La electricidad de la democracia

El año 2011 ha comenzado con acontecimientos que quizás cambien para siempre nuestra visión del mundo y nuestras decisiones sobre cómo generar la energía eléctrica que nuestra sociedad necesita a diario. Estos acontecimientos moldearán nuestras respuestas a la cuestión clave de qué energías queremos que produzcan nuestra electricidad hoy, y qué inversiones acometeremos para producir la electricidad de mañana. La cuestión no es solo qué tecnologías elegimos; es, también, de qué cauces dispone un país democrático para que esas decisiones respondan a un debate público inteligible.

Desde hace tiempo, nos estábamos enfrentando ya a un serio problema: todas las fuentes de electricidad tienen serios problemas. Así, en España, la hidráulica ha agotado prácticamente sus emplazamientos, transcurrido más de un siglo construyendo embalses; el carbón aumenta las emisiones de CO2, cuando la Unión Europea obliga a reducirlas; el gas natural es caro, porque su precio va ligado al del petróleo; las centrales nucleares no ofrecen soluciones claras para los residuos y financiar inversiones faraónicas en nuevas plantas es difícil; las renovables son tecnologías en desarrollo, aún caras. Una decisión adecuada sobre el "mix de generación" deberá ponderar estos problemas; por cierto ¿quién toma esa decisión? ¿Políticos, técnicos, empresarios? ¿En foros públicos o en despachos?

El petróleo genera dictadores prestos a adquirir armas para el control militar de su país

Fukushima ha puesto de manifiesto el fracaso de la seguridad en las centrales nucleares

Quizás hay una pregunta más práctica: ¿cómo se ha hecho hasta ahora? Bien: el parque de generación español ha venido determinado históricamente por una combinación de inversiones de grandes empresas privadas y planificación oficial. Esto no es mejor o peor que otras opciones (en Estados Unidos existen múltiples eléctricas privadas cuyo tamaño está limitado; en Francia o Italia existe una gran eléctrica con mayoría pública). Pero el hecho de que las inversiones las realicen grandes empresas privadas añade dos complicaciones: que esas empresas obtienen más beneficios cuanta más energía venden; y que, como en el ADN de la empresa privada figura maximizar beneficios a corto, el largo plazo les resulta un tanto ajeno.

En la sociedad de la hipercomunicación, existe un debate permanente sobre energía y política, pero a menudo se simplifica demasiado; los gabinetes de comunicación de empresas y asociaciones batallan con artículos favorables y contrarios a cada alternativa, cuya lectura aporta más contradicciones que valoraciones globales.

En cualquier caso, a pesar de estos condicionantes, el hecho es que el sistema eléctrico funciona. ¿Cómo funciona? Cada día, todas las plantas de producción españolas que operan en el mercado envían a un operador central a qué precio están dispuestas a producir al día siguiente; este operador ordena las ofertas por su precio y suma la cantidad de electricidad total ofertada a cada precio; después, anuncia a qué "precio de corte" entrarían a producir suficientes plantas para casar con la demanda nacional de electricidad. Ese nivel de corte pasa a ser el precio de mercado; las plantas que habían ofertado menos entrarán en producción; las que hubieran cotizado más alto, quedarán paradas. Este mecanismo encierra algo fundamental: marca precio de mercado la planta más cara; todas las plantas que produzcan ingresarán ese precio, aunque hubieran hecho ofertas inferiores, según sus costes menores.

Cuando se diseñó este sistema, a finales de los noventa, se pensaba que el precio de mercado sería menor de lo que recibían las centrales antiguas con la regulación anterior; por eso, se les aseguró a estas que ingresarían hasta 36 euros/MWh con un pago aparte, si el precio de mercado resultaba más bajo. Nadie esperaba entonces lo que ocurrió: que los combustibles fósiles se dispararon desde 2004, y el precio de mercado, en vez de bajar de aquellos 36 euros/MWh garantizados a las viejas inversiones, creció vertiginosamente, siguiendo a las plantas de combustibles más caros (fue 64 euros/MWh en 2008, con 73 euros/MWh de máximo). Y cuando el precio de mercado, fijado por la planta más cara, se disparó, las centrales antiguas se embolsaron inesperados beneficios extras; una cuantificación precisa del impacto de este efecto (muy discutido: el presidente de la Comisión Nacional de la Competencia [CNC] ha declarado que "supone llenar los bolsillos de las eléctricas en detrimento del precio que pagamos los ciudadanos"; mientras que desde la patronal eléctrica se considera que su importancia se ha exagerado) rebasaría el propósito de este artículo.

