El catalán y la Constitución: todo en juego

Algunos altavoces estridentes vienen propagando una supuesta posición de desventaja del castellano en Cataluña. Cualquier observador ecuánime sobre el terreno sabe que ello no se corresponde con la realidad. Aunque también es cierto que las mentiras, debidamente repetidas, son tomadas por verdades y resultan muy eficaces a los fines perseguidos. Por ello, es importante recelar de las sobreactuaciones y tratar de desvelar lo que esconden. Más aún cuando los estados de opinión que intentan generar pueden incidir en algunas decisiones difícilmente reversibles, como ocurre ahora mismo en el compás de espera de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto.

Todas las mediciones y encuestas -académicas, periodísticas o gubernamentales- ponen de manifiesto lo mismo: la inercia predominante del castellano y la dificultad del catalán por recuperar terreno. Por otro lado, es evidente que la finalidad real de las desinformaciones divulgadas no es otra que deslegitimar la interpretación constitucional que ha primado hasta hoy y promover otra de signo inverso, que condenaría al catalán a una posición de inferioridad legal insalvable.

La propaganda sobre la "desventaja" del castellano busca legitimar una regresión constitucional

Veamos. Cuando los constituyentes catalanes asumieron que la lengua catalana sería oficial en Cataluña, como el castellano lo sería en toda España, entendieron que ello comportaba para la lengua catalana, como ocurría con la oficialidad de la lengua castellana, "el deber de conocerla y el derecho de usarla", con lo cual se establecía la equiparación jurídica de ambas en Cataluña.

Sobre esta base, se construyó el modelo lingüístico catalán, mediante el cual se ha garantizado hasta ahora que todos los alumnos acaben sus estudios obligatorios dominando ambas lenguas, con mecanismos de atención en "la lengua habitual" de quienes lo solicitan, pero sin que ello divida a la población escolar por razón de lengua y garantizandoque toda la población escolar, sea cual fuere la realidad sociolingüística de partida, pueda progresar hacia el pleno dominio del catalán como del castellano. Un modelo que ha obtenido un amplio consenso social en Cataluña y que ha sido ensalzado por los máximos expertos en el plano internacional.

Este modelo trataba de servir a dos finalidades fundamentales, vitales, para Cataluña, contra las cuales no había pacto constituyente posible. Por una parte, trataba de recuperar al catalán del grave intento de liquidación de que había sido objeto desde el siglo XVIII y muy especialmente durante el franquismo, objetivo que, a pesar de los avances conseguidos, queda todavía lejos. Y, por otra parte, trataba de establecer una condición clave para la convivencia y la unidad civil del pueblo catalán: la "escuela común", frente a la hipótesis de una doble red escolar que segregara a los alumnos por razón de lengua. Al respecto, merece la pena señalar que, en un principio, no había consenso en el Parlamento catalán. Alianza Popular estaba por lo segundo, y también lo estaba un cierto "nacionalismo catalán" deseoso de escuelas sólo en catalán, sin mácula de castellano. Una vez más, los extremos se tocaron. Fue la posición del socialismo catalán y del entonces PSUC la que forzó el establecimiento de la "escuela común" en la ley de la lengua de 1983, asumida finalmente por una amplísima mayoría de la Cámara.

En el Estatuto catalán de 1979 se había explicitado ya la mencionada interpretación constitucional: "La Generalitat garantizará el uso normal y oficial de ambos idiomas, tomará las medidas necesarias para asegurar su conocimiento y creará las condiciones que permitan llegar a su igualdad plena en cuanto a los derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña". Se trataba del "deber de conocer y el derecho de usar" constitucional, referido ahora de manera explícita a las dos lenguas, esa condición que les confería igualdad jurídica en Cataluña y que tenía que ser decisiva contra la doble red escolar y en favor de la voluntad integradora de la inmensa mayoría de los ciudadanos de Cataluña, de nacimiento como de opción. El Estatuto de 2006 ha redundado en la misma dirección, de manera más clara si cabe. Dice sobre las dos lenguas que "los ciudadanos de Cataluña tienen el derecho y el deber de conocerlas. (...) No puede haber discriminación por el uso de cualquiera de ambas lenguas".

La propaganda sobre la supuesta posición de inferioridad del castellano en Cataluña trata, en realidad, de legitimar una interpretación constitucional regresiva, que refiera "el deber de conocer" exclusivamente al castellano, rompiendo la equiparación legal de ambas lenguas en Cataluña. Es decir, propugnando una juridicidad de "nueva planta" que sitúe al castellano en posición de privilegio legal frente al catalán. De ese modo, siendo que la oficialidad del catalán no supondría deber alguno de conocerlo, podría enmendarse finalmente el camino andado y propiciar escuelas sólo en castellano (única lengua obligatoria), panacea ésta del neo-lerouxismo siempre latente y hasta ahora fracasado.

Semejante deriva no atentaría sólo contra el Estatuto de 2006, sino contra el Estatuto de 1979 y contra el espíritu de los constituyentes catalanes de 1978, sobre cuya base se ha construido el modelo lingüístico vigente durante 30 años. Y, con ello, se derrumbaría la pared maestra que fundamenta la recuperación del catalán y la unidad civil del pueblo de Cataluña. Ni más ni menos.

Jordi Font es director de l'Institut del Teatre de Barcelona y ha sido secretario de Cultura del PSC.