Ganan más, pagan menos

Los impuestos nos definen como país y como personas. Muestran buena parte de la nación que somos y la que queremos ser: solidaria o insolidaria, comprometida o egoísta, abierta o ensimismada, generosa o avara. Sobre estos antónimos hay que escoger. No hay opciones intermedias, y menos en una sociedad que convive con casi cinco millones de parados y que soportaba en 2010 en sus cuentas un déficit de 98.227 millones de euros. El debate impositivo es ahora mismo uno de los más trascendentes.

Que Warren Buffet (tercera fortuna del planeta) pida pagar más impuestos y que 16 ricos franceses y 50 alemanes reclamen lo mismo tiene un valor testimonial en lo económico, pero enorme en lo moral, sobre todo para un país como España, "en el que casi se admira a quien defrauda al fisco", afirma Miguel Ángel García, economista del Gabinete Técnico de CC OO.

Solo 6.829 españoles declaran ingresos superiores a 600.000 euros

Las últimas reformas del IRPF han beneficiado más a las rentas altas

La presión fiscal sobre quienes más ganan también ha bajado en la UE

Solo Portugal, Reino Unido y Francia han subido sus tipos máximos

La SICAV es el vehículo más utilizado para pagar menos

No se descarta recuperar el impuesto sobre patrimonio

Frente a un mundo económico que apenas emite buenas noticias, ya hay algunas iniciativas alentadoras de la sociedad civil. El movimiento Ricos por una Tasa para los Ricos, impulsado por el psiquiatra retirado de 68 años Dieter Lehmkuhl, propugna que los dos millones de alemanes cuyo patrimonio supere los 500.000 euros -y aquí se incluye él mismo- paguen un 10% más, al menos durante dos años. Una propuesta que aportaría 100.000 millones de euros a las arcas públicas. "No sé si sucederá lo mismo en España, pero en mi país en los últimos 15 años ha aumentado la brecha entre pobres y ricos", reflexiona Lehmkuhl en conversación telefónica desde Berlín. "Es imposible sostener un modelo de sociedad en el que un 10% de los alemanes tiene el 70% de la riqueza".

Nicholas D. Kristof, ganador en dos ocasiones del Premio Pulitzer, narraba en un imprescindible artículo en The New York Times, titulado gráficamente Our Banana Republic, que los consejeros de las mayores compañías estadounidenses ganaban en 1980 unas 42 veces más que el trabajador medio, y que en 2001 el promedio era ya de 531 veces. Algo va mal en un sistema que crea y tolera semejantes desigualdades, y esto es extensivo a Europa.

Sin embargo, Dieter Lehmkuhl se aferra al optimismo y, citando a Bob Dylan, recuerda que los "tiempos están cambiando". Quizá, pero ¿hacia dónde? "Los Gobiernos tienen que hacer aquello para lo que han sido elegidos: trabajar buscando el bien común y el interés general, y no el del sector financiero ni el beneficio de unos pocos privilegiados", apunta el médico alemán.

Pero estas voces se escuchan de forma desigual en Europa. El Gobierno italiano ha retirado su propuesta de gravar con un 5% añadido las rentas que superen los 90.000 euros, y con un 10% las que sobrepasen los 150.00. Al menos Francia mantiene intacta su decisión de penalizar con un 3% adicional a quienes declaren más de 500.000 euros, y Portugal anunciaba esta semana dos nuevos impuestos del 3% y 2,5% dirigido a las empresas con beneficios superiores a 1,5 millones anuales y a los contribuyentes con ingresos elevados, respectivamente.

¿Y en España? ¿Veremos a las grandes fortunas patrias levantar la mano y decir: "Quiero pagar más"? "Dudo mucho que algo así ocurra", afirma el responsable de grandes patrimonios de un bufete madrileño. "El rico español tiene miedo a reconocerse como tal, nunca actúan de forma conjunta. En esto son diferentes de las fortunas francesas o alemanas, que siempre han tenido un gran reconocimiento social".

Quizá una buena pista de qué piensa la gran empresa española nos la dé la opinión del primer espada de uno de los grandes bancos del Ibex 35. Pide no ser identificado, pero sus palabras son una piedra de Rosetta para saber qué podemos esperar. "La posible reforma impositiva para gravar las rentas puede ser una medida demagógica que poco o nada va a solucionar los problemas de déficit que tiene el país. Me preocupa este tipo de discusiones, ya que desvían la atención de los problemas reales y sus posibles soluciones. No hay pócimas mágicas y no se puede engañar a los ciudadanos cuando se dice que tal o cual iniciativa podría resolver los problemas tan graves y complejos que atraviesa la economía real". Y añade: "Sin duda, hay que revisar el sistema fiscal, pero en su totalidad, teniendo en cuenta los efectos positivos y negativos que tiene cada modificación".

