Jubilar a Garzón por investigar crímenes

La sombra de la dictadura de Franco es alargada. No resulta fácil olvidar ese periodo prolongado de autoritarismo, sus miles de asesinatos, sus humillaciones, torturas y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Pero, precisamente por esas mismas razones, hay también muchas personas que no quieren que se recuerde.

El proceso para suspender de sus funciones al juez Baltasar Garzón es la última proyección oscura que el franquismo nos lanza más de 30 años después de su muerte oficial. Dicen que Garzón tiene pocos amigos en el Consejo General del Poder Judicial, cuya Comisión Permanente es la que ha acordado por unanimidad iniciar los trámites para esa suspensión; que algunos no le perdonan sacar a la luz los trapos sucios del caso Gürtel; y que otros tienen con él viejas disputas que saldar. Pero todo comenzó, recordémoslo, cuando en mayo del año pasado el Tribunal Supremo admitió a trámite una querella contra Garzón por asumir la investigación de los crímenes del franquismo.

El proceso contra el juez es la última proyección oscura que nos lanza el franquismo

La democracia española y sus principales instituciones tienen un serio problema con las historias y recuerdos que afloran de la República, de la Guerra Civil y de la dictadura. Y todo se resume en un déficit de educación democrática y, como consecuencia de él, en la persistencia en el falseamiento de la historia, en no haber sabido poner en marcha políticas públicas de memoria para aprender de ese pasado.

Aprender, por ejemplo, de la Segunda República, un régimen sobre el que se pueden hacer diferentes valoraciones, pero que, en cualquiera de los casos, y comparado con lo que siguió, merece un puesto de honor en la historia de la política del siglo XX español. Nunca lo creyeron así los políticos de la Transición y nadie desde los poderes de la democracia actual se atreve a defenderla, pese a que España fue durante cinco años, el tiempo que los militares golpistas permitieron, una República parlamentaria y constitucional, con elecciones libres, sufragio universal y gobiernos responsables ante las Cortes. Casi nadie recuerda a sus dirigentes, muertos la mayoría de ellos en el exilio, a quienes presidieron sus instituciones, hicieron sus leyes y dieron el voto a todos los ciudadanos, incluidas las mujeres.

España comenzó los años treinta con una República y acabó la década sumida en una dictadura derechista y autoritaria. El discurso del orden, de la patria y de la religión, se impuso al de la democracia, la república y la revolución. La larga dictadura de Franco, que mató, encarceló, torturó y humilló hasta el final, durante cuatro décadas, a los vencidos, resistentes y disidentes, culpó a la República y a sus principales protagonistas de haber causado la guerra, manchó su memoria y con ese recuerdo negativo crecieron millones de españoles en las escuelas nacionales y católicas. Nada hizo la transición a la democracia por recuperar su lado más positivo, el de sus leyes, reformas, sueños y esperanzas, metiendo en un mismo saco a la República, la guerra y la dictadura, un pasado trágico que convenía olvidar.

Bastaron, sin embargo, tres años de guerra para que la sociedad española padeciera una oleada de violencia y desprecio por la vida del otro, por la deshumanización del contrario, sin precedentes. Por mucho que se hable de la violencia que precedió a la Guerra Civil, para tratar de justificar su estallido, está claro que en la historia del siglo XX español hubo un antes y un después del golpe de Estado de julio de 1936. Además, tras el final de la Guerra Civil en 1939, lo que se instaló en España durante mucho tiempo fue una historia de propaganda, mentiras, intimidación y crimen.

El juez Baltasar Garzón pidió investigar las circunstancias de la muerte y el paradero de decenas de miles de víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura de Franco, abandonadas muchas de ellas por sus asesinos en las cunetas de las carreteras, junto a las tapias de los cementerios, enterradas en fosas comunes, asesinadas sin procedimientos judiciales ni garantías previas. Como los poderes políticos nunca tomaron en serio el reconocimiento jurídico y político de esas víctimas, fue un juez quien tomó la iniciativa, el mismo, por cierto, que actuó contra los GAL, envió a prisión a cientos de terroristas de ETA u ordenó el arresto de Augusto Pinochet.

En vez de permitir que ese pasado de degradación y asesinato político se investigue, de intentar comprender y explicar por qué ocurrió, condenarlo y aprender de él, un sector de jueces, de políticos y medios de comunicación se muestran encantados con la idea de sentar en el banquillo a Baltasar Garzón, inhabilitarlo durante el tiempo suficiente para darle la jubilación.

La posible inhabilitación de Garzón no hará desaparecer el recuerdo, el verdadero rostro de esa dictadura asesina, porque nadie ha encontrado todavía la fórmula para borrar los pasados de tortura y muerte, que vuelven una y otra vez. Servirá para demostrar, eso sí, la indiferencia y desprecio que algunos poderes siguen mostrando desde la democracia hacia la causa de esas víctimas y de todos aquellos que quieren honrarlas.

Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.