Vía penal contra ANV

Es difícil hacer creer, y desde luego habría que demostrarlo, que el órgano jurisdiccional que más profundamente ha investigado el conglomerado etarra y que más viene haciendo, tras la sentencia de ilegalización de Batasuna, por mantener a raya a esta formación -el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, del que es titular el juez Garzón- se ha convertido de la noche a la mañana en una instancia complaciente o al menos equívoca frente al terrorismo. Sin embargo, es el mensaje que transmiten el Partido Popular y su entorno mediático tras la decisión de Garzón de no acceder a la suspensión cautelar de las actividades de Acción Nacionalista Vasca (ANV), una de las posibles vías de la ilegalizada Batasuna para concurrir a las elecciones municipales.

La suspensión de ANV, un partido legal situado en la llamada izquierda abertzale pero contrario a la violencia, fue solicitada a Garzón por la Asociación Dignidad y Justicia en el marco del proceso penal abierto en 2002 a los antiguos dirigentes de Batasuna por supuesta integración en ETA. Pero los argumentos dados por el juez muestran que la vía penal no es la adecuada para hacer frente a la posible instrumentación de ANV por Batasuna y que los demandantes debieron pensárselo dos veces antes de iniciarla. El Código Penal sólo contempla la disolución o suspensión de un partido como efecto de las conductas delictivas de sus dirigentes. En el caso de ANV falta, pues, el requisito fundamental: la incriminación de sus responsables como integrantes de ETA, como ha sucedido con los de Batasuna.

Garzón señala que ningún dirigente de ANV está incriminado por pertenencia a la banda, es miembro o responsable de Batasuna ni tiene vínculos orgánicos con el complejo asociativo liderado por ETA. No es contradictorio con esta decisión que al mismo tiempo haya decretado la prisión provisional incondicional como supuesto integrante de ETA / Segi / Batasuna de Jorge Murillo, al que se acusa de confeccionar listas de candidatos de ANV en Navarra. La vía de la Ley de Partidos Políticos está abierta, como señala el juez, en el caso de que ANV se preste a dar cobijo a listas de Batasuna o actúe de modo que deba plantearse su ilegalización ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo.

A los intentos de Batasuna de burlar la ley hay que aplicar la ley, pero no más que la ley, como da a entender el PP, con el riesgo de llevarse por delante el derecho a la participación política de grupos o personas que no lo tienen suspendido y que no está demostrado que actúen bajo el dictado de ETA-Batasuna.