Las ciudades y los vecinos frente a la crisis

La crisis golpea en todas partes, pero se deja notar con mayor fuerza en las ciudades, en esas tramas urbanas que han crecido con fuerza en los últimos años en España. Y en ese escenario cuenta cada vez más la capacidad de las comunidades locales para afrontar los problemas de la crisis cotidiana, con todos sus matices y recovecos. Los protagonistas de las cumbres de Washington o Bruselas sobrevuelan los problemas. Los alcaldes y los vecinos se los encuentran cada día cara a cara. No es lo mismo hablar de la crisis que padecerla cotidianamente al pagar el billete de metro, afrontar la factura del gas o del agua, o devanarse los sesos pensando cómo seguir pagando la hipoteca. Los precios y tasas de los servicios públicos y sus mecanismos de actualización se fijaron en momentos muy distintos de los actuales. Y las perspectivas de aumento en algunas ciudades superan el 3% o el 4%. La tarjeta más usada en el transporte público de la conurbación metropolitana de Barcelona subió hace unos días más del 7%.

No se puede calificar de "aspirina", como ha hecho Rajoy, un plan que ayudará a la población

Están ya lejos las alegrías del 'boom' inmobiliario, que permitió disfrazar y atenuar las penurias

Por otro lado, la noticia de la reducción de la inflación y del índice de precios al consumo, aparentemente favorable para ese concepto impersonal que es la economía, ha provocado que la actualización automática de las pensiones (que se fija a partir de la variación del IPC interanual de cada mes de noviembre, este año un 2,4%) provoque una reducción drástica de las expectativas de contar con un poco más de recursos para los millones de personas que sólo tienen acceso a las pensiones más bajas. Para una viuda de más de 65 años, el aumento será sólo de 33 euros. Personas situadas en la escala más baja de prestaciones sociales no notarán para nada la reducción del IPC, basado esencialmente en la rebaja del precio del petróleo, y en cambio cada 10 céntimos de subida en los bienes básicos como alimentación, textil, vivienda o servicios esenciales como agua o transporte suponen un verdadero terremoto en sus frágiles economías. Y en esos aspectos la tendencia de los precios ha sido al alza (6,6% de aumento en los gastos asociados al hogar, un 3,2% en la alimentación). ¿Quiénes van a salir peor librados de esos ajustes? Está claro que van a ser los pensionistas, en especial las viudas, y los jóvenes, abrumadoramente precarios de trabajo discontinuo y, por tanto, los más afectados, junto con los inmigrantes, por el aumento del desempleo. Es evidente que la conflictividad va a ir en aumento, ya que el contraste entre planes millonarios de rescate por arriba y miserias por abajo no podrán soportarse por mucho tiempo.

¿Qué hacer ante ese panorama? Las respuestas de los Gobiernos apuntan a los grandes parámetros de actividad económica. Sus multimillonarios planes de rescate y ayuda se dirigen al sector bancario o algunos ámbitos industriales especialmente significativos por el impacto de la crisis y por su gran carga de puestos de trabajo directos o indirectos que suponen, como es el caso de la industria del automóvil. Mientras, vamos descubriendo nuevas estafas revestidas de honorabilidad financiera. En España, al margen de lo ya mencionado, destaca el acuerdo del pleno del Congreso del pasado 27 de noviembre, en el que el presidente Zapatero asumió la importancia de los gobiernos locales en los procesos de recuperación económica y estableció un significativo crédito para los municipios. Calificar ese plan de ayuda a los municipios como de "aspirina", como ha hecho Rajoy, demuestra hasta qué punto la necesidad de descalificar al Gobierno acaba por despreciar una de las pocas medidas concretas que pueden afectar directamente a la población en forma de puestos de trabajo, mejora de servicios y revitalización económica local.

Seguramente sería mejor que las ayudas no estuvieran tan condicionadas en tiempo y forma. Podemos caer fácilmente en el peligro de que "solución busque problema", y que para no perder las ayudas, se improvisen obras o se acometan construcciones que luego sean difíciles de mantener.

