El Amazonas queda fuera de la ley

Las alertas se han disparado en el Amazonas brasileño tras la reciente oleada de asesinatos de activistas medioambientales. La aprobación en el Congreso de Brasilia del nuevo Código Forestal que, de recibir ahora la luz verde del Senado, legalizará la amnistía de todos los crímenes perpetrados contra la vegetación hasta 2008, ha avivado las ascuas del conflicto que desde décadas permanece latente en las reservas naturales amazónicas entre latifundistas, madereros y pequeños campesinos que pelean por la preservación del ecosistema.

Según la Comisión Pastoral de la Tierra, 214 personas han sido asesinadas en el marco de conflictos agrarios desde 1996 en el Estado de Pará, es decir, una media de 14 asesinatos al año. En el mismo periodo, más de 800 personas recibieron amenazas de muerte. Varias organizaciones ambientales y de defensa de derechos humanos alertan de que la región se está convirtiendo en una suerte de Far West amazónico, en referencia a la ausencia de ley y orden.

Una ley perdona los crímenes cometidos contra la vegetación hasta 2008

Carboneros y madereros son los grandes predadores del ecosistema

Entre los amenazados estaba el activista y líder comunitario José Claudio Ribeiro da Silva, que el pasado 24 de mayo perdió la vida tras recibir varios disparos. A las ocho de la mañana de aquel martes salió de su casa, en el asentamiento de Praialta-Piranheira, rumbo a la localidad de Marabá, en la frontera este del Estado de Pará. En el sillín trasero de la moto que pilotaba le acompañaba su mujer, Maria do Espírito Santo da Silva. Cuando la pareja atravesaba el puente de Nova Ipixuna, a ocho kilómetros de su casa, dos hombres descargaron sobre ellos varios cartuchos de escopeta. Ambos murieron al instante. No satisfechos con la carnicería, los sicarios se tomaron tiempo para obtener la prueba material de la ejecución: a José Claudio le cortaron una oreja y se la llevaron como trofeo de caza. Sin embargo, los asesinos seguramente no contaban con la inesperada presencia de dos testigos que presenciaron la sobrecogedora escena de principio a fin.

Uno de ellos, Erenilto Pereira dos Santos, vecino de la misma comunidad rural que José Claudio y su esposa, apareció muerto cuatro días después con las marcas inequívocas de haber recibido dos tiros en la cabeza.

"Toda la familia sabía que José Claudio recibía amenazas. Nos contaba que en cualquier momento podía morir. Incluso sabía quiénes eran las personas que lo amenazaban", narra un familiar directo del fallecido que reclama preservar su identidad. Y es comprensible que lo pida, ya que en esta zona del Amazonas quien osa denunciar públicamente las tropelías de los terratenientes y los madereros tiene muchas probabilidades de engrosar la lista de los nuevos candidatos a morir.

"En este momento se vive una situación de inseguridad absoluta que ya ha forzado a algunas familias a abandonar el asentamiento", explica José Batista, abogado de la Pastoral de la Tierra de Pará, "porque el clima de impunidad es total". Impunidad es una palabra clave para entender el conflicto que azota varias áreas del Amazonas: hasta ahora se trataba de una impunidad menos evidente, casi soterrada, que encontraba su reflejo en la pasividad de las autoridades locales, del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), el órgano federal que debería ocuparse de acometer la tan anhelada reforma agraria brasileña, e incluso del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA).

Pero ahora la impunidad también ha quedado oficializada tras la reciente aprobación en el Congreso de la reforma del Código Forestal brasileño que permitirá amnistiar los delitos contra la vegetación cometidos hasta julio de 2008 y que amplía las zonas agropecuarias susceptibles de ser deforestadas. El nuevo código salió adelante con 410 votos a favor y 63 en contra, lo que da buena cuenta de quién manda en Brasil cuando los intereses de los terratenientes están en juego. Incapaz de negar lo evidente, a la presidenta Dilma Rousseff no le quedó otra opción que tachar de "vergüenza para Brasil" lo aprobado por la cámara baja.

El asentamiento de Praialta-Piranheira fue instaurado en 1997 por el INCRA. Es un territorio de 22.000 hectáreas de las que el 70% eran originalmente selva virgen. "Desde entonces, los madereros y los carboneros han depredado este ecosistema hasta llegar a la situación actual, en la que no más de un 30% continúa siendo reserva", explica Batista. "Esto ha provocado que muchas de las 360 familias que viven en el asentamiento hayan abandonado las labores de recolección de frutos -castañas de cajú, cupuaçú y açaí, entre otros- para dedicarse a la agricultura, a priori una actividad mucho menos sostenible", concluye.

Poco después de iniciarse la escalada de violencia contra activistas en el Amazonas, el Gobierno de Brasilia convocó un gabinete de crisis encabezado por el vicepresidente Michel Temer en el que se decidió enviar protección a las personas amenazadas. Los equipos ya han llegado al terreno y han iniciado reuniones con los colectivos afectados, aunque muchos de ellos dudan de la efectividad de la medida. "Es muy complicado proteger a un campesino, ya que son personas que están acostumbradas a moverse con libertad en un entorno natural", comenta Atanagildo Matos, líder recolector en Pará.