Lo peor de cada casa, o Bolonia como excusa

Hace tiempo que nuestras facultades universitarias andan intentando llevar a cabo las transformaciones necesarias para alcanzar eso que enfáticamente se suele denominar el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), y que, de manera más simple y coloquial, profesores y estudiantes prefieren nombrar con una sola palabra: Bolonia. De todas esas transformaciones, probablemente la que en este momento está acaparando los mayores esfuerzos sea la relacionada con la elaboración de los nuevos planes de estudio.

No es mi intención en absoluto referirme aquí a la amenaza que semejante proceso supone para la enseñanza pública, asunto acertadamente analizado por José Luis Pardo en estas mismas páginas (La descomposición de la Universidad, 10 de noviembre de 2008). Como tampoco lo es entrar ahora en el detalle de hasta qué punto directrices y normativas procedentes de instancias supranacionales condicionan efectivamente las posibilidades de actuación autónoma de nuestros centros. Sin duda, tales limitaciones existen, de la misma forma que buena parte de los cambios que se vienen impulsando desde las diferentes instancias de gobierno universitarias resultaban poco menos que inaplazables. (A este respecto, en la sección de Opinión de la edición catalana de este mismo diario, Joan Subirats publicaba hace pocos meses un sensato y ponderado artículo titulado Bolonia en el laberinto universitario que me exime de mayores puntualizaciones).

Una casta de profesionales del cargo asume el protagonismo en la Universidad

Bolonia ha otorgado un gran poder a la burocracia de los centros superiores

Pero también parece claro que la apelación a Bolonia está sirviendo como coartada para operaciones y movimientos que nada tienen que ver con ningún proyecto de convergencia europea y que, con toda probabilidad, sólo puedan ser adecuadamente entendidos poniéndolos en relación con lo ocurrido en nuestras universidades en los últimos años, especialmente en lo tocante a las políticas de profesorado y al acceso a los cargos de responsabilidad institucional, aspectos ambos íntimamente conectados y en cuya conexión probablemente se encuentre una importante clave para entender la deriva que en determinados aspectos ha tomado el proceso mencionado.

Sin duda, la Universidad española anda recogiendo los frutos de su particular transición, del específico cambio de modelo llevado a cabo en los años ochenta. Tal vez no hubiera otra manera de resolver el monumental atasco generado por el reclutamiento masivo de profesores en los últimos años del franquismo que las incorporaciones masivas a la docencia reguladas por la LRU. De nada vale a estas alturas llorar sobre la leche derramada y lamentarse de la inutilidad de determinados escándalos (el tristemente célebre caso Lledó) o de la naturalidad con la que se asumía, en tantos y tantos concursos, la figura delcandidato de la casa, como si tal condición constituyera un mérito por completo insuperable. Pero sí valdrá la pena señalar que aquellos procedimientos, tan escasamente exigentes en muchos casos, funcionarizaron a un importante sector de viejos penenes que con el tiempo, han terminado por asumir un considerable protagonismo en determinados ámbitos de nuestra Universidad.

Porque buena parte de ese sector, una vez alcanzada la estabilidad laboral, aplicó buena parte de sus energías a otros fines, transformándose la política institucional en su nuevo objeto del deseo. Aprovechando unas modificaciones en la normativa que permitían un acceso en principio más democrático a los cargos, el grueso de los mismos pasaron a ser ocupados por miembros del mencionado sector, caracterizados -salvo honrosísimas excepciones- por su escasa excelencia académica. Surgió de esta manera una casta de profesionales del cargo, que ha venido detentando los espacios de poder universitario en las últimas décadas.

Lo ha venido haciendo, todo hay que decirlo, ante la indiferencia, cuando no la displicencia, de esos otros colegas efectivamente interesados en la investigación y la docencia, que prefirieron el estudio y el trabajo con sus respectivos equipos y estudiantes a la burocracia y a la querella política doméstica. Sin duda, también les corresponde a ellos una cuota de responsabilidad por lo que ha terminado sucediendo. Y es que el poder académico, en gran parte irrelevante durante muchos años, de pronto se ha convertido en un espacio determinante, en la medida en que permite intervenir de manera directa en las transformaciones a las que nuestra Universidad viene obligada en este momento por Bolonia.

No pretendo abrir aquí un debate sobre la meritocracia o sobre la democracia censitaria, pero constato que, en contra de lo que a primera vista podría parecer (y resultaría deseable), la presunta democratización en el acceso a los cargos ha provocado la generalización de procedimientos dudosamente democráticos, lo que en el caso de la elaboración de los nuevos planes de estudio se ha concretado en la designación, por parte de las autoridades académicas, de comisiones pretendidamente técnicas que terminaban decidiendo acerca de cuestiones de contenido a uña de caballo, eliminando asignaturas y proponiendo otras nuevas, sin dar ocasión a que tuviera lugar un debate abierto, en el que pudieran participar todos los sectores afectados. Esto, sucedido en diversas facultades de mi Universidad (y doy por descontado que en otras Universidades españolas), está señalando lo que bien pudiéramos denominar una inquietante incapacidad de la Universidad para gobernarse a sí misma. Cosa que en modo alguno debe de ser interpretada como un cuestionamiento por mi parte del principio general según el cual el gobierno de la Universidad deba basarse en su legitimación y control por parte de la comunidad universitaria, sino precisamente como la denuncia del incumplimiento perverso de dicho principio por parte de algunos.

Es probable que Bolonia no sea la solución, pero tampoco está claro que sea el principal problema. Al igual que tampoco creo que éste sea la proliferación de pequeñas universidades, que, como se señalaba en una reciente carta al director de este periódico, habría "multiplicado la mediocridad": a fin de cuentas, nada obligaba a reclutar profesores mediocres en ellas (si hemos de aceptar el diagnóstico del corresponsal). Es posible también que en dichos centros sobrevivan también "catedráticos mandarines", que propician, con su poder autista, la imagen de los departamentos universitarios como reinos de taifas. Pero me parece aún más cierto que en las grandes, como en la que yo trabajo, el problema que revela la situación descrita en el párrafo anterior es de toda otra naturaleza. Naturaleza que, para terminar, me permitirán que resuma en términos de pregunta (un tanto vertical, he de reconocerlo): ¿tiene sentido que los que menos se han dedicado a las tareas más específicamente relacionadas con el conocimiento prescriban a los demás lo que tienen que saber? O, yendo a la raíz del asunto, ¿es de recibo (muy especialmente a la luz de todo lo que se está viendo) que la excelencia no sea un elemento relevante para el acceso a los diferentes niveles de responsabilidad institucional?

Manuel Cruz es catedrático de Filosofía en la Universidad de Barcelona y director de la revista Barcelona METROPOLIS.