Dilema constitucional

El debate del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, ya en su recta final, se decanta cada vez más nítidamente hacia una sentencia adversa para esta norma. Así lo indica el consenso de los 10 magistrados para excluir del Preámbulo la tácita alusión a Cataluña como "nación" y podar del Título Preliminar las referencias a los "símbolos nacionales" y los "derechos históricos", así como la conformación de una cada vez más sólida mayoría que aprecia tachas de inconstitucionalidad en al menos 40 de los 126 artículos impugnados, hace ya tres años, por el PP. El curso que han tomado las deliberaciones permite presagiar que la vieja aspiración de que el alto tribunal dictase una sentencia salomónica, sin vencedores ni vencidos, ha quedado definitivamente arrumbada. Si los aspectos identitarios del texto -por emocionales, menos objetivables que los de orden com-petencial- no superan el cedazo constitucional, la letra pequeña de la sentencia pasará inadvertida para muchos. La mayoría de los catalanes acogerá el fallo como una derrota de Cataluña; y el PP, como una victoria en toda regla.

Sólo desde una falsa ingenuidad se puede pretender que el Constitucional es un órgano jurisdiccional inmune a la política. Primero, porque sus integrantes son designados por los dos grandes partidos, que articulan las mayorías parlamentarias precisas para los nombramientos preservando sus respectivas cuotas. Segundo, porque le corresponde arbitrar entre los poderes públicos, incluidos los principales grupos parlamentarios. Y tercero, porque la jurisdicción ordinaria se limita a aplicar las leyes, mientras que la misión del Constitucional, como sumo intérprete de la Ley Fundamental, es velar por que el legislador la respete en su letra y en su espíritu. Si política es su función, políticos son también los efectos de sus sentencias. Y mucho de lo que las rodea.

A la campaña del PP contra el Estatuto, cuñas radiofónicas y recogida de firmas incluidas, le siguió, una vez interpuesto el recurso, una guerra de recusaciones que dejó en la cuneta a un juez del bloque progresista en teoría proclive a la constitucionalidad del texto. Tampoco es ajeno a la política el hecho de que PSOE y PP no hayan sustituido a los cuatro magistrados cuyo mandato expiró en 2007, ni al fallecido Roberto García-Calvo.

Con estos precedentes, es obvio que la sentencia del Estatuto, al parecer inminente, tendrá por fuerza efectos políticos. El primero será la radicalización de CiU, que, en pugna con ERC, esgrimirá el varapalo para completar su tránsito del moderantismo al soberanismo. Pero el más profundo será el apuntado ayer por el presidente de la Generalitat, José Montilla: una lectura restrictiva de la Constitución, ajena a su espíritu integrador, debilitaría a la legión de catalanes que quieren sentirse cómodos en una España que reconozca su pluralidad. Agravar el problema catalán o encauzarlo. Ése es el dilema que afronta el Constitucional.