Laicidad equívoca

La vicepresidenta Fernández de la Vega presentó anteayer en el Congreso las prioridades del nuevo Ejecutivo para la legislatura que comienza, entre las que destacó "avanzar en la condición de laicidad que la Constitución otorga a nuestro Estado". Fernández de la Vega concretó en parte este objetivo al anunciar una reforma de la Ley de Libertad Religiosa. El Gobierno ha corregido, así, el programa que el Partido Socialista presentó en las últimas elecciones, del que retiró a última hora el compromiso de reformar esta norma, vigente desde 1980.

Es una buena noticia que, tras los vaivenes de la legislatura anterior, el Gobierno haya decidido desarrollar el mandato constitucional sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Pero sorprende que el camino escogido sea la reforma de la Ley de Libertad Religiosa y no, por el contrario, la revisión de los acuerdos con la Santa Sede de 1979. Aunque el Ejecutivo tendrá que especificar en su momento los aspectos que se propone reformar, los problemas surgidos desde que la ley entró en vigor no derivan tanto de su articulado como de la aplicación que han hecho los sucesivos Gobiernos, siempre favorable a la Iglesia católica, hasta consolidarla en una situación de privilegio frente a las demás confesiones.

A pesar de que la ley exige inscribir las iglesias o las comunidades en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, la jerarquía católica no ha cumplimentado este requisito, en abierto desafío al Estado. Su presencia en establecimientos públicos militares, hospitalarios, asistenciales o penitenciarios es prácticamente general, mientras que es nula o escasa la de otras confesiones. El sistema de conciertos le ha permitido, por otro lado, controlar un importante porcentaje del sistema educativo. Y las diferencias en materia de financiación van desde los 4.000 millones de euros que recibe la Iglesia católica a los cinco que reciben los otros credos. El acuerdo por el que se rigen éstos data de 1992 y, a diferencia del que regula las relaciones con la Iglesia católica, no hay dudas sobre su constitucionalidad. Las confesiones minoritarias han expresado reiteradas quejas sobre los incumplimientos de los acuerdos de 1992 por parte del Estado.

Al manifestar su intención de reformar la ley pero omitir cualquier mención a los acuerdos de 1979, que han sido hasta ahora el principal obstáculo a la separación entre la religión y el Estado establecida por la Constitución, el Gobierno transmite una impresión equívoca. No se sabe a ciencia cierta si lo que pretende es reconsiderar la situación de privilegio de la Iglesia católica o, por el contrario, generalizar algunos de sus extremos al resto de las confesiones, por ejemplo, aumentando la financiación o concediéndoles más espacio en la educación.

Hasta que el Gobierno se pronuncie sobre el futuro de los acuerdos con la Santa Sede, no se podrá conocer lo lejos que se propone llegar en esta materia.