La Ertzaintza cree que la trama cobró comisiones del 4% por obras públicas

Hasta el día antes de su detención, desde su despacho en el Palacio de la Diputación de Álava, el entonces diputado foral Alfredo De Miguel siguió llevando las riendas de una nutrida red empresarial que participó en operaciones que suman varios millones de euros, desde adjudicaciones públicas hasta operaciones de compra de terrenos supeditadas a modificaciones normativas. Horas antes de que la Ertzaintza fuera a buscarle a casa, el ex número dos del PNV alavés recibió un correo del también peneuvista Aitor Maruri sobre la fallida macrorecalificación de Zambrana. La Ertzaintza apunta en su último informe que, en al menos dos ocasiones, la trama pudo cobrarse una comisión del 4% sobre contratos públicos que recibían sus empresas satélite o afines en los municipios de Lapuebla de Labarca y Zigoitia, gobernadas entonces por los peneuvistas.

El informe policial destaca contratos en Lapuebla de Labarca y Zigoitia

Roberto González era concejal cuando una de las obras fue adjudicada

El informe relaciona directamente la operación de Lapuebla de Labarca con Roberto González, ex portavoz del PNV en Juntas Generales de Álava durante la pasada legislatura, que compaginó su labor parlamentaria durante más de dos años con un trabajo en Errexal, empresa que recibió contratos públicos de los que no consta que fueran realizados. González era además concejal del PNV en Lapuebla de Labarca en noviembre de 2005, cuando se adjudicó a otras de las compañías de la trama, Construcciones Loizate, una obra para remodelar unas piscinas del municipio por casi 252.000 euros. González era miembro de la comisión especial de cuentas y fue delegado de agricultura, cultura y el ayuntamiento, según el informe de la Ertzaintza sobre el caso, al que ha tenido acceso este diario.

La policía se incautó de un amplio material en el que los miembros de la trama apuntaban sus operaciones en "negro". En un cuaderno rojo titulado Juntas Generales de Álava que contenía varias anotaciones manuscritas, encontrado en el domicilio del exdirigente del PNV alavés Koldo Ochandiano, aparece la anotación "2.000.000 pts [pesetas] en negro piscinas la puebla". La obra fue realizada en 2005 por Construcciones Loizate, propiedad de Jon Iñaki Echaburu, uno de los primeros imputados de la trama. Su compañía realizó un ingreso a Errexal, que se corresponde efectivamente con el 4% de la adjudicación de la obra de las piscinas.

El proyecto fue adjudicado por 251.985,61 euros, según el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava. Si se aplica el porcentaje a esta cantidad, da un total de 10.079 euros. Errexal facturó dicha cantidad a la empresa adjudicataria en concepto de "diseño y realización de cartelería de obra". Construcciones Loizate abonó el pago mediante una transferencia bancaria desde su cuenta de Ipar Kutxa. Y, poco después, Errexal ingresó mediante cheque una cantidad de dinero similar a la "empresa pantalla" situada en la cúspide la pirámide de la trama, Kataia Consulting. Este trasiego de movimientos entre las compañías del núcleo duro de la trama era habitual. En el caso de Errexal y Kataia, ambas compartían contable: la hermana de De Miguel, Aintzane.

La otra operación incluida en el informe en el que se reproduce el modus operandi del 4% está vinculada a obras públicas en el Ayuntamiento de Zigoitia. Una anotación en los cuadernos de Ochandiano en noviembre de 2005 adelantaba que el constructor Echaburu podía conseguir algo en la remodelación del Ayuntamiento de Zigoitia, aludiendo a un "4% [para] Kataia". No se llevó el contrato licitado de 1,1 millones, pero consiguió uno en el mismo ayuntamiento para urbanizar el vial en Gopegi por 174.764 euros. Si se le aplica este porcentaje, el resultado, 6.990 euros, coincide con una transferencia realizada por la constructora a Errexal en febrero de 2006.