Deriva antisocial

Los ministros de Empleo y Asuntos Sociales de la UE marcaron ayer una jornada fúnebre en el calendario del derecho de los trabajadores y en el del modelo social europeo, el que ha dado solidez al bloque de países más próspero y equitativo del mundo. Al aprobar una directiva que permite extender hasta 60 horas (y en casos específicos, como los médicos, hasta 65) la jornada semanal, los ministros acabaron con la conquista de las 48 horas, obtenida en 1917, tras años de combates sindicales desde la revuelta de Chicago de 1886.

Esta grave deriva antisocial ha sido posible por el cambio de signo en los Gobiernos de Francia e Italia. La derecha en el poder en esos países ha modificado su oposición a la directiva (oposición compartida por España), que ahora ha obtenido así una fácil mayoría. La responsabilidad es de los Gobiernos, más que de las instituciones comunitarias. Por más que el comisario del ramo, el checo Vladímir Spidla, se haya regocijado cínicamente, augurando que con la nueva norma se crearán "mejores condiciones para todos los trabajadores".

Radicalmente falso. La directiva consagra la completa libertad de elección del trabajador, individualmente considerado, para negociar su jornada. Pero es una libertad teórica, porque al suprimir en ese decisivo aspecto la negociación colectiva, rompe un equilibrio esencial del modelo, y en la práctica aboca a los trabajadores a asumir cualesquiera exigencia de los empleadores. En materia de jornada, pues, la directiva procede al inicio de la demolición del derecho laboral que sustentaba la paz social registrada durante decenios en Europa.

Es cierto que la norma sólo permite y no impone la jornada de 60-65 horas. De modo que en los países más sensibles a los derechos sociales, como el nuestro, no se pondrá en marcha. Pero su aplicación en otros Estados miembros no será inocua, porque esta desarmonización modificará artificialmente los costes laborales unitarios y se convertirá automáticamente en una poderosa palanca de deslocalización industrial.

Gobiernos de socios antiguos y nuevos aprovechan la ampliación al Este para importar algunas de las peores características ultraliberales de su capitalismo salvaje. La prueba de esta deriva, además de la polémica directiva de ayer, está en la jurisprudencia del Tribunal comunitario de 2007 y 2008. Tres de sus últimas sentencias (Laval un Partneri, Viking Line y Dirk Rüffert) rompen los equilibrios que existían entre el derecho de establecimiento y el de huelga; entre aquél y los convenios colectivos o las normas de contratación pública; y priman las peores condiciones laborales de los países de origen sobre las de los países de acogida a inmigrantes comunitarios. Es el mismo tribunal que avaló en su día la expansión de las normas más progresistas, adoptando para toda la UE la igualdad de género para consagrar la igualdad de salario en caso de un trabajo igual.