A los ciudadanos, por cierto, no se nos transmitió inmediatamente la fuerte subida de tarifa que habría implicado la nueva situación de los precios, por lo que hemos contraído una deuda con las eléctricas que alcanza unos 20.000 millones de euros.

Por otra parte, hay que reseñar que los Gobiernos españoles han separado de esta pura "casación según mercado" algunas energías que pretendían promover, como las eólica y solar, cuyos ingresos se establecen a un precio fijo que les permita amortizar su inversión (unos 78 euros/MWh en la eólica).

En comparación, ¿cuánto pagamos en nuestros hogares? Pues unos 200 euros/MWh en una factura reciente, de los que unos 60 euros/MWh son la parte que paga la generación de electricidad según mercado (el resto del precio corresponde al transporte de la electricidad, más ajustes e impuestos). Comparar esos 60 euros/MWh con los 36 euros/MWh de referencia original para centrales antiguas y los 78 euros/MWh que recibe la eólica sugiere que tenemos un rango razonable para decidir qué tecnologías promover y cómo pagarlas, sin que ese reequilibrio altere sustancialmente el precio final. En otras palabras, que la técnica y la economía no deben anular la política.

¿Hacia dónde irá una solución global? Durante mucho tiempo, muchos hemos pensado, aunque fuera por inercia, que debía mantenerse un mix equilibrado de todas las tecnologías (por aquello de "no poner todos los huevos en la misma cesta"); después de todo, si al ciudadano esto no debe de interesarle tanto, ¿por qué no dejar que siga la componenda histórica entre empresas y Gobiernos sin que nada cambie mucho?

Sucede que las cosas están cambiando tanto que a lo mejor ciudadanos, empresas y Gobiernos tenemos que abandonar nuestras inercias.

Porque en el comienzo de 2011 acaban de quedar muy claras dos cosas: una, que el petróleo genera dictadores, enriquecidos por el petróleo, prestos a adquirir armas para el control militar del país, que llevan a la asfixia o a la guerra a sus sociedades. Y la consecuente inestabilidad, además de interpelarnos moralmente, anticipa un mundo de petróleo caro: históricamente, en los países donde ha habido revoluciones (Irán, 1979) y guerras (Irak, 2003) la producción nunca ha vuelto al nivel original. Si, a esta inestabilidad, se agregan el desarrollo asiático y el control de la OPEP, parece muy probable un futuro de energías tradicionales caras, lo que hará más atractivas nuevas posibilidades.

Y la segunda cosa que ha quedado clara: que la tecnología nuclear, por la que una pléyade de expertos abogaba, alabando su alta seguridad, ha fallado estrepitosamente (ante una catástrofe natural, es cierto; pero estrepitosamente). Toda cadena se rompe por el eslabón más débil: un fallo de los generadores diésel de emergencia, inundados por el tsunami, puso los reactores nucleares de Fukushima fuera de control.

Hay un tercer asunto que desde hacía años estaba claro: que la industrialización del planeta ha alterado fuertemente su equilibrio climático y que es evidente que no sabemos adónde nos lleva ese cambio. Sabiendo que no sabemos, ¿tiene sentido correr el riesgo de alterar irremisiblemente el planeta, por no haber invertido a tiempo en las tecnologías adecuadas, confundidos por el ruido y la furia globales? ¿Tiene sentido que cuando sepamos, o sepan nuestros hijos, hayamos perdido 20 o 30 años que costará mucho más recuperar de lo que costaría ahora ganarlos?

Resulta difícil decantar conclusiones y llegar a una respuesta final que sugiera un camino. Quizás el problema sea que una economía orientada al consumo ha empobrecido nuestra capacidad de debatir los asuntos colectivos. Pero no es irremediable que sea así: tenemos políticos inteligentes, buenos periodistas, directivos cualificados, ciudadanos enormemente motivados por la época de la historia que les ha tocado vivir. Podríamos aplicar toda nuestra energía a hablar claro, muy claro, sin lemas de ocasión, con cifras contrastables en la red, por todos los medios, sobre los asuntos de todos, entre todos.

Emilio Trigueros es químico industrial y especialista en mercados energéticos.