No todas las farmacias son iguales

Tenemos un problema. Lo denunciaba este diario el lunes 8 de diciembre en el reportaje Las farmacias se saltan la ley, en el que se describía cómo se pueden adquirir con facilidad medicamentos sujetos a prescripción sin su correspondiente receta. La conclusión más evidente es, como titula el artículo, que los farmacéuticos incumplen la ley. Sin querer negar la evidencia, también es obvio que, si se profundiza un poco, se pueden encontrar un sinfín de situaciones que indican que, por desgracia, ni la única causa de esta situación es la falta de ética de algunos farmacéuticos, ni la solución pasa exclusivamente por sancionarlos. Si fuera tan fácil, hace mucho que el problema habría pasado a la historia.

Sí, lamentablemente, hay farmacéuticos que no hacen honor a su formación sanitaria, que se olvidan de que el medicamento es uno de nuestros bienes más preciados y más complejos, y que no entienden que forman parte de un todo, el modelo farmacéutico español, que lleva décadas demostrando sus muchas e innegables virtudes. Un modelo cuya credibilidad debilitan sin darse cuenta de que están tirando por tierra el esfuerzo del grueso de una profesión, en la que hay, como en cualquier otra, garbanzos de todos los colores.

También hay otros muchos que siguen cayendo en la trampa de entregar el medicamento sin su receta ante el viejo chantaje del paciente que amenaza con conseguirlo en otra farmacia, simplemente por temor a perder un cliente. Esto es pan para hoy y hambre para mañana, y sólo se romperá el círculo el día en que comprendan que así están dejándose por el camino lo único que les diferencia de un comercio al uso: su condición de sanitarios garantes del buen uso del medicamento.

Hasta aquí el mea culpa, pero sería injusto e irresponsable poner aquí el punto final. El problema es muchísimo más complejo, y hay infinidad de buenos y buenísimos profesionales farmacéuticos que a diario se enfrentan a situaciones en las que, hagan lo que hagan, estarán incumpliendo una ley o bien trasladando al paciente un problema que ellos no han generado y que puede ser perjudicial para su salud.

Veamos casos cotidianos. María, de 34 años, es atendida en urgencias y sale con un informe que detalla pruebas, diagnóstico y tratamiento, pero que no vale como receta. Va a la farmacia a por sus fármacos... pero, con la ley en la mano, no pueden dárselos. Si la farmacia no se la salta, pasa el problema a María, que no podrá disponer de ellos hasta que, seguramente días después, reciba la receta de su médico de familia. ¡Y había acudido a urgencias! Esto se llama ineficiencia del sistema.

Otra situación familiar. Felipe, pensionista desde hace tres años, se queda sin medicación por la razón que sea: se le pierde, no le dan cita hasta varios días después, se ha olvidado la caja en casa de su hija..., y acude a la farmacia en busca de ayuda. Si el farmacéutico, que además le conoce y atiende desde hace años, respeta la ley, Felipe y su salud tendrán un problema.

Hay más ejemplos flagrantes de pediatras, odontólogos, etcétera, que prescriben verbalmente o por teléfono, quizá sin saber que eso obliga al farmacéutico a elegir entre una más que probable discusión con un paciente o la comisión de una ilegalidad para resolver un problema generado por ellos.

Enumerar estos casos no es una maniobra de distracción. La Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos es clara sobre la no dispensación de fármacos que necesitan receta, y el farmacéutico debe cumplirla. Ahora bien, si la realidad demuestra que cumplirla a rajatabla podría llegar incluso a poner en peligro la salud del paciente, la solución no es saltársela, pero sí es obligado aportar evidencias para que esa norma se modifique cuanto antes.

Por tanto, la solución a este viejo problema pasa, además de por una actitud más ética y valiente del farmacéutico, por medidas vitales que no están en sus manos, como convencer de una vez a la población de que sin receta no hay ni que intentarlo, instaurar una receta privada obligatoria, solucionar el problema de los informes de urgencias, implantar una receta electrónica homogénea que evite el problema de las prescripciones de larga duración, revisar a fondo la clasificación y listados de los medicamentos que se pueden dispensar con y sin receta con una concepción más moderna y realista, erradicar la prescripción telefónica y verbal, aliviar las listas de espera y saturación de los centros de salud que provocan una presión excesiva (y creciente) hacia la farmacia o explorar fórmulas de remuneración que primen servicio sobre venta. Eso sí, mientras la Administración se decide a actuar y cada cual aporta sus soluciones, aconsejo a los pacientes que elijan muy bien a su farmacéutico y que confíen en él; comprobarán pronto que no todas las farmacias son iguales.

María Jesús Rodríguez Martínez es presidenta de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (Sefac).