Desde luego, en un tema de este calado hay que desterrar algunas ideas preconcebidas. Las rentas altas en España -frente a la opinión más generalizada- sí contribuyen a la riqueza del país. El 2,2% de los contribuyentes, o sea 294.583 personas, que son quienes declaran unos ingresos superiores a 90.000 euros, aportan un 24,8% de la cuota líquida del IRPF, lo que se traduce en 15.769 millones de euros.

La pregunta entonces es: ¿aportan lo suficiente? Miguel Ángel García, de CC OO, cree que no. Las retribuciones de los consejos de administración, por ejemplo, se consideran rentas del trabajo, y por tanto pagan el tipo marginal máximo en el IRPF (entre el 45% y el 50%, dependiendo de la comunidad autónoma). Pero gran parte de sus ingresos no es sueldo, sino bonos, dividendos o stock options que tributan, básicamente, al 21%. Además, las rentas superiores a 600.000 euros, recuerdan los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), pagan un tipo medio efectivo del 27,8%, inferior al tipo de quienes están en la horquilla entre 60.000 y 600.000 euros.

Estos números no apuntan en la dirección que debe seguir todo sistema tributario contemporáneo: el de la progresividad; quien más gana debe pagar más. Aumentar la tributación a las rentas muy elevadas tiene toda la lógica, el problema es que no aparecen. En España solo 6.829 personas declararon en 2009 tener unos ingresos superiores a 600.000 euros. Hablamos del 0,04% de los contribuyentes. En total, aportan 2.667 millones de euros anuales, únicamente el 3,93% de la recaudación del IRPF.

Ante un número tan limitado y con tan poca repercusión económica, elevar la cuantía máxima que pagan en el IRPF ahora parece más una medida ejemplarizante que de otra índole. "Es inviable [debido a las anteriores subidas] establecer un nuevo tramo adicional para rentas por encima de 600.000 euros. No obstante, si se creara y se subiera un punto la tarifa general, hasta el 50%, la recaudación sería de unos exiguos 26,28 millones de euros al año, y si se elevara dos puntos, hasta el 51%, hablaríamos de 52,57 millones", calcula José María Mollinedo, secretario general de Gestha. Pero, como recuerda Javier Díaz-Giménez, profesor de Economía del IESE, también estamos necesitados de gestos. "A corto plazo me parece una buena medida subir los impuestos a las rentas más altas con el fin de compensar las escapatorias legales que tienen los ricos".

A la vez sería una forma de mitigar la percepción de que las múltiples reformas del IRPF han beneficiado en mayor medida a las rentas altas que a las medias. Alberto Montero, presidente del Centro de Estudios Políticos y Sociales, plantea los números con crudeza. "En 1993 quien declaraba más de 180.000 euros (30 millones de pesetas de la época) estaba sometido a un tipo efectivo del 49,37%. Ahora, el que declara una cantidad superior a 290.000 euros lo hace por un tipo efectivo del 30,8%. O sea, un 37,6% menos". Trasladada esta operación a las rentas medias, nos da un resultado bien diferente. Si en 1993 el tipo para quien hubiera declarado unos ingresos de 18.000 euros (tres millones de pesetas) se situaba en el 16,92%, en nuestros días quien lo haga por 29.200 euros afronta un gravamen del 15,5%. Hablamos de una rebaja muy pequeña.

Es difícil, pues, exigir sacrificios si los números muestran muy distintos raseros. Entre 1995 y 2011 (ver cuadro) la presión fiscal sobre quienes más ganan, según Eurostat, cayó en 10,2 puntos en la Europa de los 27. Nada menos que 20 Estados miembros recortaron su exigencia fiscal máxima a los más pudientes, y tan solo Portugal, Reino Unido y Francia han subido su tributación límite. En España, quien tenga memoria financiera recordará que en 1995 se pagaba un máximo del 56%. Hoy, 17 años después, el marginal medio es del 45,8%.

Todo esto contribuye a que se instale en buena parte de la sociedad la sospecha de que son siempre los mismos, quienes tienen nómina y no pueden eludir el control de Hacienda, los que realmente pagan. "Es muy importante que la fiscalidad, los ingresos y los gastos formen parte de los pilares de la cohesión social de la ciudadanía", apunta Elena Cachón, economista de UGT. Esta desconfianza o desconocimiento procede de la "falta de pedagogía tributaria de todas las Administraciones pasadas", critica Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía del Instituto de Empresa.

Y si existe un vehículo que utilizan las grandes fortunas para evitar pasar por ese control del IRPF son las sociedades de inversión de capital variable (SICAV), que permiten tributar a un ventajoso 1%. En España había registradas el año pasado 3.133 de estas sociedades, con un patrimonio en movimiento de 26.200 millones de euros. Y desde el principio han sido el refugio de los nombres propios del capital español: Koplowitz, Amancio Ortega, Del Pino, Bhavnani, Rosalía Mera...

