Mezcla empobrecedora

Hace décadas que en Estados Unidos se bautizó como "índice de miseria" la suma de la tasa de paro y la de inflación. Este índice con el que la economía española concluye el año es el mayor desde el inicio de la crisis, hace más de tres años, y expresa el fracaso de las políticas económicas. A la ausencia de crecimiento se suma el contingente más elevado de españoles registrados como desempleados desde que existen datos estadísticos, y una tasa de inflación inquietante que nada tiene que ver con la anémica demanda interna. Los operadores en los mercados de deuda pública, por su parte, siguen manteniendo a los bonos españoles con una prima de riesgo elevada, alejada de la normalidad.

La transición desde tasas muy moderadas de variación de los precios, incluso de contracciones en el IPC, a tasas interanuales cercanas al 3%, como la aportada en diciembre, es una señal adversa. A los temores deflacionistas suceden los derivados de la coexistencia entre estancamiento e inflación, la temida estanflación.

Como era previsible, la elevación de los impuestos indirectos (IVA, tabacos, etcétera), el encarecimiento de los carburantes y de las tarifas de algunos servicios públicos han sido los principales responsables de ese 2,9% en que ha quedado la inflación general. La principal consecuencia de ese repunte en los precios es la erosión adicional de poder adquisitivo de las personas con las rentas más bajas. El encarecimiento de la cesta de la compra coexiste con la congelación de la revisión salarial en un buen número de trabajadores con convenio, la eliminación de los 426 euros de subsidio a los parados de larga duración o la continua caída en el valor de la vivienda, la principal manifestación del patrimonio de mucho españoles.

Al indicador de inflación ha acompañado el del paro registrado en diciembre. A pesar de la caída en 10.221 personas (la primera reducción en un diciembre desde que se inició la crisis), la cifra total es la mayor desde que se empezó a elaborar la serie. La afiliación a la Seguridad Social no deja margen a la interpretación favorable: los 27.728 cotizantes menos de diciembre son un eslabón más en la cadena de cinco meses consecutivos de caída.

Pocos paliativos pueden compensar el más grave desequilibrio que exhibe la economía española. Es probable que los próximos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), los del cuarto trimestre, ilustren el deterioro adicional en el mercado de trabajo al final de 2010. Es también probable que en los próximos meses continúe la destrucción de empleo, la pérdida de renta de los españoles con menor capacidad defensiva y, por tanto, la renta por habitante. La mezcla empobrecedora de altas tasas de paro e inflación creciente tampoco favorece la restauración de la solvencia de empresas y familias, los titulares del mayor volumen de deuda y los que determinan la salud del sistema bancario español. La única vía para superar esta situación es el crecimiento, un reto que las políticas económicas no han logrado generar en España.