Sanidad revisa la legalidad de la reforma sanitaria de Aguirre

El Ministerio de Sanidad ha encargado a sus servicios jurídicos que revisen la última reforma sanitaria que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid porque podría presentar "incompatibilidades" con la Ley General de Sanidad, según anunció ayer la ministra, Trinidad Jiménez. Madrid aprobó en noviembre una ley, a la que ha llamado de Libre Elección en el Ámbito Sanitario, que supone la supresión de las 11 áreas sanitarias en las que se divide actualmente la comunidad para crear una sola, que englobaría a sus más de seis millones de habitantes.

Sindicatos, partidos de la oposición, organizaciones vecinales y sociedades científicas han mostrado en reiteradas ocasiones su rechazo a la ley, que aun así aprobó el Parlamento regional con los votos del PP, que tiene mayoría. Incluso el Defensor del Pueblo ha admitido a trámite una queja presentada por los sindicatos y ha mostrado su preocupación por la reforma. CC OO y UGT se reunieron ayer con Jiménez, quien anunció que su ministerio lleva tiempo analizando si la norma madrileña es compatible con la estatal. "Había unas cuestiones planteadas en ese proyecto de ley que nos preocupan", afirmó. Se refería a la creación del área única, que "dificultaría la propia gestión, organización y funcionamiento de los servicios sanitarios".

Normativa "ilegal"

La Ley General de Sanidad, que pese a las transferencias sigue siendo el marco que obliga a todas las comunidades, establece que las áreas de salud se delimitan teniendo en cuenta factores geográficos, socioeconómicos, demográficos, laborales, epidemiológicos, culturales, climatológicos y de dotación de vías de acceso a las instalaciones sanitarias. El artículo 56 asegura que el área de salud "extenderá su acción a una población no inferior a 200.000 habitantes ni superior a 250.000 habitantes", con las excepciones de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.

"La ley es absolutamente ilegal", aseguró ayer el secretario general de UGT en Madrid, José Ricardo Martínez. "Aguirre se está acostumbrando a actuar de manera absolutamente ilegal en las políticas públicas que tiene que gestionar", añadió su homólogo de CC OO, Javier López. El consejero de Sanidad, Juan José Güemes, sin embargo, declaró ayer que no hay razones jurídicas para que el Gobierno central impugne la normativa.