La política tiene precio en Lanzarote

A tenor de los últimos acontecimientos podría pensarse que la política en Lanzarote es un polvorín, pero las apariencias engañan. Es algo más complejo. La ideología es variable como muestra lo sucedido en la última semana: se ha creado un nuevo partido, Opción Por Lanzarote (OPN), compuesto de socialistas descontentos, cuya primera decisión ha sido coaligarse con el Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL). Al mismo tiempo, el comité local del PNL en Yaiza ha decidido pasarse a Coalición Canaria (CC). Para cerrar el círculo, un concejal de Haría, de Coalición Canaria, ha decidido nutrir las filas del PNL. Estas escaramuzas no son nuevas en la isla, donde 30 cargos públicos (el 21% de un total de 138) han abandonado sus puestos en la presente legislatura. Claro está, la mayoría no lo ha hecho voluntariamente. Los dos últimos casos de corrupción suman ya más de 100 imputados. En la nómina no faltan integrantes de todos los partidos políticos; entre ellos, 11 alcaldes y exalcaldes. Para una isla con siete municipios, el dato no es irrelevante.

El alcalde de Yaiza está imputado: también su mujer y tres de sus cuatro hijos. El cuarto es menor de edad.

Dimas Martín, ex presidente del Cabildo, ha sido condenado por malversación de fondos públicos, cohecho y fraude

Quien siga de cerca la política en Lanzarote hace tiempo que habrá agotado su capacidad de asombro. Es habitual que haya varios alcaldes en un mismo municipio a lo largo de una legislatura. Mociones de censura, transfuguismo, compra de votos. Y no es de extrañar que los sumarios judiciales inunden de imputados algunas sagas familiares. Sin ir más lejos, José Francisco Reyes, alcalde de Yaiza, está imputado por varios delitos. Su mujer y tres de sus cuatro hijos lo están por blanqueo de capitales. El cuarto hijo se salva porque tiene menos de 10 años. Marido y mujer, padres e hijos, hermanos, sobrinos, la relación familiar/imputado es inigualable. No hay nada parecido en España. Para aclararse en el confuso mapa político de Lanzarote se hace necesario algo más que un árbol genealógico. Hace falta una brújula: los cambios de afiliación política (caso de lo sucedido esta semana) forman parte del ecosistema local.

La corrupción urbanística es el argumento del deterioro político. Nada que no haya sucedido en otros puntos de España. Sin embargo, ha alcanzado niveles casi insostenibles en una isla que se había caracterizado por su defensa de la naturaleza. Los movimientos ciudadanos, apoyados en algún caso por el artista César Manrique, habían conseguido en los años ochenta que la isla fuera pionera en la normativa de ordenación del territorio. Fueron años en los que Lanzarote irradiaba una imagen de turismo sostenible, hasta el punto de ser declarada reserva de la biosfera por la Unesco. Sin embargo, esas conquistas medioambientales fueron perdiendo fuerza bajo la presión del urbanismo: las 50.000 plazas hoteleras en 2001 se convirtieron en 72.000 en 2006. Como sucedió en otros lugares, la economía se volcó hacia el turismo y la construcción, de forma que, entre 1996 y 2006, la tasa de crecimiento de la población ha sido 10 veces superior a la media española. En 20 años, Lanzarote ha duplicado sus habitantes.

Bajo esa presión, la corrupción ha hecho el resto. La isla paradisíaca es un hervidero en los juzgados, con más de 30 contenciosos que han dado lugar a sentencias que declaran ilegales la mitad de las camas hoteleras, realizadas con fondos europeos que han de devolverse. Y para remate, una responsable de la Unesco afirma en Financial Times que Lanzarote corre el riesgo de perder su título de reserva de la biosfera.

Durante los noventa y los primeros años del nuevo siglo, Lanzarote había asistido a algunos escándalos (Operación Yate, entre ellos) que hacían presagiar cómo la vida política en la isla estaba contaminada por la corrupción, pero la gran eclosión tuvo lugar días antes del 5 de junio de 2008. Carlos Espino, consejero del Cabildo por el PSOE, se había mostrado muy combativo con respecto a la concesión de una única licencia para un proyecto con más de 1.000 viviendas denominado Costa Roja. De hecho, había llevado el caso a los tribunales. Es en ese contexto cuando el promotor del proyecto, Luis Lleó, pretende desbloquear la cuestión enviando a una tercera persona, Fernando Becerra, a convencer a Espino. O, dicho de otro modo, a pedirle precio a Espino. Para situar la cuestión en sus justos términos, hay que significar que Fernando Becerra es miembro de una familia con pedigrí político. Él es afiliado al PP, su hermano Ubaldo es miembro del PIL y su otro hermano, Juan Carlos, es presidente del PNL. Una de tantas sagas como abundan en la isla.

