es la cámara de representación territorial [la definición que da la Constitución sobre el Senado] debe acoger las lenguas vernáculas de los territorios". Ferri, que recientemente ha publicado El porvenir del Senado, cree que "no hay dificultad en el encaje constitucional". "La lengua oficial es el castellano y las demás, en las comunidades. Dado que ese es el espacio de las comunidades, debe acoger esa realidad".
Aporta en favor de este argumento el hecho de que 56 senadores no son elegidos en las urnas, sino designados por los parlamentos autónomos. Se podría aplicar el argumento de que representan a instituciones donde son oficiales esas lenguas.
Van-Halen (PP) advierte de que los parlamentarios no representan a sus circunscripciones, sino a todos los españoles. Y es cierto. En el sistema español, un senador o diputado por Castellón no habla por Castellón, sino por toda España. El debate jurídico no está resuelto, y en la Cámara alta nadie ha encargado aún un informe al respecto.
El argumento del ridículo y, al fin y al cabo, si es o no de sentido común utilizar la lengua en la que todo el mundo se entiende, es el más complejo, el que atraviesa ideologías y territorios y, quizá, de su resolución dependa el futuro de esta reforma. Pero sí está resuelto, en principio, en la Comisión de Comunidades. La socialista Leire Pajín dio una clave importante que el PP no supo responder: "¿Hacen el ridículo los senadores en la Comisión de Comunidades Autónomas?". También se preguntó si era ridículo que el Gobierno valenciano presione para que haya traducción del valenciano en las instituciones europeas.
Sólo hay que acudir al Diario de Sesiones para ver que la traducción simultánea está muy lejos del ridículo. En marzo de 2006, los senadores tuvieron la primera oportunidad de estrenar el sistema en un debate de trascendencia nacional. Se tramitaba la reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana. El senador valenciano del PP Juan José Ortiz habló en lengua valenciana. Su presidente, Francisco Camps, en castellano. A nadie le extrañó ninguna de las dos cosas.
No es difícil para un político con cierta experiencia entender el catalán y el gallego, hablados pausadamente. "No hace falta ser Humboldt para entender catalán y gallego", dice Jaime Ferri. Pero el euskera sí es muy difícil. El PNV siempre pone de portavoz en esa comisión a aquel senador que mejor lo habla para poder lucirlo. En los debates de los estatutos la legislatura pasada habló por el PNV Inmaculada Loroño. Sus intervenciones iniciales las hacía en euskera. Sin embargo, cuando el debate entró en el contenido de las enmiendas, se expresaba en español para que no hubiera dudas sobre el sentido de cada palabra. Y cerraba con un discurso en euskera.
En el debate del Estatuto de Cataluña, el 5 de mayo de 2006, dijo: "Orain denbora gutxira arte Xuntako presidentea izan den Don Manuel Fragak nazionalitateak ezarri zirela Konstituzioan esan du eztabaida honetan, hiru nazioak sartzeko".
Manuel Fraga sólo interviene para contestar alusiones. Y tener puestos unos cascos de traducción simultánea no lo impidió: "No tengo el honor, aunque me apellido Iribarne, que quiere decir en medio del pueblo, de hablar bien el euskera y, por tanto, me remito a lo que se ha traducido, que estoy seguro que bien", dijo. Después, matizó las palabras de la nacionalista. Lo de siempre, pero con cascos.
En el debate del Estatuto de Cataluña, la diputada del PP Belén Pajares habló en catalán. Manuela de Madre, del PSC, en castellano. Daniel Sirera, diputado del PP en el Parlament, también en castellano. "Mi lengua materna es el catalán", explica hoy Sirera, "pero me interesaba que en el Senado me entendiese el máximo de gente. Tenemos que hacer un esfuerzo para que se nos entienda, no al revés". En el Parlamento de Cataluña, Sirera pregunta a Montilla en catalán, pero al portavoz de Ciudadanos, que utiliza el castellano, le contesta en castellano. Lo considera una cuestión de educación. "Me enseñaron eso de pequeñito. Yo no tengo que ir educando a nadie [sobre el catalán]". Sirera cree que es "un debate, como todos los nacionalistas, de coger un poquito más".
