Iniciativa contra la armonización fiscal

El concepto armonizar, en Euskadi, tiene cada vez menos connotaciones musicales. La partitura de la recaudación fiscal suena definitivamente mal -hasta octubre seguía cayendo un 2,6% y sigue estacada en niveles de 2006- y los coros de la actividad económica no acompañan ni en Euskadi, ni en España, y ya tampoco en el resto de la zona euro, que se asoma a la recesión.

En ese contexto las instituciones vascas han optado por sumarse al desconcierto y en vez de afrontar la crisis unidas se han decantado por adoptar soluciones parciales y tirar cada una por su lado en materia de tributos. Ante la petición del Gobierno vasco de diseñar una reforma fiscal conjunta que incrementara la recaudación de las rentas más altas, el PNV y el PP han sellado una alianza para frenar en seco la posibilidad de que el modelo de armonización -impuestos con igual capacidad recaudatoria- se basara en el acuerdo tributario firmado por PSE y Bildu en Gipuzkoa. Al pacto de los partidos de izquierdas, PNV y PP han respondido con un acuerdo que salvo en Patrimonio, no toca a quienes más ingresan.

Los ciudadanos de Gipuzkoa van a pagar más por los mismos servicios

Después de 16 meses desde que la Lehendakaritza abriera el debate sobre la necesidad de una reforma fiscal, el resultado que finalmente van a aprobar las Juntas Generales, apenas si tendrá inflcuencia en el ingreso. El impuesto de Sociedades no se toca y tampoco la tributación por módulos. Tan sólo Gipuzkoa se ha atrevido a elevar la fiscalidad de los sueldos de ejecutivos y la de las opciones sobre acciones.

El Gobierno se apunta como un tanto la armonización en Patrimonio, que Bizkaia y Álava no querían restaurar, y a partir de ahora centrará sus objetivos en la lucha conjunta contra el fraude y en reducir las duplicidades. Lehendakaritza espera que las diputaciones presenten en el Organo de Coordinación Tributaria medidas de lucha coordinadas contra el fraude, y buscará minimizar las duplicidades de competencias en la comisión parlamentaria tras el informe de dos consultoras que cuantificaron esas duplicidades del modelo institucional vasco en 403 millones de euros. "Que las grandes fortunas vuelvan a tributar por Patrimonio no es mucho pero es menos que nada", indican desde el Ejecutivo. "La maquinaria de la reforma fiscal se ha puesto en marcha y ya es imparable al coincidir toda Europa de su necesidad", sostienen estas fuentes.

La minireforma de peneuvistas y populares, "que han acabado armonizándose entre ellos para no ser armonizados por Bildu y el PSE" , cita un experto en tributos, además de evitar gravar a quienes más ingresan, -más allá de la restauración de un castrado impuesto de Patrimonio-, ha vuelto a poner sobre la mesa el escaso margen de maniobra que tiene el Gobierno a la hora de influir en los ingresos tributarios. Pese a gastar el 70% de toda la recaudación y prestar el 80% de los servicios a los ciudadanos vascos, el Ejecutivo no dispone de herramientas legales para influir en el ingreso.

Finalmente, cada diputación foral va a aprobar si el trámite de enmiendas en las Juntas Generales no lo remedia, normativas diferentes que van a desequilibrar los territorios. La fiscalidad, que está sirviendo para alinear a los partidos en base a sus postulados ideológicos, está, por otra parte, contribuyendo a desalinear y crear tensiones en el país.

La práctica del foralismo en manos de partidos diferentes está fraguando una comunidad con tres provincias cuyos ciudadanos van a ser diferentes en obligaciones. En Gipuzkoa, el acceso a la sanidad, a la educación, policía y ayudas sociales, entre otros servicios básicos va a ser más caro que en Bizkaia y que en Álava, provincias estas en las que los ciudadanos con mayor poder adquisitivo van a pagar menos, subvencionados por las rentas medias y bajas.

Un modelo de acuerdos fiscales entre PP y PNV que, lejos de ser coyuntural, como lo subrayan sus protagonistas, muestra un nivel de coincidencias que lo hacen más estructural.