Barbacid: "Tenemos bloqueados 50 millones contra el cáncer"

Mariano Barbacid se mostraba ayer sinceramente desconcertado en su despacho de director del Centro de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Su laboratorio acaba de publicar en Cancer Cell, una revista de referencia en biología molecular del cáncer, una investigación que define una diana importante contra la que dirigir fármacos para frenar los tumores de pulmón. El paso siguiente obvio es buscar esas moléculas, y el CNIO no solo dispone de un equipo de 50 químicos especializados en ello, sino también de dos inversores privados dispuestos a financiarlo con 50 millones de euros en cinco años. Pero una traba administrativa le impide usarlos.

"Tenemos bloqueados 50 millones de euros para desarrollar en los próximos cinco años fármacos candidatos contra el cáncer de pulmón", dice el científico. "Era el dinero que dos inversores privados estaban dispuestos a aportar a nuestro Programa de Terapias Experimentales hasta que, en noviembre, el Ministerio de Ciencia e Innovación decidió obstaculizar la iniciativa; lo peor es que no entendemos por qué, no tiene ningún sentido".

"Economía ya lo había aprobado cuando Garmendia lo paralizó"

El científico asegura que la Ley de Economía Sostenible permite el proyecto

Barbacid no quiere revelar los nombres de las dos empresas privadas "para no perjudicarlas", aunque sí confirma que no se trata de laboratorios farmacéuticos, sino de dos firmas cuya actividad habitual es ajena al sector de la investigación. Este es, de hecho, uno de los principales impedimentos aducidos por el departamento que dirige Cristina Garmendia para oponerse al proyecto.

El ministerio argumenta que la fórmula elegida por Barbacid para la inyección de capital privado, una Agrupación de Interés Económico (AIE) entre el CNIO y los inversores privados, está expresamente prohibida por la Ley de Fundaciones. El departamento de Garmendia aduce dos informes jurídicos -de la abogacía del Estado y del gabinete de Garrigues- que interpretan como "ilegal" que una fundación pública, como la que rige el CNIO, establezca acuerdos que impliquen su participación en una sociedad mercantil.

Pero "ni la abogacía del Estado ni el despacho de Garrigues alcanzan la conclusión de que la fórmula sea ilegal", repone Barbacid apoyándose en la literalidad de esos documentos. Ambos informes, en efecto, expresan dudas sobre la idoneidad de formar una Agrupación de Interés Económico para esos fines, pero no se pronuncian taxativamente sobre su "ilegalidad". Además, el CNIO ya disponía el año pasado de otros dos informes jurídicos -uno de Gómez Acebo y Pombo y otro de Enrique Rivero, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca- que sostenían lo contrario. Barbacid tampoco entiende por qué, una vez conocidos esos dos informes favorables, Garmendia exigió que se encargaran los otros dos. "Incluso llegó a exigir que uno de ellos fuera de Garrigues", narra el científico sin poder disimular su asombro. "Todo iba sobre ruedas, incluida la aprobación de la Dirección General de Tributos (del Ministerio de Economía y Hacienda) hasta noviembre, cuando Garmendia decidió paralizarlo de forma incomprensible".

Los argumentos del ministerio pierden aún más fuerza si se tiene en cuenta que la Ley de Economía Sostenible, recién aprobada el 4 de marzo, contradice la -supuesta- prohibición impuesta por la Ley de Fundaciones a la constitución de agrupaciones de interés económico (AIE) de este tipo. Los artículos 53 y 56 de la nueva ley establecen la posibilidad, según Barbacid y sus asesores jurídicos, "de que las fundaciones del sector público estatal, como el CNIO, participen en el capital social de sociedades mercantiles y puede entenderse, por tanto, que la Ley de Economía Sostenible ha introducido una excepción a la prohibición expresada en la Ley de Fundaciones".

Barbacid insiste también en que la AIE que propone formar estaría participada al 99% por el CNIO, y solo al 1% por los inversores privados en cuestión. "Esto garantiza dos puntos importantes", sostiene el científico. "Primero, que el CNIO no perdería en ningún momento la propiedad intelectual (de los posibles fármacos que lograra el proyecto en el futuro); y segundo, que no se genera deuda para la fundación".

Ni las trabas legales están tan claras como pretende Garmendia, ni la actitud del ministerio es la que cabría esperar ante ellas. "Si los impedimentos son reales, bastaría un decreto para eliminarlos", concluye Barbacid.