Hay otro precedente interesante. El 21 de junio de 2006, se organizó algo llamado "Parlamento Joven" para celebrar los 30 años de democracia. El Senado invitó a 259 estudiantes de 16 años de toda España, en la misma proporción que los senadores, a simular una sesión parlamentaria. En el pleno, los chicos hablaron en sus lenguas vernáculas. Se escucharon unos a otros con cascos. Quizá porque desconocían que eso no es lo habitual, nadie hizo la más mínima observación. La naturalidad del debate en cinco idiomas fue pasmosa. El elemento generacional, por tanto, también deberá tenerse en cuenta.
El senador con más experiencia en las instituciones europeas, donde se funciona con normalidad con traducción simultánea, es Lluís María de Puig, catalán del PSC, que ha sido presidente durante dos años de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. "Si hablando en una lengua te entiende el 50% y en otra el 10%, es mejor utilizar aquella en la que te entienden más. Yo siempre que puedo contesto en los idiomas que me preguntan [habla inglés, francés e italiano]. Es lo que hace la mayoría". En esa Asamblea, explica De Puig, son oficiales el francés y el inglés, y para tener traducción se lo tiene que pagar cada delegación.
De Puig, en todo caso, rechaza el debate práctico. "El debate es político. El sentido que tiene es si queremos reconocer España tal como es o no. Yo creo en el derecho. Es un tema de respeto".
Qué quería decir la Constitución cuando definió el Senado como "cámara de representación territorial" es algo que 32 años después no está resuelto. Carreras enteras de constitucionalistas se han construido dándole vueltas a esta frase. Que los senadores hablen en su lengua materna puede ser ineficiente, costoso, ridículo, absurdo, hasta dudosamente legal, pero es innegable que va en la dirección de esa definición constitucional. En palabras de Aguirre, hace 10 años: "La grandesa del nostre règim parlamentari es manifestarà en tota la seua plenitud si som capaços de vertebrar eixa pluralitat d'interessos, d'aspiracions, de projectes de vida en comú que constituïxen l'enriquidora essència de l'Espanya de hui".
Con información de Andreu Missé y Rodrigo Carrizo.
Bélgica y Suiza: dos confusos precedentes
En el debate sobre el uso o no de las cinco lenguas oficiales en el Senado, hay un aspecto en el que coinciden todos, y es evitar la comparación con países multilingües como Bélgica o Suiza. Allí, a diferencia de España, no hay una lengua común entendida por todos. Es decir, que hablar cada uno su lengua no es una cuestión simbólica, sino obligada. Tampoco la comparación con las instituciones europeas parece pertinente, por la misma razón. Pero la forma en que se organizan para hacer política sí merece atención.
En Bélgica, las dos lenguas, el flamenco y el francés, son oficiales en todo el país. En los parlamentos regionales se utiliza la mayoritaria en la región, igual que en España. En el Parlamento Federal, cada uno habla en su idioma de origen. Los diputados se entienden unos a otros con un sistema de traducción simultánea. No es un agravio. Simplemente, es lo normal. Hay más flamencos que entienden francés que viceversa, pero esa no es la cuestión.
Los políticos belgas, cuando llegan al nivel del Parlamento Federal, suelen al menos entender las dos lenguas, de forma que cada uno puede hablar en la suya y entender la contestación con normalidad. Se da por hecho que a ese nivel de responsabilidad se llega con esos conocimientos.
De igual manera, los ministros del Gobierno federal se expresan habitualmente en sus comparecencias públicas en los dos idiomas alternativamente. En Bélgica, el que quiere hacer política al máximo nivel sabe que tiene que manejarse mínimamente en las dos lenguas.
En Suiza, la situación es todavía más complicada. Hay cuatro lenguas oficiales: francés, alemán, italiano y romanche. Sin embargo, en el Parlamento de la Confederación no hay ningún problema. Cada uno de los diputados habla en su propia lengua y hay traducción simultánea para todos. Ni siquiera se entienden todos, aunque sí algunos, entre los que hablan alemán y los que hablan francés.
Al igual que en Bélgica, los miembros del Gobierno se manejan como mínimo en alemán y francés. El italiano es muy minoritario.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.