La segunda gran privatización

Si no me equivoco, la reforma de las cajas de ahorros aprobada con cierto sigilo y por decreto por el Gobierno el 9 de julio pasado puede ser la antesala de uno de los mayores cambios en la estructura del poder financiero y económico de España. Cambios que a su vez tendrán un impacto significativo en la distribución de poder entre las élites políticas y administrativas territoriales y centrales.

Para hacerse una idea, piensen en lo ocurrido con la privatización de las empresas públicas en los años noventa (Telefónica, Argentaria, etcétera). De esa primera gran privatización emergieron nuevas élites económicas que hoy gobiernan una parcela importante del poder empresarial español. A la vez, se produjo una centralización del poder económico que fue cuestionada por los Gobiernos autonómicos. A pesar de indudables beneficios para la economía, la presunción de amiguismo (recuerden lo de los "amigos de Aznar") restó legitimidad social a ese proceso.

¿Los problemas de algunas cajas vienen de su modelo de propiedad o de una mala gestión y supervisión?

Ahora estamos hablando de la mitad del sistema financiero español. Además de su importancia para la financiación de empresas y familias, la Obra Social de las cajas reparte un "dividendo social" cuya cuantía es mayor que el monto total de la retribución que los bancos dan a sus accionistas. Constituye una especie de segundo Estado del bienestar que cubre carencias de las políticas públicas, especialmente en zonas rurales y pequeñas ciudades. Una reforma que pueda afectar a este dividendo debe tener como requisito ineludible la transparencia más absoluta.

Hasta ahora no ha sido así. La reforma pasó directamente de los despachos de sus proponentes al Boletín Oficial del Estado, quizá utilizando la máxima que dice que "nunca se debe desaprovechar la oportunidad de una buena crisis".

¿En qué consiste la reforma? Para lo que aquí ahora me interesa, su relevancia es que abre por primera vez la posibilidad de que las cajas puedan dar entrada a inversores privados en su capital y en sus órganos de Gobierno. A la vez, saca de esos órganos a políticos electos y altos funcionarios en ejercicio, y reduce la presencia de los grupos de interés actualmente representados (Administraciones, impositores y empleados). Se producirá, por tanto, la sustitución de algunos grupos de interés ahora presentes por nuevos grupos de interés privados. No me arriesgo demasiado suponiendo que surgirán tensiones políticas y sociales de no fácil gestión.

La reforma plantea muchas preguntas: ¿los problemas que tienen algunas cajas son consecuencia de su singular modelo de propiedad y gestión o de la mala gestión y de insuficiencias de la supervisión? ¿Están realmente demasiado "politizadas" o es un argumento interesado utilizado para sacar poder a los Gobiernos autónomos? ¿Por qué el Gobierno ha abierto las puertas a la privatización? ¿Han actuado de forma oportunista las grandes cajas para introducir un cambio que les interesa especialmente? ¿Ocurrirá como en Italia y otros países en que la entrada de inversores privados acabó con las cajas? En todo caso, ¿cuáles deberían ser los requisitos de transparencia que debe cumplir la entrada de inversores privados para preservar que las cajas "duren al menos otros 200 años", como ha señalado uno de sus principales impulsores?

A falta de debate previo, el real decreto ley de 13 de julio trae una inusualmente larga exposición de motivos. El hilo argumental es que las cajas han sido una historia de éxito; que la singularidad de su modelo de propiedad y de Gobierno no ha impedido que compitan en productos similares con los bancos y que se haya producido una convergencia en el modelo de negocio de ambos; pero que, a la vista de los problemas de capitalización y reestructuración que ahora se enfrentan, es necesario permitir que puedan converger también sus modelos de propiedad y gobierno, bajo el supuesto de que dando entrada y voto a inversores privados que arriesgan una parte de su patrimonio las cajas tendrán una mayor disciplina, una mayor capacidad de reestructuración y una mayor posibilidad de encontrar nuevos recursos para capitalizarse.

Es un camino válido, aunque no fácil de transitar y de resultados inciertos. ¿No había otros? Los hay. Vicente Salas, uno de los mejores expertos académicos en gobierno de las empresas, ha señalado que la diferencia más relevante entre bancos y cajas es la menor capacidad de respuesta ágil y eficaz de las cajas en los momentos en que es necesario llevar a cabo ajustes a situaciones de shocks externos.

Una posibilidad es, entonces, acomodar el modelo de negocio que pueden desarrollar las cajas, y su capacidad de asumir riesgos ex ante, a su capacidad de ajuste a posteriori. Esto llevaría a replantear la premisa de la convergencia, aceptando que no es deseable que las cajas converjan hacia el mismo modelo de negocio, al menos mientras se mantenga la menor capacidad de ajuste a las situaciones de crisis. Esta diferencia no es inusual en el mundo financiero, como muestra la separación entre banca comercial y banca de negocios.

La reforma aprobada ha descartado ese camino. Pero permite a las cajas ejercer el principio de libertad de elección. Esto es algo que merece elogio, porque facilita un proceso de adaptación participativo y transparente.

En relación con la transparencia, y al margen de las funciones de supervisión del Banco de España, el Gobierno debería valorar la creación de una comisión privatización, de composición plural, que garantizase la transparencia de los procesos de adaptación a la reforma. Se evitaría así la sospecha de que se ha aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid para colar una reforma que solo interesa a unos pocos y que puede acabar con esa biodiversidad financiera española que tanto éxito y eficacia ha tenido hasta ahora.

Antón Costas Comesaña es catedrático de Política Económica de la UB.