Los expertos reclaman una nueva cotización por la Ley de Dependencia

Tres años después de que se pusiera en marcha el Sistema de Atención a la Dependencia, los expertos nombrados por el Parlamento para evaluarlo coinciden en que necesita una "financiación pública de suficiente solidez". Si no se toman algunas medidas, "la sostenibilidad de la cobertura de la Dependencia no puede ir sino a peor", advierten. La previsión financiera se hizo en un ciclo económico alto, que no sirve para momentos como el actual, afirman.

Los expertos barajan, entre otras alternativas de financiación, establecer una cotización adicional a la que ya existe para las pensiones. De esta forma, los trabajadores irían financiando durante su vida laboral las atenciones que requerirán cuando sean mayores. Este modelo ya se planteó cuando se debatía la ley, pero, finalmente, se optó por un sistema de cofinanciación: la mitad lo paga el Estado y la otra mitad las comunidades. Este sistema se ha demostrado complejo.

Los cinco expertos se pronuncian por una financiación pública "sólida"

"La universalidad del sistema puede romper el saco", aseguran

Sería "deseable" la integración de pensiones y ayudas por dependencia

El reparto de los fondos puede generar agravios entre autonomías

El documento de los expertos al que ha tenido acceso este periódico da la razón a las autonomías, que aseguran que el grueso del coste de la Dependencia lo afrontan con financiación regional: posiblemente arrostren con un 70% del coste frente al 20% que recae sobre el Gobierno y un 10% que aportan los ciudadanos mediante el copago, aseguran.

Cinco expertos han elaborado este informe, que ya han entregado al Gobierno: Montserrat Cervera, directora de Políticas Sociales de Antares Consulting y ex directora general del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS), y cuatro economistas, José Antonio Herce, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada; Guillem López Casasnovas, catedrático de la Pompeu Fabra; Gregorio Rodríguez Cabrero, catedrático en la Universidad de Alcalá, y Simón Sosvilla, también catedrático, de la Complutense.

Más recaudación

El documento, que aún no se ha hecho público -el Gobierno todavía no lo ha entregado al Parlamento -, plantea elevar en uno o dos puntos el IVA y amentar la cesión de dicho impuesto a las comunidades autónomas para financiar la Dependencia. La propuesta coincide con el anuncio del Gobierno de alzas fiscales, pero para contener el déficit. Con la reforma de la ley de financiación autonómica se ha elevado el IVA en dos puntos porcentuales y del total recaudado se cederá a las autonomías un 50% en lugar del 35% anterior.

El informe también plantea la posibilidad de eliminar la exención del copago sanitario, es decir, que las recetas no sean gratis total para los jubilados, a cambio de aumentar los recursos para los futuros dependientes. Y no descartan tampoco la implantación de primas a partir de una cierta edad que conformarían un seguro obligatorio de Dependencia o una prima única a los 65 años. Alguna de estas fórmulas, ligadas al sector privado, también se barajaron cuando se debatió la ley y se rechazaron.

Los expertos plantean además una reforma de la Seguridad Social, de tal forma que las personas que cobran una pensión por gran invalidez no perciban además la prestación extra por necesitar los cuidados de una tercera persona, sino que ese complemento pase a depender de las ayudas previstas en el sistema de dependencia. En general, opinan que "sería deseable" que integrara de alguna manera el actual sistema de pensiones y el de dependencia.

A la vista de que las comunidades se hacen cargo de gran parte del coste de esta ley, los expertos proponen que el Gobierno financie, mediante el llamado nivel mínimo, a cada persona en función del coste del servicio que se le presta; o bien que se haga a "presupuesto cerrado", es decir, por el número de personas evaluadas, asignándoles puntos de dependencia. Cuantos más puntos tengan, menos dinero recibirían por ellos, como un mecanismo de control para que no se dispare la inclusión de personas en el sistema. O se infle la gravedad.

Tampoco creen que el nivel acordado (la segunda pata de la financiación estatal) se haga siguiendo unos criterios acertados. Creen que estos recursos deben repartirse en función de "necesidades compartidas por todas las comunidades", como serían la creación de servicios, geriátricos, centros de día y su mantenimiento. El reparto en función de la población o la dispersión de ésta, "puede causar agravios" entre comunidades.

Por otro lado, proponen que el copago, es decir, el dinero que aporta el ciudadano, sirva sólo para financiar servicios periféricos (peluquería, fisioterapia), nunca básicos, porque eso rompería la universalidad de la ley.

La Ley de Dependencia establece un sistema de financiación mixta entre Estado y Comunidades, apoyándose en el artículo 148 de la Constitución, que consagra el derecho de las comunidades a asumir competencias en asistencia social.

Garantiza, además, los principios de universalidad, equidad y accesibilidad. Es decir, que todos los ciudadanos recibirán cobertura. Pues bien, los expertos advierten que "la universalidad de la ley, como ambición, puede romper el saco de su financiación".