A pesar de sus evidentes ventajas, es cierto que las SICAV han vivido tiempos mejores. Su número ha caído un 3,1% con respecto a 2009, como describe el director general de un banco privado suizo: "Algunas, por ejemplo la de Ram Bhavnani, se fusionaron, mientras que otros inversores han optado por vehículos más eficientes, como las SIF

[fondos de inversión especializados, por sus siglas en inglés] luxemburguesas". Pero ¿hay algo más eficiente que tributar al 1%?

Los técnicos argumentan que ese porcentaje tan bajo solo se mantiene si los beneficios no salen de la SICAV, pues lo que realmente "permiten estos instrumentos es diferir la tributación de forma similar a un fondo de inversión o un Unit Linked", puntualiza Paula Ameijeiras, de AFI. Pero la realidad es que estas sociedades son una especie de trágala fiscal. La lucha entre países por captar capital es feroz, y la forma de atraerlo es crear esta clase de instrumentos, "que es verdad que tienen una tributación baja, pero no son herramientas de evasión", aclara Jesús Sanmartín, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF). "Otra discusión es si hay que gravar más o menos estas figuras". Pero si se quiere recaudar más, habrá que hacerlo. Ya que para ellas eludir la fiscalidad es fácil: "Solo tienen que invertir en activos no españoles", matiza el responsable de tributos de un bufete internacional con sede en Madrid.

Otro caballo de Troya por donde históricamente se ha colado más de un insolidario es el impuesto de sucesiones y donaciones. Transferido a las comunidades autónomas, cada una ha hecho de su capa un sayo. "En Andalucía, Extremadura o Asturias, por ejemplo, se sigue pagando, mientras que en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Baleares, Canarias o Madrid se paga una cantidad insignificante", describe Javier Ragué, socio del área fiscal de Cuatrecasas. Si lo miráramos desde el aire, nuestro modelo impositivo nos parecería un "Estado fiscal federal".

El sistema provoca circunstancias singulares. Una familia de abolengo, de las que aún quedan, cuyos hijos tengan su domicilio fiscal en la capital española y que recibieran una herencia en vida de su madre por unos 100 millones de euros, al tener la comunidad madrileña bonificado el impuesto de sucesiones al 99% apenas dejaría en las arcas públicas un millón de euros. Es más, si el receptor de la herencia viviera solo del capital mobiliario (bonos, dividendos, acciones) que le generan esos 100 millones, tributaría al tipo que lo hacen las rentas del ahorro (21%), como cualquier pequeño inversor. ¿Es equitativo obtener 100 millones de euros del cielo y tributar al 21%? No lo parece. "Si las grandes fortunas utilizan resquicios legales para eludir el pago del impuesto, la opción correcta es mejorar la normativa y la eficacia contra el fraude, pero no eliminarlo como proponen algunos", sostiene José María Mollinedo, de Gestha.

Así las cosas, bastantes expertos reconocen (la mayoría en privado) el valor del impuesto de sucesiones cuando las arcas públicas sufren. En 2009 canalizó, según datos de la Agencia Tributaria (AEAT), 2.470 millones de euros, y lo hizo a pesar de ir perdiendo fuerza recaudatoria a medida que las comunidades incentivaban las bonificaciones.

Una vida paralela ha llevado el impuesto sobre el patrimonio. Suprimido en 2008, la propia ministra de Economía, Elena Salgado, ha reconocido que "tal vez hacerlo fue un error", y podría volver a implantarse. En su último ejercicio (2007) recaudó 2.121 millones de euros, una cantidad nada desdeñable. Pero si vuelve a la vida tendrá que ser de otra manera, ya que en su antiguo dibujo afectaba sobre todo a los patrimonios medios y no a los altos. De los 981.498 declarantes de 2007, solo 47.614 (4,85%) afirmaba tener un patrimonio superior a 1,5 millones de euros. Para evitarlo, el sector, una vez más en voz baja, cree que "habría que establecer un umbral de cantidad elevado sobre el que aplicar el tipo".

Ahora bien, si se trata de recaudar, que en gran parte es de lo que estamos hablando, hay quienes, como Eduardo Sanfrutos, socio responsable de Tributación de Empresas de Ernst & Young Abogados, ven en la subida de los impuestos indirectos una opción más clara. "España tiene el tercer IVA (18%) más bajo de la Unión Europea. Solo es más reducido en Chipre y Luxemburgo".

El desafío es difícil, y hay voces que reclaman un nuevo sistema tributario, pues el actual resulta complicado, opaco y poco equitativo. Pero junto a una lectura técnica, nos encontramos ante un problema social. El día que defraudar a Hacienda tenga la misma reprobación pública que la violencia de género o que conducir bajo los efectos del alcohol (por citar dos ejemplos donde la percepción social ha cambiado radicalmente en los últimos años), estaremos cercanos a resolver nuestro atolladero económico. Según Gestha, en 2009 la evasión fiscal fue de 59.515 millones de euros. Imaginen qué país seríamos si esa cifra defraudada sumara cero.