A vueltas con el crucifijo

En la toma de posesión de sus cargos celebrada en el palacio de la Zarzuela en presencia del Rey, los miembros del actual Gobierno de la Nación prometieron cumplir con las obligaciones de su cargo ante el símbolo cristiano del crucifijo, que representa la ejecución de Jesús de Nazaret a manos de los poderes políticos y religiosos de su tiempo. Pocos días después se celebraba un funeral católico de Estado por el fallecimiento del ex presidente del Gobierno Leopoldo Calvo-Sotelo en la catedral de la Almudena, oficiado por el arzobispo de Madrid, cardenal Rouco Varela, con la presencia de las máximas autoridades del Estado.

Situaciones como éstas, más propias de la España preconstitucional que del actual Estado no confesional, provocaron la justificada presentación de dos proposiciones no de ley para la eliminación de los símbolos religiosos y para la revisión de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979 por parte de los diputados de IU y del BNG, respectivamente. "El crucifijo está de más", dijo con contundencia el diputado y secretario del Grupo Parlamentario Socialista, Ramón Jáuregui, durante el debate de ambas proposiciones. Tras tan radical declaración, todo hacía pensar que el PSOE diera su apoyo a las mismas. Pero, no. Contra toda lógica -política, e incluso teológica-, votó en contra, junto con Convergència i Unió y el Partido Popular, a quien durante la legislatura anterior acusó insistentemente de haberse aliado con los sectores más reaccionarios de la Iglesia católica.

Los socialistas han vuelto a dar marcha atrás en la defensa del laicismo

Una práctica social laica requiere una legislación igualmente laica

Ahora han sido los socialistas en pleno reunidos en su congreso quienes han rechazado, a petición del secretario general, Rodríguez Zapatero, la propuesta hecha por la dirección del partido a favor de la desaparición de la confesionalidad todavía hoy vigente en espacios y prácticas de instituciones como los funerales de Estado, alegando, entre otras razones, que "la laicidad no tiene constituida una liturgia alternativa". También han echado abajo la iniciativa de la corriente Izquierda Socialista de revisar los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede. ¿En qué queda entonces el tan publicitado compromiso de profundizar y avanzar en la laicidad del Estado? Las dos propuestas aprobadas en el congreso socialista casi por unanimidad constituyen un cambio de rumbo, vienen a desmentir el citado compromiso y dejan la palabra "laicidad" vacía de contenido. De nuevo, vuelve a hacerse realidad el viejo "¡del dicho al hecho...!".

Cuatro son las reflexiones que me sugiere la actitud de los socialistas. La primera es de carácter teológico. Jurar o prometer los cargos públicos ante el crucifijo me parece una contradicción. La muerte de Jesús de Nazaret en la cruz no respondióa la voluntad de Dios, como frecuentemente han predicado las iglesias cristianas, sino que fue la aplicación de una condena impuesta por las autoridades religiosas y políticas por su afilada crítica de la religión, su transgresión sistemática de la ley, su permanente conflicto con el poder político y su práctica liberadora, socialmente revolucionaria, políticamente desestabilizadora del orden establecido, religiosamente subversiva y desacralizadora del poder.

Es necesario preservar el crucifijo, símbolo de un cristianismo liberador y comprometido con los excluidos, de cualquier uso y abuso político, manipulación partidista y legitimación del poder. Me parece un sarcasmo que quien fuera crucificado por blasfemo, heterodoxo y subversivo sirva de legitimación de las actuaciones políticas de quienes van a ejercer el poder. Es una contradicción en toda regla y una desnaturalización de la muerte de Jesús de Nazaret. Los dirigentes eclesiásticos y los creyentes de las diferentes iglesias cristianas deberían ser los primeros en levantar la voz contra el uso y abuso del crucifijo en ceremonias de carácter político y de reclamar su supresión en actos institucionales.

La segunda reflexión es de carácter jurídico y tiene que ver con la afirmación de Jáuregui durante el debate citado más arriba de que "la supresión de símbolos religiosos en actos institucionales debe producirse como consecuencia de la práctica y la evolución social y protocolaria, pero no mediante prohibiciones legales que no tienen sentido". La sociedad española es una sociedad secularizada que sabe separar perfectamente el plano político del religioso, mejor que el Gobierno más propenso a confundirlos, y no acepta fácilmente la confusión actualmente reinante al respecto.

¿Cómo pueden calificarse de prohibición legal sin sentido una ley que establezca la retirada de los símbolos religiosos en actos institucionales de tanta trascendencia como la toma de posesión de un Gobierno democrático de un Estado pretendidamente no confesional y la renuncia a los funerales religiosos de Estado, cuando los propios socialistas apelan constantemente a los principios de laicidad, igualdad y neutralidad? Para que los cambios sean operativos en un Estado de derecho, deben materializarse en leyes. De lo contrario, se quedan en meras declaraciones de intenciones o en vaporosos sentimientos que se lleva el viento. Una práctica social laica requiere una legislación igualmente laica. Las leyes han jugado un papel fundamental en las transformaciones producidas en nuestro país durante los últimos 30 años.

Mi tercera reflexión tiene que ver con el cambio de lenguaje llevado a cabo por los socialistas. Han renunciado a utilizar la palabra "laicismo", definida por el Diccionario de la Real Academia, en su vigésima segunda edición, como "doctrina que defiende la independencia del hombre (sic) y de la sociedad, y más particularmente del Estado, de cualquier organización o confesión religiosa", quizás para no airar a los obispos, que la entienden erróneamente como persecución contra la religión, y la han sustituido por "laicidad", que ni siquiera está registrada en el citado diccionario. El cambio de lenguaje es ya en sí sospechoso.

La cuarta reflexión es que la votación del PSOE en contra de las proposiciones no de ley citadas y el rechazo de la supresión de funerales religiosos de Estado en su último congreso reflejan desorientación ideológica y miedo a la Iglesia católica. Sorprende la coincidencia del PSOE con el PP cuando las posiciones en el tema religioso parecen tan diferentes. ¿O acaso no lo son tanto? No se olvide que los dos partidos son contrarios a la revisión de dos textos que están en la base de los actuales privilegios a la Iglesia católica: el artículo 16,3 de la Constitución Española y los Acuerdos con la Santa Sede. Ésa es precisamente la posición del episcopado español y del Vaticano.

A favor de la revisión de los Acuerdos y de la reforma constitucional en materia religiosa se han pronunciado, empero, numerosos colectivos religiosos. Pero dudo que esas peticiones sean atendidas. En materia religiosa, los Gobiernos tienden a llegar a acuerdos con las cúpulas y con los sectores más conservadores de las religiones. ¿Asistiremos durante esta legislatura a la triple alianza PSOE-PP-Iglesia católica en materia religiosa?

Es necesario llevar el laicismo -o, si se quiere, la laicidad- hasta las últimas consecuencias. Para ello hay que eliminar todos los restos de teísmo político -criticado tan certeramente por el teólogo Paul Tillich- que perviven incluso en los Estados no confesionales, y muy especialmente en el Estado español.

Juan José Tamayo es director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones de la Universidad Carlos III de Madrid y autor de Desde la heterodoxia. Reflexiones sobre laicismo, política y religión.