Argentina duplica la tasa de abortos de Latinoamérica

Cuatro de cada diez embarazos en Argentina terminan en abortos, según un informe de la organización de derechos humanos Human Rights Watch presentado ayer. Las interrupciones voluntarias del embarazo se siguen produciendo a pesar de que en Argentina solo están despenalizadas en caso de violación para las mujeres discapacitadas mentales o si la salud de la madre corre grave riesgo. Así, la mayoría de los abortos se realizan de manera ilegal y muchas veces en condiciones deplorables, una situación que se repite en la mayoría de los países de América Latina, donde las legislaciones también son muy restrictivas pero donde las cifras no son tan duras como en Argentina.

En estos países, de media, alrededor del 20% de los embarazos termina en aborto (España está en un 18%), según la directora de activismo de la división de derechos de las mujeres de la ONG, Marianne Möllmann.

Cuatro de cada 10 embarazos son interrumpidos de manera voluntaria

La fuerte resistencia de las iglesias católica y evangélica ha influido en que solo Cuba, Puerto Rico y Guyana cuenten con normas liberales sobre el aborto. En el resto de países la situación es dramática. Chile, El Salvador, Nicaragua y Honduras prohíben cualquier tipo de aborto (incluso el que se practica para salvar a la madre). En el resto de países de la región se admite la interrupción voluntaria del embarazo solo en casos excepcionales como el de violación o grave peligro para la salud de la embarazada.

Pero ni siquiera en todos esos lugares se cumplen las leyes para esos casos. La prohibición, además, solo logra que las intervenciones -que se siguen realizando- se hagan en situación de mayor inseguridad para la mujer. Se calcula que en América Latina se producen alrededor de 4,5 millones de abortos clandestinos al año. El 21% acaba con la muerte de la mujer.

"Ninguna mujer se queda embarazada para abortar", declaró Möllmann, que incidió en el caso argentino. La organización estadounidense de derechos humanos atribuye el alto número de abortos en ese país a la falta de un programa de salud sexual y al acceso deficiente a los métodos anticonceptivos. Falla, afirman, la puesta en marcha del programa nacional para este asunto que adoptó en 2005 el Gobierno de Néstor Kirchner y que incluía programas de educación y el acceso a fórmulas contraceptivas.

Lagunas que la propia organización comprobó en una investigación de campo. Human Rights Watch asegura en su informe que los centros de salud de los barrios de chabolas suelen carecer de anticonceptivos para repartir entre las mujeres pobres. En 2008, por ejemplo, no se distribuyeron anticonceptivos durante varios meses porque los fármacos estaban paralizados por un trámite administrativo en la aduana argentina.

Salvando los escollos logísticos, la ONG atribuye esa falta de políticas específicas a cuestiones históricas de Argentina. Uno de los padres de la Constitución de 1853, Juan Bautista Alberdi, decía que "poblar es gobernar". Una idea que pervive en muchos. Algunos políticos y directores de hospitales de ese país, de 40 millones de habitantes y un territorio cinco veces mayor al de España, han repetido la frase a los investigadores de la ONG estadounidense. De hecho, Argentina fue, en 1985, uno de los últimos países latinoamericanos en levantar la prohibición de los anticonceptivos.

Carencias que pueden explicar los entre 460.000 y 600.000 abortos que se producen al año en ese país. Una realidad invisibilizada por la penalización que algunos intentan sortear. El ex ministro de Salud Ginés González García, por ejemplo, puso en marcha una guía para la atención de abortos no punibles, que obliga a los médicos a mantener una actitud más profesional hacia las mujeres que han abortado. Algo similar a lo que se hace en Chile, donde la ex presidenta Michelle Bachelet impulsó una normativa para que los médicos de los hospitales públicos no pudieran denunciar a las mujeres que hubieran abortado ni tampoco negarles su ayuda.