Fernando le propone a Carlos Espino celebrar una reunión y le anticipa cuáles son sus intenciones, pero no cuenta con que Carlos Espino acuda a la Guardia Civil y el caso entre en el Juzgado número 5, donde hace un par de meses acaba de llegar un joven juez con ganas de trabajar, César Romero Pamparacuatro. Se toma entonces la decisión de que Espino acepte la reunión en su despacho para proceder a su grabación con respaldo judicial. La cita se establece para el 5 de junio de 2008. Arranca la Operación Unión.

Fernando acude confiado y desde el primer momento explica a Espino qué es lo que debe hacer para desbloquear el asunto de Costa Roja. "Hombre, podemos amarrar si quieres a Coalición y al PP. A Coalición es muy fácil", le dice para tranquilizarle. La conversación es larga y resulta esclarecedora. Fernando le recomienda a Carlos Espino que acepte un dinero (no detalla la cifra) para asegurarse un futuro tras la política. Le recomienda que, mientras tanto, simule que sigue siendo un hombre modesto.

-Mira, aquí te dan caña cuando estás en política; una vez que ya no estás, ¿quién va a decir nada? (...) Entonces tú estás en política, tú debes ser un tío modesto (...) aunque tengas mil kilos. (...) Eso es un consejo que te doy, tú sigue haciendo lo mismo... y cuando te digan algo, pero si yo tengo el mismo coche cochambroso de siempre y la misma camisa del barato de 10 euros.

Según avanza la conversación, Fernando le propone otros planes, le plantea un futuro espléndido.

-El plan general, si lo agarras tú eso, entonces ya te puedes retirar 10 veces, te retiras 10 veces, en una legislatura, ¿eh?, cuatro años, un tío listo, cantidades que ni te imaginas con el plan general de Arrecife puedes trincar con una operación de esas.

Y le aconseja cómo disfrutar el dinero tras el retiro de la política.

-Tú después tienes que crear tu empresita, claro, hombre, mi hermano la tiene, cada uno crea su empresita, tú tienes la empresa privada cuando termines tu legislatura, (...) lo que sea, cualquier cosa, un pequeño restaurante, una cafetería con un socio. Pides al banco 10 o 12 millones de pesetas, que te los dan, y ya está; pero, claro, ahí tú tienes 400 kilos para blanquear, ahí lo blanqueamos, pum pum, y vas generando beneficios, y eso ya es legal, cuando blanqueas tú declaras a Hacienda, pagas y todo tiene... la empresa ha generado tanto, tal, en hostelería es muy fácil blanquear dinero porque ¿cuánto vale un cortado, eh?

A lo largo de la conversación, Fernando muestra sin reparos sus conocimientos de las alcantarillas del sistema. Está claro que es un intermediario y se ofrece para trabajar para Espino. Da nombres, pone ejemplos, cuenta casos. No se libra ningún partido.

-Es más, te digo una cosa, esta operación, si sale, va a salir de puta madre, ya lo verás. Cuando tú te encuentres con una cosa de esas, si quieres, voy yo y lo arreglo, o sea, tú no tienes ni que aparecer (...). Así es como lo hace todo el mundo. Mira mi hermano, jamás se ha sentado con nadie a negociar nada, jamás, nunca jamás, jamás, jamás con un empresario siendo consejero de Turismo (...). La parte extraoficial la hacía otra persona, que es la que se reunía en privado con la empresa y le decía mire tal, tal, tal, pum, así es como se hacen las cosas.

La conversación es un buen hilo del que comenzar a tirar. El juez tiene una lista por donde empezar y solicitar nuevas intervenciones telefónicas. La madeja crece y la operación estalla en mayo de 2009 con las primeras detenciones. Entre ellas está la de Dimas Martín, el gran personaje de Lanzarote, el fundador del PIL, exsenador y expresidente del Cabildo. Durante todo este tiempo, Dimas Marín ha estado en la cárcel por otros procesos judiciales. Casi no hay operación de envergadura en la que no esté imputado. Y desde la cárcel ha sabido mantener su extenso poder.

Pero la Operación Unión es solo el principio. La madeja sigue dando hilo y nace la Operación Jable. Además de asuntos urbanísticos, hay otras cuestiones que facilitan el tránsito del dinero de unos bolsillos a otros. La contrata de basuras, por ejemplo, donde aparece una empresa, Urbaser, cuya sede central está en Madrid y cuyo gerente en Lanzarote, Jacinto Álvarez, facilita una prueba de gran valor al juez: un diario.

