Emergencia urbanística

La corrupción urbanística que se está destapando en los municipios españoles amenaza con contaminar a algunos Gobiernos autónomos, renuentes a sancionar las tropelías inmobiliarias de los ayuntamientos de su mismo color político. Al caso del Gobierno balear, del PP, viene ahora a sumarse la sospecha que recae sobre la presidencia autonómica canaria. En Baleares, parece que el Gobierno arrastró los pies durante diez meses antes de trasladar a la fiscalía una denuncia de agentes forestales por construcciones ilegales en una zona protegida de Andratx, punto fatal de la marea negra inmobiliaria. Todo suscita el irremediable temor de que las barreras que pueden oponerse a la corrupción son muy débiles. Los municipios obtienen financiación abundante de la especulación inmobiliaria, que benefician a los partidos o a los propios alcaldes, concejales o servidores públicos que envilecen la administración municipal. No es muy alentador ver a los responsables políticos autonómicos o nacionales cuyos ayuntamientos están implicados en casos de fraude urbanístico escudarse en distinciones jurídicas para no actuar con dureza.

La proximidad de las elecciones municipales y autonómicas suscita la sospecha de que la eclosión de los casos de corrupción inmobiliaria que salpican al PP y al PSOE sea un instrumento táctico más para debilitar las posiciones del adversario y que, por tanto, después de las elecciones la persecución policial y judicial de los escándalos urbanísticos se relegue a la trastienda de la política. Si los grandes partidos políticos, con responsabilidades autonómicas y municipales significativas, desean reducir la corrupción en los municipios están obligados a pactar una estrategia que incluya cambios legales profundos -modificación de la ley de financiación de los partidos, control de la propiedad del suelo de los ayuntamientos, nuevas fuentes de financiación municipal-, una Administración de justicia volcada en la persecución de los delitos inmobiliarios, incluida la información privilegiada, y códigos de conducta que transmitan confianza a los ciudadanos. Es desde luego deplorable que imputados en escándalos urbanísticos sean aun candidatos en las próximas elecciones, como sucede con varios casos del PP. Los votantes deberían hacer pagar semejante torpeza al partido que la cometa.

Nunca se ponderará lo suficiente el papel que pueden jugar los controles internos de los ayuntamientos en esta batalla contra la recalificación desmesurada, los bloques de viviendas sin urbanizar y el pelotazo sobre suelo protegido. Debe reforzarse la independencia de los interventores municipales, sometidos hoy a la arbitrariedad de las decisiones de alcaldes o comisiones municipales que pueden sentirse afectadas por su fiscalización. La actual disposición adicional segunda del Estatuto de la Función Pública no parece ir por este camino. La corrupción urbanística ha llegado a extremos que sólo puede ser combatida con planes de emergencia. La mejor demostración de que los partidos se toman en serio esta lacra sería que acordasen un plan de acciones legales y políticas contra ella.