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La obra pública se desploma un 82% en Gipuzkoa tras la llegada de Bildu

Las constructoras muestran su preocupación por el parón en las inversiones

Mikel Ormazabal

"Estamos cayendo en picado". Es la exclamación angustiosa que hace el directivo de una empresa constructora al constatar el vertiginoso desplome que está sufriendo la inversión en infraestructuras en Gipuzkoa. En los primeros nueve meses del año, la licitación pública ha caído un 65,9% sobre el mismo periodo de 2010, que también fue un año malísimo para el sector. Y la situación no tiene visos de mejorar. La decisión de la Diputación guipuzcoana de poner fin a las "obras faraónicas" que había planificado el anterior Gobierno foral para el próximo cuatrienio ha causado un fuerte descontento en los empresarios. Los sindicatos advierten de que el empleo podría verse perjudicado notablemente.

Los empresarios prevén una caída de su facturación y ajustes de plantilla
La coalición controla el 83% del nuevo Consorcio de Residuos

Si de enero a septiembre de 2010 las administraciones públicas contrataron en Gipuzkoa obras por un total de 1.088 millones de euros, este año esa cifra ha caído en picado hasta los 371,9 millones, según la última estadística elaborada por la patronal de las grandes constructoras Seopan. El descenso de la actividad de este sector se hace aún más visible al comparar los datos de los contratos firmados desde el mes de junio de 2011 en adelante por la Administración foral guipuzcoana y los Ayuntamientos de esta provincia, cuando la gran mayoría de las mismas han pasado a estar gobernadas por la coalición independentista Bildu. En los cuatro meses de gestión desde que se renovaron estas instituciones se han licitado obras por 36,2 millones, frente a los 204,9 millones del pasado ejercicio, lo que supone un 82,4% menos.

La Asociación de la Construcción de Gipuzkoa, Ascongi, advierte de que las empresas están atravesando "un momento muy difícil", asegura su secretario, Josean Arratibel. Y las perspectivas a corto plazo no van a mejorar. El Departamento foral de Infraestructuras Viarias ha acordado paralizar la construcción de la variante de Zarautz, en la que se iban a invertir 35 millones, y una rotonda en la N-I a la altura de Lasarte-Oria (6,2 millones). Y se replanteará ejecutar otras 23 carreteras cuya inversión conjunta supondría inyectar unos 700 millones en cuatro años a las compañías adjudicatarias. La diputada de Hacienda de Gipuzkoa, Helena Franco, lo dejó muy claro la semana pasada al presentar los presupuestos forales para 2012: "El modelo basado en la construcción acelerada de grandes infraestructuras está agotado". El parón no afectará solo a las carreteras. Corre peligro la ejecución de la incineradora de basuras de Zubieta y el puerto exterior de Pasaia.

"El sector de la construcción va a afrontar una fuerte reconversión en los próximos meses en la medida en que la inversión en obra pública va a sufrir duros recortes y la obra civil sigue en un proceso de ajuste". Es la visión pesimista que ofrecen los empresarios afectados, quienes además pronostican "fuertes descensos" en la facturación de sus compañías. Inevitablemente, agregan, las malas perspectivas conllevarán "ajustes en las plantillas".

A la espera de que la Diputación concrete más sus planes, Modesto Martínez, de UGT, opina que el recorte en las inversiones "frenará el impulso de Gipuzkoa". En cambio, LAB es partidario de destinar los recursos a "desarrollar el sector público" en lugar de gastarlos en "infraestructuras mastodónticas".

El control absoluto de las basuras

La renovación de las mancomunidades de Gipuzkoa tras las pasadas elecciones municipales de mayo ha dado a Bildu un poder absoluto en la toma de decisiones sobre el futuro de las basuras de esta provincia. La coalición controla desde octubre pasado seis de las ocho mancomunidades y, consiguientemente, copa el 83% de los miembros del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, el organismo público que ejecutará las actuaciones sobre residuos. De esta entidad depende si finalmente se construirá o no la incineradora.

Bildu cuenta con 10 de los 12 miembros (se incluyen dos representantes de la plataforma antiincineración Zero Zabor) del consejo de administración del consorcio. Los dos restantes son socialistas. El PNV, que presidió esta sociedad pública durante el anterior mandato, se ha quedado sin representación, aunque los actuales rectores han invitado a esta formación a participar en las reuniones. El desequilibrio de fuerzas políticas es tan acusado que la coalición independentista podrá decidir a su antojo sobre el sistema final de gestión.

La primera decisión de Bildu al frente del Consorcio de Residuos ha consistido en "suspender" la adjudicación del proyecto básico de la incineradora que se proyecta en Zubieta. La adjudicación se dio en la última sesión del consejo de administración anterior, previa a su renovación, cuando el PNV y los socialistas controlaban el consorcio. Bildu acusó a sus predecesores de "pretender hipotecar más el futuro de los guipuzcoanos".

Bildu dispone ahora de menos de un mes de plazo para hacer firme esta resolución y revocar la contratación de las obras de la incineradora.

Desde enero de este año se vienen ejecutando los trabajos para crear la plataforma donde se ubicará el centro de residuos de Gipuzkoa y los accesos viarios a este emplazamiento. Bildu es partidario de establecer una moratoria a la planta de combustión y abrir mientras tanto un proceso de "debate social" para determinar el modelo que se implantará en la provincia.

En una comparecencia ante las Juntas Generales, el diputado de Medio Ambiente y actual presidente del consorcio, Juan Carlos Alduntzin, no cerró la puerta a construir las infraestructuras previstas (incluída la incineradora), aunque abogó por un "redimensionamiento" de las mismas, sin dar más precisiones sobre su tamaño ni de los plazos de ejecución.

El Legislativo provincial, donde el PNV, el PSE y el PP suman mayoría frente a Bildu y Aralar, ha aprobado una moción a favor de seguir adelante con el proyecto de la incienradora. Otro tanto ha ocurrido en el pleno del Ayuntamiento de San Sebastián. Pero Bildu asegura que solo se someterá a las decisiones que adopte el Consorcio de Residuos, donde su poder es aplastante. El alcalde donostiarra, Juan Karlos Izagirre, ha reconocido a Efe que "la mayoría [de San Sebastián] apoya la incineradora", pero asegura que el consistorio aplicará lo que determine el consorcio.

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Sobre la firma

Mikel Ormazabal
Corresponsal de EL PAÍS en el País Vasco, tarea que viene desempeñando durante los últimos 25 años. Se ocupa de la información sobre la actualidad política, económica y cultural vasca. Se licenció en Periodismo por la Universidad de Navarra en 1988. Comenzó su carrera profesional en Radiocadena Española y el diario Deia. Vive en San Sebastián.

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