El ex líder del PNV de Barrika, a juicio por delito ecológico

El ex presidente del PNV en Barrika, Jon Larrazabal, y el responsable de la constructora Excavaciones Baranda, Alexander Albizu, tendrán que ir a un juicio por vertidos en un área protegida de dicho municipio. La Audiencia de Vizcaya ha rechazado el archivo de la causa pedido por los dos imputados y confirma el procesamiento por un delito contra el medio ambiente, dictado en junio pasado por un juez. El tribunal concluye, en un auto fechado el 12 de febrero, que acometieron rellenos e hicieron "caso omiso" al Departamento de Medio Ambiente para preservar la zona, donde se ha detectado, tras los vertidos, "alta concentración de cadmio y arsénico".

Este caso está en los tribunales desde 2006, tras la denuncia del grupo ecologista Txipio Bai por un relleno de 70.000 metros cúbicos de escombros y tierras contaminadas en un terreno del entonces presidente del PNV de Barrika -ahora este cargo lo ocupa un cuñado de Jon Larrazabal-. La demanda se sustanciaba en que una petición de licencia para plantar viñedos se convirtió luego en otra para verter escombros, en una zona que sólo permitía usos agropecuarios; y que en la zona existían especies catalogadas y un área de interés geológico.

El ex presidente local del PNV desglosó además el proyecto de acondicionamiento del terreno en dos superficies de más de 4.000 metros cuadrados, con lo que evitaba que la actuación fuera considerada un relleno (lo que ocurre cuando un área supera los 5.000 metros cuadrados), y que requiere la autorización de la consejería de Medio Ambiente. Así, sólo precisó la autorización municipal.

La denuncia incluía documentos municipales en los que se precisaba que los vertidos se hicieron con escombros procedentes de derribos o demoliciones "y tierras procedentes de diversas obras de Barrika" donde Larrazabal ejercía de constructor. Al otro imputado, Alexander Albizu, se le acusa como responsable de la constructora que realizó los movimientos de tierra.

En la instrucción judicial de la causa, existe un informe del Instituto Nacional de Toxicología que detectaba concentraciones de cadmio y arsénico de hasta el triple por encima del umbral legal de afección a los ecosistemas.

El auto de la Audiencia, que confirma el procesamiento, señala que se produjo por "parte o instancia de los imputados" el relleno con escombros de derribo y obras "en una zona ubicada en un área recogida en el catálogo abierto de espacios naturales relevantes" del País Vasco y que afectó a zona de interés geológico y una regata utilizada por especies de interés.

Agrega que el Departamento de Medio Ambiente exigió medidas correctoras para preservar el lugar "y se hizo caso omiso". "No se cumplieron las disposiciones de la Dirección de Biodiversidad ni de la Dirección de Calidad Ambiental". La Audiencia indica que hay indicios de "la existencia de vertidos contaminantes" y concluye que, "admitidos los vertidos" por los imputados y "constatada su peligrosidad", debe celebrarse un juicio. Ahora, la Fiscalía y cada parte debe formular sus acusaciones y solicitar las penas de prisión para, posteriormente, fijarse la fecha del juicio oral.