Pero el problema de las ciudades y de los ciudadanos no es sólo coyuntural, es estructural. Y lo es ya que la importancia de las ciudades y de los gobiernos locales en el bienestar y la supervivencia ciudadana no se corresponde con las estrecheces económicas en la que viven los ayuntamientos españoles. Las ciudades son hoy decisivas en el bienestar individual y colectivo. Y en cambio, las agendas locales siguen fuertemente condicionadas por las limitaciones que impone un porcentaje del gasto público que está lejos de la que es a la mayoría de países europeos.

Mientras las comunidades autónomas han pasado de no existir a controlar más de una tercera parte del gasto público, los municipios siguen anclados en cifras que rondan el 15% de ese gasto público total, lejos del 24% en que sitúa la media comunitaria. Para gastar, hay que recibir transferencias y recaudar. Y tanto en una cosa como en la otra, la rigidez de ingresos en la que se encuentran los municipios españoles es total.

Bienvenidos, pues, los miles de millones de euros que de manera extraordinaria y urgente se conceden ahora a los ayuntamientos, pero sería necesario que se aborde de manera más estructural el reforzamiento presupuestario ordinario de los gobiernos locales. Recordemos que quedan lejos las alegrías del boom inmobiliario que permitía disfrazar y atenuar las penurias de los presupuestos municipales y que provocaron fenómenos de desgobierno y corrupción, muy minoritarios, pero que perjudicaron seriamente la demostrada capacidad de gestión de muchos gobiernos locales.

Algunas ciudades empiezan a notar de manera clara los excesos de la época de vacas gordas. La deuda de los municipios españoles es, en algunos casos, francamente significativa. La deuda de Madrid representa la mitad del total de endeudamiento municipal, seguida a mucha distancia por Valencia, Barcelona, Zaragoza, Málaga o Sevilla. La Federación Española de Municipios y Provincias asegura que son miles de millones de euros los que se gastan los municipios españoles en tareas que no les corresponden legislativamente hablando, pero que asumen dado que (como decía un alcalde) "donde no llegan mis competencias, empiezan mis incumbencias". Y esas incumbencias crecen a medida que nos adentramos en la crisis y sus efectos en personas y familias.

Ha pasado la época de los fastos municipales. La época en que las ciudades competían para ver quién hacia el plan urbanístico más fantástico, el edificio o el puente más atrevido del arquitecto-estrella más de moda. La época en que contaba más la apariencia que la solidez social y la cohesión ciudadana. El gasto que dedican las ciudades a las políticas sociales, la capacidad de ayudar de manera concreta a los sectores y personas más vulnerables, será a partir de ahora la clave.

La vida de los ciudadanos está hoy más llena de incertidumbres y de dudas que hace unos años. Estas incertidumbres planean sobre la realidad social y afectan la vida de pueblos y ciudades. La política local tiene que ver hoy en día con cotidianeidad, estilos y formas de vida. Y son las ciudades y sus equipos de gobierno los que deben gestionar y tratar de implicar conjuntamente a la ciudadanía en la gobernación de la vida local. Hemos de aceptar que el bienestar individual y colectivo de los ciudadanos depende cada vez más de la capacidad de servicio y de la capacidad de gestionar servicios y recursos desde la cercanía de los gobiernos locales. Los problemas de la gente requieren sin duda planteamientos globales que busquen salidas estructurales a un capitalismo enfermo de sus propias dinámicas, pero requieren asimismo políticas pensadas y gestionadas desde la proximidad, con mecanismos y estilos de gobierno y gestión participativos.

En definitiva, necesitamos alcaldes y ciudades comprometidos con la solidaridad. Sin gobiernos y comunidades locales más fuertes no aseguraremos salidas a la crisis que consigan que sus costes sean los menos dramáticos posibles y que la nueva era pueda hacerse sobre nuevas bases de compromiso y responsabilidad compartida.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la UAB.