La Ertzaintza indaga sobre la trama fuera de Euskadi

Han pasado casi diez meses desde las detenciones de los ocho primeros imputados que sacaron a la luz la presunta trama de corrupción denominada caso de Miguel, que más que salpicar embarró al PNV. Y las investigaciones continúan siguiendo varias pistas para esclarecer el alcance de lo ocurrido. Entre las líneas abiertas está seguir el rastro que las empresas vinculadas a la trama dejaron en la documentación encontrada. Una de las cuestiones que sigue abierta apunta fuera de Euskadi: Los agentes de la Unidad de Delitos Económicos de la Ertzaintza dedicados al caso investigan las relaciones que la trama mantuvo con algunas empresas de Madrid y Cataluña.

Los agentes tiran del hilo de las facturas descubiertas durante el análisis del material informático que fue incautado tras las detenciones de marzo pasado. La investigación trata de esclarecer si estas sirvieron en algún momento para disimular el pago de comisiones.

Las facturas fueron descubiertas en el análisis del material informático incautado

El escándalo apunta al núcleo del poder del PNV alavés

En marzo se cumple un año del arresto de los primeros imputados

A los investigadores no les consta que la trama saliera de España

De momento, solo el nombre de un grupo empresarial, el Catalán Riera, vinculado a la trama urbanística de Zambrana, ha trascendido. Hoy por hoy, no les consta a los investigadores que la trama tuviese ramificaciones fuera de España.

Mientras tanto, el juez Roberto Ramos, titular del juzgado de Instrucción número cuatro de Vitoria y el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, siguen a la espera del informe definitivo de la Unidad de Delitos Económicos de la Ertzaintza que pondrá orden en el caso y ayudará a clasificar las miles de páginas de documentación que se acumulan en decenas de volúmenes del sumario. Se espera que el citado informe esté listo en la primera parte de 2011.

El 17 de marzo se cumplirá un año desde que estalló el escándalo que apunta al núcleo del poder del PNV alavés presidido por Iñaki Gerenabarrena. Quienes lo siguen de cerca resaltan su complejidad debido a sus numerosas ramificaciones y nadie se atreve a pronosticar como terminará el asunto, que suma de momento 15 imputados. Todo comenzó con una simple denuncia ante la fiscalía. EL PAÍS reconstruye lo ocurrido en los distintos frentes que han situado la provincia en el epicentro político y judicial.

- La denuncia. En diciembre de 2009, Ainhoa Alberdi, abogada y administradora única de Urbanorma Consulting, contratada para asesorar al Parque Tecnológico de Miñano en su ampliación de terrenos, acudió al fiscal jefe de Álava y denunció que había sido extorsionada por dos personas. Los nombres que dio no eran los de cualquiera: uno de ellos era el entonces diputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial y vicepresidente de Caja Vital Alfredo de Miguel. El otro señalado era Aitor Tellería, miembro de la Ejecutiva del PNV alavés y persona de la máxima confianza del presidente del ABB. La abogada sustentó su versión en varias grabaciones que fue realizando a lo largo de los meses para dar credibilidad a su denuncia. Así empezó todo.

- Las detenciones. Precedidos por un máximo secretismo para evitar filtraciones, a primera hora de la mañana de 17 de marzo de 2010, los agentes de la Ertzaintza proceden a detener a los ocho primeros imputados por orden del juez Ramos: De Miguel, Tellería, el ex director del Instituto Foral de Bienestar Social, Koldo Otxandiano y sus respectivas esposas, Ainhoa Bilbao, Araceli Bajo e Iratxe Gaztelu, además del ex gerente del parque de Miñano Alfonso Arriola. Las tres mujeres fueron arrestadas al figurar como administradoras de Kataia Consulting, situada en el epicentro de la trama. El octavo, Jon Iñaki Etxaburu, era el ex socio de la abogada denunciante en la empresa contratada por el parque tecnológico alavés.

- El Parque Tecnológico. En su denuncia, Alberdi sostiene que, tras quedarse como administradora única de Urbanorma Consulting después de que Iñaki Etxaburu le vendiera su participación en la empresa, fue extorsionada para que compartiera los más de 400.000 euros correspondientes a la asesoría de la ampliación del parque. Alberdi dijo en su declaración que fue instada por De Miguel y Tellería a "pasar por caja" y pagar una comisión supuestamente pactada antes con Etxaburu sin su conocimiento. Tellería era responsable del CEIA, centro de empresas innovadoras del parque. Varios de los imputados están vinculados al mismo: Arriola fue gerente del parque -en el momento de su detención era asesor del Tribunal Vasco de Cuentas-, Otxandiano fue su director financiero. A ellos se suman otros tres citados por la justicia como imputados: Julián Sánchez Alegría, presidente de la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi en el momento de la supuesta extorsión; Miren Bilbao, directora técnica del parque de Miñano y el empresario Sergio Fernández Oleaga, ambos por la adjudicación a la empresa STOA.

- Correos desde la Diputación. El día de las primeras detenciones, en la Diputación, los funcionarios vieron atónitos como la Ertzaintza en funciones de policía judicial entraba para registrar el despacho de De Miguel. Los agentes también llevaron a cabo pesquisas en el Centro de Cálculo, al igual que el Parque Tecnológico de Miñano y en el domicilio de los detenidos, que declararon durante horas antes de ser liberados con cargos. Entre lo descubierto habría varios correos electrónicos enviados por De Miguel desde su dirección de correo oficial del ente foral que sustentarían la versión de Alberdi. En los registros también se encontraron numerosas facturas, entre otras cosas.

- Sospechas en Cultura. Tirando del hilo, la investigación descubre que tres empresas, Kataia Consulting, además de Errexal y Ortzi Muga, ambas administradas por Iñaki San Juan -ex edil del PNV en Leioa, que no ha sido imputado-, cobraron facturas por un importe de más de 150.000 euros por trabajos de los que apenas constan documentos que certifiquen que fueron realizados. Todos los contratos procedían el Área de Juventud, dirigida por Xabier Sánchez Robles con Gurutz Larrañaga como viceconsejero. Ambos están imputados.

- Zambrana. El juez Ramos recibe poco después de estallar el caso una denuncia anónima que terminaría siendo incorporada a la causa. Esta le invitaba a investigar lo ocurrido durante un intento de sacar adelante una macrorecalificación en el Ayuntamiento de Zambrana cuando el PNV gobernaba el consistorio y el Ejecutivo vasco. Supuestamente fue impulsada por De Miguel. La catalana Riera Urbanizer se gastó millones de euros en opciones de compra de los terrenos que presuntamente iban a ser recalificados para uso industrial. Tras cambios de gobierno en el Ayuntamiento y el Ejecutivo autonómico, la recalificación fue reducida hasta convertirse en irrelevante. Se investiga si hubo pago de comisiones.

- Espionaje, el 'caso Tellería'. Entre los documentos descubiertos se encontraron fichas sobre destacadas personalidades alavesas -políticos, empresarios, entre otros- en poder de Tellería. Supuestamente, la información le fue proporcionada por dos ertzainas de la entonces Unidad de Análisis e Información (hoy unidad antiterrorista), Carlos Lau y Jesús Acha. Presuntamente se valieron de su puesto privilegiado para suministrar datos de carácter reservado al entonces burukide alavés. La causa, también dirigida por el juez Ramos, sigue bajo secreto de sumario.