No lo hace voluntariamente, claro. Días antes de ser detenido, alguien le avisa de que puede haber registros. El hombre toma sus precauciones y retira documentación de su casa y su oficina. La mete en el coche y la esconde en un edificio en obras, sin caer en la cuenta de que sus pasos están siendo vigilados. Cuando los agentes entran en su casa días después, se muestra muy tranquilo. Incluso se permite hacer un corte de mangas a los fotógrafos que esperan en la calle cuando es introducido en un coche: pensaba que le conducirían a prestar declaración. Su cara de sorpresa es mayúscula cuando se da cuenta de que el vehículo policial se dirige hacia la casa en obras, en donde recopilan 27 cajas con documentación.

Y entre esas cajas está un diario. Por la razón que fuere, quizá por exceso de celo, Jacinto Álvarez había anotado uno por uno los regalos y entregas de dinero que hace a políticos y funcionarios. Y además adornó sus notas con comentarios. Así, califica como "la trincona" a la alcaldesa de Arrecife, Isabel Déniz. Describe cómo le regala a ella un Rolex, un bolso de Louis Vuitton, un viaje para toda la familia a Marraquech, a la que acude su hermana Carolina (de nuevo las sagas familiares), juez y en esos momentos viceconsejera de Justicia del Gobierno canario. La policía se limita a cotejar esa información con los locales donde se adquirieron los regalos. La prensa local facilita la tarea: el Rolex aparece omnipresente en la muñeca de Isabel en muchos actos públicos y así lo muestran las fotografías.

La suma de ambas operaciones, cuyos sumarios todavía conservan gran parte bajo secreto, describe con precisión el mapa de la corrupción en la isla y, sobre todo, cómo no se libra del contagio ningún partido político. En un informe, la Guardia Civil califica al PIL como una organización destinada a extorsionar a los empresarios y el juez imputa a sus dirigentes por asociación ilícita. Que su líder, Dimas Martín, estuviera en la cárcel no fue un obstáculo para el partido político.

Dimas Martín merece capítulo aparte. A pesar de su extensa biografía penal, no ha dejado de ser el hombre más carismático de Lanzarote. Dimas suma cuatro condenas, que juntadas todas ellas agrupan 12 años de cárcel y más de 20 de inhabilitación. Ha sido condenado tres veces por cohecho, una por desobediencia a la autoridad, otras por malversación de fondos públicos, fraude a la Hacienda Pública y un delito contra la Seguridad Social. Está pendiente de juicio por delito contra el patrimonio, y ahora la Operación Unión suma en su expediente nuevas imputaciones. Su llegada a la política en 1983 no pudo ser más significativa: accedió a la alcaldía de Teguise gracias al voto de un tránsfuga del PSOE. Años después (año 2000), la tercera de sus condenas fue ratificada por el Supremo: quedó probado que había comprado el voto de un concejal del PP por 12 millones de pesetas por abstenerse en la votación que convirtió en alcaldesa a una compañera de partido.

A pesar de las condenas, Dimas Martín consiguió hacerse una imagen de político rebelde y evitar que el PIL perdiera vigor. Su partido ha gobernado en coalición con el PSOE o participado en pactos con otros partidos. Su estancia en la cárcel no ha ido acorde a las condenas: el Gobierno del PP llegó a indultarle y los favores le han otorgado el tercer grado. De una u otra manera, decisiones procedentes de Madrid terminan salvándole el pellejo a Dimas Martín.

Y es Madrid la que ha vuelto a decidir sobre el futuro de estas operaciones. El juez que ha llevado estos casos (como sucediera en su momento con el juez Torres en la Operación Malaya) estaba a la espera de un destino definitivo. Ese destino llegó cuando aún no había terminado la instrucción. Obligado a dejar el juzgado, solicitó una prórroga que se le concedió. Tres meses. También había solicitado que se le adjudicara otro juez para descargarle de trabajo, petición que fue denegada. La prórroga acabó en septiembre y solicitó una nueva. El caso ha estado parado desde entonces a la espera de respuesta porque daba la impresión de que el Consejo del Poder Judicial era reticente a concederla a pesar del visto bueno del Tribunal Superior de Justicia. La respuesta llegó esta misma semana: se le conceden tres meses más y no parece que vaya a permitirse una nueva prórroga. Demasiado poco tiempo para que el juez Romero pueda seguir sus pasos hasta el final, según los investigadores. De nuevo, un balón de oxígeno a Lanzarote, mientras el PIL sigue presente en todas las instituciones.